Podría ser encarcelado de 15 dias a 6 meses al que abra o acceda a una comunicación electrónica que no le pertenece. Si esta ley la viola un funcionario público, sufrirá además una inhabilitación especial por el doble de tiempo que se lo condene.

Tendría que pagar una multa de entre $1500 a $100000 al que publique alguna comunicación electrónica o telefónica ajena que pueda causar daño a terceros.

Podría ser encarcelado de 1 mes a 2 años o inhabilitado de 1 a 4 años al funcionario que revele hechos, actuaciones, datos y/o documentos que por ley deberían ser secretos.

Podría ser encarcelado con la misma pena del artículo 173 del Código Penal al que defraude a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos.