a) sus obligaciones convencionales; b) los intereses y derechos del Estado ribereño que se estipulan en la presente Convención, y c) las disposiciones sobre la conservación de los recursos vivos de la alta mar que figuran en los artículos siguientes.

2. Los Estados tendrán la obligación de adoptar o de colaborar con otros Estados en la adopción de las medidas que, en relación con sus respectivos nacionales, puedan ser necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar.

2. Si los Estados interesados no pudiesen llegar a un acuerdo dentro de un plazo de doce meses, cualquiera de las partes podrá entablar el procedimiento previsto en el artículo 9.

2. Si los otros Estados no aceptan esas medidas y no puede llegarse a un acuerdo dentro de un plazo de doce meses, cualquiera de las partes interesadas podrá entablar el procedimiento previsto en el artículo 9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10, las medidas adoptadas continuarán en vigor hasta que se dicte la decisión de la comisión especial.

2. El Estado ribereño tiene el derecho de participar, en condiciones de igualdad, en toda organización de estudios y en todo sistema de investigación o de reglamentación, relativo a la conservación de los recursos vivos de la alta mar en dicha zona, aunque sus nacionales no se dediquen a la pesca en ella.

3. El Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca en una zona cualquiera de la alta mar adyacente al mar territorial de un Estado ribereño deberá, a petición del Estado ribereño, entablar negociaciones con objeto de adoptar de común acuerdo las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar en esa zona.

4. El Estado cuyos nacionales se dediquen a la pesca en cualquier zona de la alta mar adyacente al mar territorial de un Estado ribereño, no pondrá en vigor ninguna medida de conservación en dicha zona que se oponga a aquellas que haya adoptado el Estado ribereño, pero podrá entablar negociaciones con el Estado ribereño para adoptar, de común acuerdo, las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar en dicha zona.

5. Si los Estados interesados no llegan a un acuerdo respecto a las medidas de conservación dentro de un plazo de doce meses, cualquiera de las partes podrá entablar el procedimiento previsto en el artículo 9.

2. Para que las medidas que adopte el Estado ribereño en virtud del párrafo precedente puedan surtir efecto respecto de otros Estados, deberán reunir las condiciones siguientes:

a) Que las medidas de conservación respondan a una necesidad urgente, a la luz de los conocimientos que se tengan sobre la pesquería;

b) Que las medidas adoptadas se funden en dictámenes científicos pertinentes;

c) Que dichas medidas no discriminen de hecho ni de derecho contra los pescadores extranjeros.

3. Estas medidas permanecerán en vigor hasta que se solucione, de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta Convención, cualquier litigio que pueda surgir sobre su validez.

4. Si estas medidas no son aceptadas por los demás Estados interesados, cualquiera de las partes podrá entablar el procedimiento establecido en el artículo 9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10, las medidas adoptadas continuarán en vigor hasta que se dicte la decisión de la comisión especial.

5. Cuando la costa pertenezca a varios Estados, se seguirán los principios de delimitación geográfica que se fijan en el artículo 12 de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua.

2. Si no se llega a un acuerdo dentro de un plazo de doce meses, dicho Estado podrá entablar el procedimiento previsto en el artículo 9.

2. Los miembros de la comisión, uno de los cuales será nombrado presidente, serán designados de común acuerdo por los Estados partes en el litigio, dentro de los tres meses siguientes a la demanda de arbitraje, conforme a las disposiciones de este artículo. Si no se llega a un acuerdo, serán nombrados a petición de cualquiera de las partes y dentro de los tres meses siguientes, por el secretario general de las Naciones Unidas, previa consulta con los Estados partes en la controversia y con el presidente de la Corte Internacional de Justicia y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de entre personas competentes, nacionales de terceros Estados y especialistas en las cuestiones jurídicas, administrativas y científicas de las pesquerías, según sea la naturaleza del conflicto que haya de resolverse. Las vacantes se cubrirán por el procedimiento se-guido para los primeros nombramientos.

3. Todo Estado parte en cualquier litigio entablado en virtud de estos artículos, podrá designar a uno de sus nacionales para que forme parte de la comisión especial, con derecho a participar plenamente en sus actuaciones en igualdad de condiciones con los miembros de la comisión, pero sin derecho a votar ni a participar en la redacción de la decisión de la comisión.

4. La comisión fijará su propio procedimiento, garantizando a cada una de las partes la posibilidad completa de ser oída y de exponer su caso. También decidirá cómo habrán de ser distribuidas las costas y demás gastos del litigio entre las partes, si éstas no pudieran llegar a un acuerdo a este respecto.

5. La comisión deberá fallar dentro de los cinco meses siguientes a la fecha de su designación, a menos que, en caso necesario, decida ampliar este término tres meses como máximo.

6. Al dictar su fallo, la comisión especial deberá observar lo dispuesto en estos artículos y en todo acuerdo especial que exista entre las partes acerca de la solución de la controversia.

7. La comisión adoptará sus decisiones por mayoría.

a) En los litigios a que dé lugar la aplicación de los artículos 4, 5 y 6 se habrá de determinar:

i) Si las conclusiones científicas demuestran la necesidad de adoptar medidas de conservación;

ii) Si las medidas concretas se basan en conclusiones científicas y son factibles, y

iii) Si las medidas no tienen carácter discriminatorio, de hecho ni de derecho, contra pescadores de otros Estados.

b) En los litigios a que dé lugar la aplicación del artículo 8 se habrá de determinar que las conclusiones científicas demuestren que es indispensable adoptar medidas de conservación o que el programa de conservación responda a las necesidades.

2. La comisión especial podrá decidir que las medidas que sean objeto de discusión no se apliquen hasta que dicte su fallo; pero en el caso de litigios a que dé lugar la aplicación del artículo 7, dichas medidas sólo se suspenderán cuando la comisión, basándose en pruebas prima facie, llegue al convencimiento de que no es necesario aplicar urgentemente tales medidas.

2. Si no se llega a un acuerdo en un plazo prudencial, cualquiera de los Estados de que se trate podrá recurrir de nuevo al procedimiento de arbitraje previsto en el artículo 9, siempre que hayan transcurrido al menos dos años desde que se dictó el fallo anterior.

2. Las pesquerías explotadas mediante dispositivos fijados en el lecho del mar a que se refiere este artículo, son aquellas que utilizan aparejos cuyos elementos de sustentación están fijados en el lecho del mar, construidos en lugar donde se les deja para que funcionen de un modo permanente, o que si se quitan, se les coloca otra vez, al volver la estación, en el mismo lugar.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella, después de haberse depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Un Estado contratante que haya formulado reservas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá anularlas en cualquier momento mediante una comunicación a tal efecto dirigida al secretario general de las Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que corresponda tomar cerca de esa petición.

a) Cuáles son los países que han firmado esta Convención y los que han depositado los instrumentos de ratificación o de adhesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17;

b) En qué fecha entrará en vigor esta Convención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18;

c) Las peticiones de revisión hechas de conformidad con el artículo 20;

d) Las reservas formuladas respecto de esta Convención de conformidad con el artículo 19.

La libertad de pesca.

La libertad de tener cables y tuberías submarinos.

La libertad de volar sobre la alta mar.

Esto es relevante ya que responsabiliza a las naciones por los actos de sus pobladores, definiendo de forma imprecisa el tema de la Responsabilidad Ambiental y la Reparación del Daño

1.- Declaración en que se reconoce el Derecho de los Países que no tienen Litoral Marítimo a Enarbolar un Pabellón, 1921.

2.- Convención y Estatuto General sobre el Régimen Internacional de Puertos Marítimos y Protocolo de Firma, 1923.

3.- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982.

4.- Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, 1958.

5.- Convención sobre la Plataforma Continental, 1958.

6.- Convención sobre la Alta Mar, 1958.

7.- Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, 1980.

8.- Convención sobre el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, 1974.

9.- Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, 1958.

10.- Convenio de las Naciones Unidas sobre las Condiciones de Inscripción de los Buques, 1986.

11.- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 1989.

12.- Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

13.- Protocolo que modifica la Convención sobre la Prescripción y compraventa Internacional de Mercaderías del 14 de junio de 1974.

https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/organizacion-de-las-naciones-unidas-109669

 

Estos medios son los medios optativos que se nos mencionan en el artículo 9 de la convención, pueden incluso resultar más fructíferos que el propio procedimiento que se plantea, pero pueden ser menos precisos al momento de tratar temas de altamar.

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-6

 

Es importante referir este artículo, ya que en la convención se nos dice que puede llegar a usarse su párrafo segundo, siempre y cuando, como se menciona, el estado que haya sido vencido en el litigio planteado en el artículo 9 y 10, no se haga responsable de acatar las estipulaciones de la resolución dictada, y por ende, tenga que ser señalado para que cumpla con lo convenido.

La CITES protege a muchas especies marinas, entre ellas:

Apéndice I. Lobos marinos, rorcuales, ballenas, delfines y marsopas (entre ellas la vaquita marina), cachalotes, manatíes, dugongos, tortugas, esturiones, peces como la Totoaba macdonaldi, y equinodermos como el pepino de mar, además de una gran variedad de aves marinas.

Apéndice II. Focas, ballenas de aleta y ballenas verdaderas, tiburones, tiburones ballena, rayas y mantas, peces sierra y anguilas, así como diversas aves marinas y también corales y anémonas de mar.

Apéndice III. Tortuga marina serpentina, corales rojos, negros y rosados y anémonas de mar. 

Se me hace relevante tocar el tema de la CITES, ya que es un convenio posterior firmado al de la conservación de recursos. De cierta forma ayuda a México a cumplir con lo establecido por el acuerdo de Conservación, ya que es una de las tantas medidas que impide la pesca de ciertas especies animales.

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/especies-de-mar-protegidas-por-la-cites#:~:text=Lobos%20marinos%2C%20rorcuales%2C%20ballenas%2C,gran%20variedad%20de%20aves%20marinas.

Se aplica a todos los buques nacionales de un Estado Contratante, dando preferencia a sus buques a que se dediquen a la pesca en alta mar. 

Algunos Datos