El juez de primera instancia decidió negar la protección solicitada por el actor, ya que que la sociedad accionada había respetado todas las garantías constitucionales, legales y convencionales en la diligencia de descargos y el proceso disciplinario adelantado. El juez de segunda instancia revocó la decisión anterior y, concedió la protección de los derechos fundamentales del actor, en forma transitoria, con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

 

Un hombre fue despedido en Orléans, Francia por haber inundado el baño de su empleador. 

https://www.doctrine.fr/d/CA/Orleans/2011/R24E62C8081EE858AA7E5#decision-table-of-contents-4

La trabajadora inició acción de tutela contra en banco Colpatria para el amparo de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad y a la seguridad social que se habrían vulnerado con el despido al interrumpir su afiliación a la EPS. El banco Colpatria contestó señalando la improcedencia del amparo constitucional al indicar que la accionante contaba con alternativas como era su afiliación al régimen contributivo como independiente o al subsidiado, según las circunstancias. También señaló que la desvinculación se produjo, no por el estado de salud de la empleada, sino porque no cumplía con las expectativas previstas para el cargo. Lo cual se verificó y evaluó durante el período de prueba.

Fuente:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-978-04.htm

Dado el antecedente de que el caso ya había sido estudiado por el comité de libertad sindical de la OIT, donde se emitió una recomendación al Gobierno de reintegrar a los trabajadores a sus puestos de trabajo puesto que bajo el criterio de esta organización la huelga si contaba con amplia sustentación legal y por ende el despido correspondería a un hecho injusto. Los trabajadores, decidieron utilizar el mecanismo de tutela en la medida en la que consideraban que “Colombia está obligada, en virtud de su calidad de Estado parte del Tratado Constitutivo de la OIT, a acatar las recomendaciones del Consejo de Administración” y por ende, a acatar las recomendaciones interpuestas por el comité de libertas sindical. 

Una vez el casó arriba a la Corte constitucional, se evalúan los hechos y se establece que en virtud de los convenios Num. 87 y 98, así como la recomendación del comité de libertad sindical, Colombia estaría incurriendo en una violación de la constitución nacional al no apegarse a estos mandatos en materia de derecho laboral. Sobre esta base, la Corte declaró los despidos nulos y el reintegro de los trabajadores despedidos así como el reconocimiento de los salarios y prestaciones que dejaron de percibir.