Algunos contratistas utilizan prácticas fraudulentas como la subestimación de contratos o la manipulación de facturas para reducir su carga tributaria.

El caso involucraba el uso de facturas falsas para reducir artificialmente la base imponible y evitar el pago de impuestos. Se detectaron múltiples empresas involucradas en la emisión de facturas falsas, y la SAT realizó auditorías y requerimientos de información para identificar y sancionar a los evasores.

Funcionarios de la SAT estaban implicados en un esquema de sobornos donde empresarios pagaban comisiones para obtener beneficios fiscales, como la reducción de impuestos o la exención de multas. Este caso de evasión y corrupción afectó gravemente la recaudación de impuestos y la confianza pública en las instituciones fiscales.

La fiscalía confirmó también que la empresa pagó el monto de los impuestos evadidos más una multa del 100% y los intereses generados.

Aceros de Guatemala tenia seis querellas penales por los delitos de simulación de compra de chatarra y falsificación de sellos bancarios y formularios que permitieron la evasión durante tres años.

Según la ley guatemalteca, las multas por evasión fiscal son la devolución de lo evadido más el 100% y se deben de pagar los intereses generados. Las autoridades calcularon que la recuperación es de por lo menos 100 millones de dólares.

“Es un caso histórico”, dijo Juan Francisco Solórzano, superintendente de Administración Tributaria. “Es el cobro y reposición de impuestos más grande que se ha registrado”.

Acompañado de sus cinco intendentes, Marco Livio Díaz pidió a las cámaras empresariales, la sociedad civil, los tanques de pensamiento y las élites intelectuales de Guatemala condenar el caso de corrupción que estaba a punto de detallar ante la prensa la mañana de este miércoles 14 de agosto.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lo nombró «B410»: una red de 410 compañías, muchas con sede en la colonia Banvi en la zona 7 capitalina, que habrían evadido pagar Q300 millones en impuestos durante los últimos tres años de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei.

«No podemos construir un país donde se apropian de los impuestos, donde la trampa y el robo privilegian los contratos», declaró el superintendente Díaz en la sede central de la SAT.

Según el fisco, a lo largo de los tres años el entramado de empresas solo pagó Q26.9 millones en tributos ―entre Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre el Valor de la Renta (ISR)― de los más de Q5 mil 730 millones que facturó en el mismo período. En otras palabras, por cada millar de quetzales, solo abonó el 0.004% de los impuestos.

De las ventas que la red empresarial reportó de 2021 a 2023, Q2 mil 186 millones corresponden a negocios que las compañías realizaron con otras del mismo grupo, mientras que Q3 mil 544 millones corresponden a negocios que cerraron con entidades ajenas a la estructura.

En 2024, con Bernardo Arévalo en el poder, la SAT encontró que la estructura facturó otros Q714 millones, aunque aún no ha identificado si en este período también incurrió en evasión tributaria. Con este monto, la estructura «B410» logró llevar a su bolsa Q6 mil 400 millones.

De acuerdo con el superintendente Marco Livio Díaz, en 2021 se facturó Q160. 8 millones a favor de difuntos; en 2022, Q454 millones, y en 2023, Q146 millones, ante lo cual, aseguró, se procederá con la cancelación de los Números de Identificación Tributaria (NIT) para evitar que se emitan facturas. 

“Se dará una prórroga de 60 días para que los usuarios normalicen su situación, debido a que no hay un sucesor o albacea de los bienes, por lo que, posteriormente, se procederá a desactivar los respectivos NIT”, indicó.

“Después de 60 días se procederá a desactivar el NIT.”  Marco Livio Díaz Jefe de la SAT

En tanto, evidenció que las inconsistencias detectadas por parte de los 1782 auxiliares de la función pública, que integran a los transportistas, van de las declaraciones presentadas con valor cero, costo y crédito fiscal reportados por importaciones a nombre de terceros, transferencias del código de autorización a otros y constancias de adquisición de insumos recibidas.

Asimismo, compras superiores a los ingresos reportados, montos elevados notificados como gastos generales, omisión de ingresos por no facturar, entre otros, son patrones de comportamiento repetitivos. Díaz puntualizó que las acciones se derivan del análisis de la información obtenida de los tableros implementados por la SAT y apoyo del Registro Nacional de las Personas (Renap).

En relación con 2022, hubo un incremento de 809 avisos. El valor de los movimientos avisados se duplicó, al sumar 8 mil 203.4 millones contra los 3 mil 906.8 en 2022, o sea 4 mil 296.6 millones más (109.9 por ciento).

En 2024, los movimientos mantienen un esquema parecido. A agosto de este año, la IVE había recibido 4 mil 099 reportes, por lo que, al cierre del año, los números podrían ser similares o mayores a los del año pasado.

Además del sistema financiero, hay una extensa lista de sociedades o de personas jurídicas obligadas a reportar transacciones que consideren anormales, de acuerdo con  parámetros que la misma legislación establece, explicó Jorge Sánchez, funcionario de la SIB. Posteriormente, la Intendencia, luego de hacer un análisis e investigación técnica, establece si amerita presentar las denuncias correspondientes ante el MP.

El valor de los reportes

De acuerdo con la SIB, en el presente año, el monto del dinero que supuestamente proviene de actividades ilegales y denunciado ante la IVE asciende a 5 mil 876.4 millones. 

En cuanto a los informes de extinción de dominio de bienes aparentemente adquiridos con recursos de dudoso origen, este año se reportan 32, contra 21 y 19 en 2022 y 2023, respectivamente. 

Sobre los montos de las propiedades  por extinguir, estos se han elevado. En 2022 fueron por 89.9 millones de quetzales; en 2023, 309.5 millones de quetzales, y en 2024, 304.5 millones, precisa el reporte de la Superintendencia.

Denuncias en el MP

(millones de quetzales)

2021 – 6 mil 134.0
2022 – 3 mil 906.8
2023 – 8 mil 203.8
2024 – 5 mil 876.4*
* A agosto

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, logró con base en las pruebas presentadas que el Tribunal de Sentencia Penal en Materia Tributaria y Aduanera dicte condenas de 3 a 17 años de cárcel contra tres personas.

Julio César Emmanuel Miranda González purgará 17 años de prisión por los delitos de casos especiales de defraudación aduanera en delito continuado, lavado de dinero u otros activos y violación a los derechos de propiedad industrial. Por este último delito también se le impuso Q50 mil de multa.

Eladio Tzun Sapón recibió 13 años de cárcel por los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y lavado de dinero u otros activos, y Carlos Alberto Gudiel Marín (extrabajador de la SAT), fue sentenciado a tres años por incumplimiento de deberes.

Tras la denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2017, el Ministerio Público estableció en la investigación que los ahora sentenciados evadieron los controles de la Aduana Pedro de Alvarado.

Estos realizaron importaciones por medio de entidades de fachada o de cartón sin hacer el procedimiento de despacho aduanero vigente. Asimismo, se estableció que pusieron en práctica cuatro maneras distintas de evadir los controles:

1. Modalidad FLY: ingreso de mercancías a territorio guatemalteco sin pagar impuestos ni dejar registro en los controles informáticos de la SAT.

2. Modalidad endosos falsos: consistía en utilizar empresas de cartón o de fachada para importar mercancías y transferir la propiedad de estas a otras empresas de cartón para evadir pago de impuestos.

3. Modalidad subvaloración de mercancías: utilizaban facturas alteradas, en las cuales consignaban valores menores a los reales de las mercancías.

4. Modalidad maquila: utilizaban el régimen de la maquila para ingresar mercancías terminadas, declarando estas como materia prima.

Para estas actividades ilícitas se estableció la participación de técnicos de aduanas, empresarios y gestores aduaneros.

Guatemala, 5 de octubre de 2022