La iniciativa federal (y varias locales, como la de la Ciudad de México) incluye puntos como designar responsables de ciberseguridad dentro de las organizaciones, capacitación obligatoria, análisis de riesgos, estrategias de seguridad, reportes obligatorios de incidentes y sanciones por incumplimiento.

Una crítica principal es que muchas de las iniciativas propuestas se quedan en borradores o no son avanzadas: se reporta que el 83 % de iniciativas relacionadas con ciberseguridad han quedado “congeladas” (sin avance) en sus cámaras de origen.

Otra preocupación es cómo se va a proteger la libertad de expresión, privacidad y derechos digitales, para que no haya abusos de poder. Algunas propuestas han sido criticadas por contener definiciones ambiguas o facultades que podrían permitir vigilancia excesiva del Estado.

En el ámbito federal, diversas iniciativas han sido ingresadas, incluyendo la del diputado Javier López Casarín, el PRI y otros actores, con la intención de crear una ley general de ciberseguridad.

Expertos, asociaciones civiles y sector privado están presionando para que se acelere la aprobación, para que México tenga un marco legal homologado que permita coordinar mejor acciones, responder ataques de forma más rápida, proteger infraestructura crítica y asegurar derechos digitales.