El fracaso de las negociaciones entre las farc y el Gobierno de Andrés Pastrana y el consiguiente clima adverso contra la solución negociada del conflicto produjeron el triunfo electoral de Álvaro Uribe en el año 2002.

 ORIGEN

Posteriormente, los logros de sus políticas de Defensa y Seguridad Democrática llevaron a su reelección en el 2006. Su propuesta de la recuperación militar del territorio combinaba la profundización de la guerra contra las guerrillas (a las cuales negaba cualquier carácter político e ideológico) con la desmovilización de los paramilitares por medio de unas polémicas negociaciones, cuyos resultados han sido inciertos y desiguales en el territorio nacional. Obviamente, esta negativa a reconocerla existencia de un conflicto interno descartaba de entrada toda posibilidad de diálogos y negociaciones con la guerrilla, considerada un simple grupo de narcoterroristas que atacaba a un Estado plenamente legítimo.

 

 

A partir de este planteamiento, su Gobierno desencadenó la mayor ofensiva política, militar y jurídica contra las guerrillas en la historia del conflicto colombiano. El resultado fue una drástica reducción de la capacidad bélica de las guerrillas colombianas, a veces con costos muy altos que no solo pesaron en los impuestos extraordinarios que pagaron los colombianos, sino también en la institucionalidad democrática. Las presiones y los incentivos por resultados a la Fuerza Pública tuvieron consecuencias perversas, pues desencadenaron comportamientos criminales, como los “falsos positivos”, casos frente a los cuales la Fiscalía llevaba, al 31 de mayo del 2011, 1.486 investigaciones, con 2.701 víctimas. Dentro de los costos de la estrategia de seguridad se destacaron, además, el hostigamiento y la persecución judicial contra las organi-zaciones políticas y sociales opuestas al gobierno, hecho que desató el escándalo de las interceptaciones telefónicas y los seguimientos ilegales del das a dirigentes políticos, periodistas, magistrados y congresistas.

 

 CAUSAS 

La estrategia de defensa y seguridad democrática implementada por Álvaro Uribe durante sus dos periodos presidenciales (2002-2010) se concretaba en acciones jurídicas, políticas y de opinión para desatar una ofensiva militar, política y judicial contra los denominados factores de violencia, que eran presentados como obstáculos que impedían el crecimiento económico y social del país.

 

Un amplio respaldo de la opinión pública y la clase política y empresarial, cuyo consenso partía del supuesto de que era necesaria una política de Estado y de Gobierno de largo aliento para derrotar a la guerrilla. El enorme esfuerzo militar en que incurrió el Estado para conducir su ofensiva lo llevó a pasar de un pie de fuerza de 215.000 hombres en 1998 a 445.000 en 2010.

 

Álvaro Uribe velez quien en ese momento era presidente y las  lFARC

 

Como respuesta a la ruptura del proceso de paz en febrero del 2002, las farc desencadenaron una ofensiva que tuvo, entre otros episodios, la detonación de un carro bomba en Villavicencio, con 10 muertos y 70 heridos, el 7 de abril del 2002; el secuestro de los 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, el 11 de abril del mismo año; y el atentado terrorista contra el Club El Nogal, el 7 de febrero del 2003.

 

SOLUCIONES
La acción del Ejército y la Policía logró recuperar el control de zonas que durante los años ochenta y noventa habían sido de expansión de las guerrillas. Las Fuerza del Estado también consiguieron debilitar sus zonas de retaguardia histórica y forzar su desplazamiento a nuevas retaguardias en las fronteras del país. Las farc, por su parte, mostraron su capacidad de reacomodamiento y reactivación militar en regiones como El Caguán, donde los resultados del despliegue de tropas del Ejército no fueron tan exitosos; y en la consolidación de nuevas retaguardias estratégicas en las fronteras colombianas y en zonas de nueva colonización cocalera en la Amazonia oriental (Vaupés, Guainía y Vichada) y el Pacífico nariñense y caucano. 

Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se trata de un periodo en el que la relación de los actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro.

 

Para este periodo, la violencia adquirió un carácter masivo. Las masacres se convirtieron en el signo característico. El desplazamiento forzado escaló hasta llevar a Colombia a ser el segundo país en el mundo, después de Sudán, con mayor éxodo de personas. Los repertorios de violencia de los actores armados registraron su mayor grado de expansión en la historia del conflicto armado colombiano.

 

Durante el Gobierno de Samper no hubo acciones sólidas encaminadas a un proceso de paz, salvo el acuerdo para la liberación de 70 miembros de la Fuerza Pública en Cartagena del Chairá, Caquetá, el 15 de junio de 1997, quienes habían sido retenidos por las farc en el asalto a la base militar de Las Delicias, Putumayo, el 30 de agosto de 1996.132 Los grupos armados ilegales, por su parte, experimentaron notorios avances durante dicho periodo (1994-1998).

 

Gracias a el resurgimiento del paramlitarismo, era el gobierno elcprincipal causante  restableciria un esquema legal para las autodefensas a través de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994), más conocidas como las Convivir. Con criterios muy laxos, autorizó la operación a grupos con récordsdudosos en materia de violaciones a los Derechos Humanos o con nexos con el narcotráfico.

 

-Hacia marzo de 1997 existían 414 Convivir en Colombia.

-el Ejército Nacional se replegó debido a los golpes militares propinados por las farc (entre 1996 y 1998) y dejó que el peso de la lucha contrainsurgente recayera sobre las Convivir.

 

 los paramilitares.

 

 

Durante cinco años se presentaron en Uraba los más altos índices de violencia del país con perpetración de masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos. Del total de 52 masacres registradas en la región de Urabá, 32 se produjeron en el eje bananero y 11 al sur de Urabá.

 

para el año 2001, el contexto internacional se había venido modificando sustancialmente a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, que crearon un clima internacional cada vez menos dispuesto a tolerar las actividades terroristas antes justificadas en causas políticas. En diferentes sectores de Estados Unidos, se empezó, entonces, a abrir camino la idea de ampliar el uso de los recursos del Plan Colombia, dedicados exclusivamente al combate contra el narcocultivo y el narcotráfico, para utilizarlos también en el combate abierto contra los grupos guerrilleros. En adelante, la amenaza narcoterrorista cambió profundamente su significado y quedó vinculada al conflicto armado. Este vínculo se reforzó con la creciente injerencia de las guerrillas y los grupos paramilitares en las distintas etapas de la economía cocalera, lo que fue posibilitado por la caída de los grandes carteles de la droga y la atomización de las redes del narcotráfico.

La simultaneidad entre la propuesta de paz del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la opción militarista de las farc llevó a una mayor polarización política y social del país durante los años ochenta. En el contexto de la política de protección de los Derechos Humanos impulsada por el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981), la administración de Betancur optó por dialogar y empezar un proceso de paz con las guerrilla, dando así un gran giro en la política oficial frente al tratamiento del orden público y al reconocimiento político de los alzados en armadas.

 

La atmósfera social y política, reticente a los diálogos con las diferentes organizaciones guerrilleras, se vio afectada por la consolidación política de la Unión Patriótica, que representaba un mecanismo acordado de inserción de guerrilleros de las farc en el mundo político legal, al lado de algunos simpatizantes de la izquierda democrática. Así se pretendía darle cauce a la propuesta de paz de Betancur. La dinámica expansiva del nuevo movimiento político tuvo como respuesta una profunda desconfianza de las élites locales y regionales, que sentían menoscabados sus intereses políticos con la nueva fuerza en ascenso. Los militares, por su parte, interpretaron en la Unión patriotica la materialización de la estrategia de la guerrilla de combinar todas las formas de lucha para la toma del poder.

 

 Las farc, en su VII Conferencia, realizada en 1982, habían decidido pasar de ser una guerrilla defensiva a convertirse en una ofensiva, en un contexto endurecido por el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y en un entorno internacional marcado por el triunfo de los sandinistas en Nicaragua en 1979. Esta redefinición de la estrategia de las farc significó una expansión hacia nuevas regiones, cercanas a sus zonas históricas, donde el Partido Comunista desarrollaba acciones políticas y sindicales de carácter legal. El hecho de que muchos militantes del Partido Comunista y otros activistas de izquierda se sumaran a la Unión Patriótica, despertaba toda suerte de desconfianzas en las élites locales, e incluso acusaciones por supuestas ambigüedades frente a la opción armada.

 

promover la conformación de grupos de autodefensa amparados en la Ley 48 de 1968, una iniciativa que abrió las puertas a la privatización de la lucha contrainsurgente y a la autonomía clandestina de sectores radicales de las Fuerzas Armadas. Se concretaba así el giro radical en la lucha contrainsurgente que desde el Frente Nacional se había desarrollado mediante la acción directa del Estado, reforzada con los Estados de Sitio.

 

La oposición social de las élites regionales concurre con la oposición institucional de los militares para apuntalar el origen y expansión de los grupos de autodefensa que luego van a mutar en paramilitares. Esta concurrencia de intereses tuvo como trasfondo histórico una particular relación de los militares con las élites regionales, basada en el apoyo logístico, económico y político en muchas de sus ofensivas contrainsurgentes o en su implantación territorial en las periferias, dada la precariedad de recursos del Estado para financiar la guerra. A esto se había

 

El Gobierno central y las guerrillas.

 

-la toma del Palacio de Justicia por parte del m-19 y la retoma del mismo por parte del Ejército, en noviembre de 1985.

-el asesinato sistemático de militantes de la UP y de otras personas consideradas simpatizantes de la insurgencia llevó a la ruptura definitiva de la tregua en 1987.

- las guerrillas acecharon y ampliaron sus frentes, afectaron a regiones que estaban más integradas a la vida política y económica de la nación: entre 1981 y 1986, el epl pasó de tener dos frentes a contar con doce; el ELN pasó de tres frentes a diez; y las farc, 

de diez frentes a 31.

 

El Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) adoptó un modelo despolitizado, institucionalizado y tecnocrático de la paz, centrado en la inversión en obras de infraestructura que buscaban romper el aislamiento geográfico y la marginación de las regiones afectadas por el conflicto armado, por medio del Plan Nacional de Rehabilitación − pnr. Quitarle base social a la guerrilla sin descuidar el fortalecimiento de la presencia del Ejército y la Policía fueron los dos ejes de la estrategia de Barco para enfrentar el conflicto armado.

Durante el siglo XlX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la violencia para resolver las disputas por el poder y  en particular, para lograr el dominio del aparato estatal.

 

El conflicto político y las acciones violentas entre los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, alcanzaron su nivel más crítico en el periodo conocido como La Violencia, que comprende desde 1946 hasta 1958.

la violencia liberal-conservadora fue promovida por ambos partidos, el enfrentamiento político se intensificó por el odio y discriminación por parte del dirigente conservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953. Desde entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación armada.

Nada más con la razón de que los miembros del aparato burocrático estatal, del sistema de justicia y de las Fuerzas Armadas estuvieran afiliados a uno de los dos partidos tradicionales fue uno de los generadores de altos niveles de violencia; cabe resaltar la Constitución ordenaba que los uniformados debían ser apolíticos, para asi tener parcialidad. Adicionando le a esto la intervención de la Iglesia católica a favor del partido Conservador, hecho que le dio una justificación moral y religiosa al discurso antiliberal y anticomunista.

La confrontación política bipartidista consagró y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos. Rituales macabros, como el descuartizamiento de hombres vivos, las exhibiciones de cabezas cortadas y la dispersión de partes de cuerpos por los caminos rurales, que aún perviven en la memoria de la población colombiana, y que a un que pase el tiempo se seguirán nombrando gracias al gran impacto que tubo en el país.

El partido Conservador, liderado por en ese entonces presidente Laureano Gómez y el partido liberal, liderado por Jorge eliecer gaitan.

-el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, suceso que desató protestas populares y fue conocido como El Bogotazo.

-16.219 muertos entre 1949 y 1957

 

Cuando la degradación de la violencia y el sectarismo del Gobierno Conservador de Laureano Gómez habían propagado el caos, las élites partidistas más moderadas optaron por una transición política que permitiera poner fin a la violencia en 1953 con el “golpe de opinión” que permitió el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia de la República (1953-1957). Con el mandato de pacificar el país y poner fin a la violencia bipartidista, el gobierno militar de Rojas Pinillas ofreció una amnistía a las guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas; las primeras se acogieron mientras que las segundas la rechazaron, con excepción de las autodefensas campesinas del Sumapaz y el oriente del Tolima, orientadas entonces por el Partido Comunista.