Después de Chihuahua, se señala a Guanajuato con 14 acuíferos sobreexplotados; en Zacatecas se contabilizan 11 sobreexplotados y siete salinizados y en Sonora 11 acuíferos sobreexplotados también, pero ninguno salinizado.

Los niveles de sobreexplotación en acuíferos por municipio se encuentran de la siguiente manera: Ascensión en 45%, * Baja Babícora 48%, Cuauhtémoc 36%, Casas Grandes 11%, El Sauz-Encinillas, con un 11%.

De igual forma se encuentran Chihuahua-Sacramento en 90%, Jiménez-Camargo 43%, Parral-Valle del Verano 18% y Tabalaopa-Aldama, 19%.

En total se contabilizan 653 acuíferos en el país, de los cuales 105 son sobreexplotados y 32 salinizados, es decir con acumulación excesiva de sales, por lo que no es para el consumo humano.

Una solución sostenible puede ser el sistema de presas subterráneas que contrarresta la sobreexplotación de los mantos acuíferos, trabajando bajo la contención del agua bajo la tierra.

Además, en el país existen 5 mil presas tradicionales, 180 concentran el 80% de almacenamiento.

Las presas subterráneas son una alternativa ante la escasez del agua; este sistema permite captar el líquido para el consumo humano y la siembra.

Cabe señalar que desde 2003 se publicó en el DOF la primera versión de disponibilidad de los acuíferos de Chihuahua, y a la fecha todas las concesiones que se han otorgado han sido sin rebasar el volumen disponible para nuevas concesiones.

Según la información de Conagua, los acuíferos, cuyo déficit se menciona como 0.0, significa que el volumen que se ha concesionado ha sido igualado a la recarga natural que año con año reciben estos acuíferos como producto de la infiltración de la lluvia, y el otorgamiento de nuevas concesiones se sujeta a la disponibilidad que se tiene, o en este caso, al que se tenía, (Artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales) y estos acuíferos no fueron impactados por los decretos antes mencionados.

De acuerdo con el documento, la calidad del agua del Bolsón del Hueco es afectada por el alto contenido de sodios, sulfatos, cloruros, hierro, magnesio, arsénico y demás químicos que exceden la norma oficial establecida.

La información se da a conocer en el Atlas de Riesgos Naturales y Atlas de Riesgos Antropogénicos, en el tomo cuatro, donde se establece que el agua para consumo humano en la ciudad y las localidades del municipio proviene de los acuíferos del Bolsón del Hueco y Conejos–Médanos.

Hasta 2012, la extracción total del acuífero del Bolsón del Hueco, en la que incluyen todos los volúmenes de agua concesionada y comprometida, fue calculada en 400 millones de metros cúbicos al año; por lo que, si se toma en cuenta la recarga estimada en 125 millones de metros cúbicos al año, existe un déficit de 86.5 millones en el acuífero, es decir, se está extrayendo agua a costa del almacenamiento no renovable, por lo tanto no existe volumen disponible para nuevas extracciones.

Ante ello, la calidad del agua potable en Ciudad Juárez se ha considerado como de calidad aceptable a mala, puesto que está afectada por el alto contenido de sólidos disueltos totales, sulfatos, sodio, cloruros, hierro, manganeso, arsénico, aluminio, fluoruros y mercurio.

De acuerdo con la explicación que se da, esos parámetros exceden la concentración máxima permisible NOM 127–SSAI en varios posos que actualmente se utilizan para el abastecimiento de la ciudad.

“En algunos sectores de la ciudad como Anapra, el agua suministrada sobrepasa los limites permisibles, siendo los parámetros de sólidos disueltos totales, principalmente de sulfatos, hierro, cloruros y manganeso”, explica el documento.

En cuanto a la calidad del agua potable, se dio a conocer que está dotada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la cual cuenta con un laboratorio de calidad del agua que atiende la medición de diferentes parámetros.

La calidad del agua se evalúa utilizando tres indicadores: la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO), y los sólidos suspendidos totales (SST), para determinar la cantidad de materia orgánica presente en los cuerpos de agua provenientes principalmente de las descargas residuales tanto de origen municipal como no municipal.

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Legislación secundaria

En cuanto a la legislación secundaria, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del Ejecutivo.

La LAN se promulgó en 1992 y su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2016.

Otras leyes secundarias se relacionan también con el tema de agua, como la de cambio climático, la de desarrollo forestal sustentable, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley minera y otras. La Ley Federal de Derechos, por su parte, clasifica las zonas de disponibilidad de agua y determina las tarifas por uso, así como el cobro por descarga de aguas residuales con base en su calidad y la de los cuerpos de agua receptores.

A partir de que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4º constitucional, está pendiente la discusión de la Ley General de Aguas que lo normará.

No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes:

• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.

• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.

• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.

• Las malas condiciones de la infraestructura.

• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana.

• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, sin sanciones.

• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético.

• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas.

Nueva Ley de Aguas en México

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