Si los seres humanos comienzan a crear conciencia e implementan medidas de conservación ambiental para el cuidado y la conservación de los recursos hídricos, las consecuencias de la actividad humana y la calidad del agua se verán impactadas de manera positiva. Por otro lado, si esto no ocurre a la brevedad, el resultado se verá desde impactos en el deterioro de los ecosistemas acuáticos hasta la escasez de agua y la proliferación de enfermedades por la contaminación de este recurso esencial para la supervivencia humana.

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.