La Asamblea General del Año XIII se declaró soberana y asumió la representación de las provincias.Dicha Asamblea pudo concretar algunas obras legislativas de gran importancia, entre ellas, la acuñación de moneda nacional, el establecimiento del Escudo e Himno, la abolición de la Inquisición y las torturas, la supresión de los títulos de nobleza y la libertad de vientres. A su vez, también derogó la mita, la encomienda, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios, bajo todo concepto y sin exceptuar el que prestaban a las iglesias o a sus párrocos.

La Asamblea del Año XIII no pudo cumplir con el objetivo de dictar y redactar una Constitución Nacional, pero fue autora de un gran listado de avances en materia de derechos sociales y la que asentó varias cuestiones que desarrollaron la emancipación de España y el creciente desarrollo de la identidad nacional.

La Constitución de 1826 era muy similar a la de 1819. El cargo de director supremo había sido reemplazado por el de presidente; mantenía un Legislativo bicameral (Cámara de Diputados y Senado) y la Alta Corte de Justicia. El presidente era elegido de manera indirecta y, entre otras atribuciones, debía designar a los gobernadores, según una terna presentada por las provincias, con aval del Senado.

Esta virtual eliminación de las autonomías provinciales hizo que la gran mayoría de las provincias rechazara la Constitución. Los gobernadores de La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis y Salta manifestaron su oposición a Rivadavia, aunque decidieron seguir con la guerra con Brasil.

Esta acción se llevó adelante como respuesta a la conformación de la Liga del Interior. Los representantes de los Gobernadores federales firmaron un acuerdo en Santa Fe que se denominó Pacto Federal. El documento lleva las firmas de los delegados de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Santa Fe. A fines de 1831, el pacto era ratificado también por Corrientes, que al principio había opuesto algunos reparos en relación a la organización económica. 

Este acuerdo, que consta de 17 artículos, consistía en una verdadera alianza contra la que era liderada por el General José María Paz, por lo que las provincias se comprometían a prestarse ayuda mutua en caso de ataques provenientes del extranjero (Art. 2º) o de las otras provincias (Art. 3º).

Al finalizar la guerra entre unitarios y federales, durante los años 1831 y 1832, las provincias que habían sido lideradas por el General Paz se fueron adhiriendo al Pacto Federal, tal como en el mismo se preveía.

Con todas las provincias unidas por este tratado confederal, sirvió de fundamento jurídico a la Confederación, manteniendo su vigencia hasta 1853, cuando la Constitución sancionada ese año lo mencionó como uno los "pactos preexistentes" que fueron antecedentes fundantes de la unión nacional.