en virtud de información de dominio en los términos del CoPCJ.

• Mediante información posesoria previo procedimiento señalado en el enjuiciamiento del Estado.

• Por solicitud, respecto de escrituras que precedan en su realización al 01 de abril de 1981, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

• Como resultado de una resolución judicial, respecto a fincas no registradas.

• Mediante el registro del acuerdo gubernamental que declare ser bien del dominio del poder publico, el inmueble que su certificado registral no aparezca en el RPP.

• En virtud de bienes adquiridos a través de sucesión.

• Mediante adquisición de bienes inmuebles adquiridos por venta, en remate judicial o administrativo.

• Como resultado de una resolución administrativa, con motivo de regularización de predios rústicos.

• Desincorporación agraria.

Tratándose de títulos de propiedad con fecha después del 01 de abril de 1981, para lograr su inscripción se deberá llevar a cabo procedimiento judicial a efecto de que el juzgado de la jurisdicción del inmueble emita resolución en la que ordene su registro debiendo presentar:

1. Certificado de no registro.

2. Certificado catastral con antecedentes.

3. Certificado de no adeudo de impuesto predial.

4. Características del inmueble, con medidas, linderos, nombres de colindantes y sus domicilios.

5. Plano cartográfico con coordenadas, certificado por la autoridad catastral o expedido por perito.

Transcurridos cinco años, contados desde la fecha del registro, sin que en la Institución aparezca algún asiento que contradiga la posesión inscrita, tiene derecho el poseedor, comprobando este hecho mediante la presentación del certificado respectivo, a que el Juez competente declare que se ha convertido en propietario en virtud de la usucapión, y ordene que se haga el registro correspondiente.

Sólo podrán inscribirse los poderes otorgados en el Estado de Jalisco o que se refieran a bienes inmuebles dentro del mismo, con una nota, tratándose de poderes especiales, en la sección de propiedad. Para el registro de la revocación de un poder o mandato se requiere que éstos, hayan sido registrados previamente.

La Institución llevara un índice alfabético de los registros de mandatos y poderes y su revocación que contendrá:

• Nombres de los poderdantes y apoderados.

• Datos de identificación

• Fecha de presentación del documento.

• Libro y folio registrado, en que quedo incorporado el ejemplar del documento.

La Institución expedirá a cualquier persona que lo solicite, un certificado que informe sobre la existencia, inexistencia o revocación de registros de mandatos y poderes.

• El notario, autoridad o titular registral, podrá solicitar a la institución, la inmovilidad por un termino máximo de 45 días hábiles a partir de su expedición, a través del sistema informático.

• Deberá señalar al respecto de la operación: naturaleza del acto jurídico, nombre de los contratantes e inmueble materia de la operación (junto sus antecedentes registrales).

El Registrador anotará de inmediato la solicitud, señalando día y hora de la presentación y expedirá al interesado un certificado que incluya el aviso cautelar, con sus limitaciones y gravámenes si los hubiere.

Si durante la vigencia del aviso cautelar, y en relación con la misma finca o derechos, se presenta otro documento contradictorio para su registro, éste último será objeto de una anotación preventiva, a fin de que adquiera la prelación que le corresponda.

Si el aviso fuere incompleto, o los datos estuvieren equivocados, no se hará la anotación preventiva y se devolverá dentro de los dos días hábiles siguientes al solicitante, con una nota fundada en la que se le indiquen los motivos por los cuales no se efectúa la anotación, para que se subsanen las omisiones que tuviere el aviso.

El aviso preventivo, tendrá una vigencia de noventa días hábiles.

El registro definitivo de un derecho, surtirá efectos si se dio el aviso cautelar, desde el día y hora de su presentación y en el caso del aviso preventivo, desde el día y hora de su presentación.

Los errores en los que incurriese el registrador al practicar un registro o anotación, podrán ser corregidos cuando sin duda los hubiere, de oficio o a solicitud de parte interesada con vista del tanto que obra incorporado en la oficina y de las constancias que se alleguen como elementos probatorios.

Los errores materiales o de concepto en los que se hubiere incurrido al practicarse los registros, serán corregidos por el registrador, a solicitud de la parte interesada siempre y cuando sin duda los hubiere, y con vista de la presentación que de nueva cuenta se haga del título que motivó el registro, en caso de no acceder el registrador a la petición, podrá acudirse al juez en iguales términos.

Los errores de concepto podrán rectificarse a solicitud del notario o parte interesada.

Se considerará como error imputable al Registro, la práctica de una inscripción o anotación en lugar distinto del que le corresponde. En este caso la rectificación procede de oficio y se realizará cancelando el asiento erróneo y trasladándolo al lugar que debe ocupar.

• Cuando la rectificación implique disminución de superficie.

• A solicitud del propietario, ratificada ante notario, cuando esta implique una corrección al calculo, por manifestarse erróneamente una superficie.

• Cuando la diferencia de superficie no sea mayor de un 10% de la totalidad del inmueble registrado.

• En caso de error en el titulo registrado, cuando se desprenda erróneamente la inscripción de un lindero o colindancia.

Debiendo en todos los casos acompañar a su solicitud ratificada ante notario o el registrador, las constancias catastrales del ayuntamiento, o los planos del fraccionamiento y, en su caso el plano debidamente autorizado por catastro o perito en la materia con coordenadas.

Cuando se trate de predios rústicos, además del certificado catastral, deberán acompañarse diligencias de apeo y deslinde judiciales, de las que se desprenda que no hay oposición de los colindantes.

Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en registro. Podrán pedir la cancelación de un registro, las partes que hayan intervenido directamente en el acto o contrato de cuyo registro se trate, y cualquiera otra persona que resulte perjudicada por este registro.

Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total de inscripciones o registros definitivos, cuando:

• Se extinga por completo el bien objeto de la inscripción o registro;

• Se extinga, también por completo, el derecho inscrito;

• Se declare la nulidad del acto consignado en el documento;

• Se declare la nulidad de la inscripción o registro;

• Sea enajenado por venta de autoridad, el inmueble que reporte el gravamen, en el caso previsto en el artículo 2146 del Código; y

• Cuando tratándose de una cédula hipotecaria o un embargo, hayan transcurrido tres años desde la fecha de su registro y no se prorrogue.

  
  

Cancelado un registro, se presumen extinguidos los efectos producidos por el mismo.

Cuando se registre la propiedad o cualquier otro derecho real sobre inmuebles en favor del que adquiere, se cancelará el registro relativo al que transmite.

Las inscripciones de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar títulos al portador, se cancelarán totalmente, si se hiciere constar por acta notarial, estar recibida y en poder del deudor, la total emisión de títulos debidamente inutilizados.

Las cancelaciones se harán en la forma que fije el Reglamento de esta Ley, pero deberán contener para su validez, los datos necesarios a fin de que con toda exactitud se conozca cual es el registro que se cancela, la causa por la que se hace y su fecha.