La Constitución de 1979 estableció un modelo económico mixto, con una fuerte presencia del Estado en la economía, típico del constitucionalismo social de la segunda mitad del siglo XX.

Cuatro medidas importantes:

1. Reconocimiento del rol dirigente del Estado:
   El Estado asumía una función activa en la planificación y conducción de la economía, interviniendo para corregir desequilibrios sociales y económicos.

2. Economía social de mercado:
   Aunque se reconocía la propiedad privada, esta debía cumplir una función social, y podía ser limitada en nombre del bien común.

3. Nacionalización de sectores estratégicos:
   Se permitía que el Estado nacionalizara industrias claves (como minería, energía o telecomunicaciones), bajo criterios de interés nacional.

4. Reconocimiento de empresas del Estado:
   Las empresas públicas eran consideradas instrumentos legítimos del Estado para garantizar servicios esenciales y promover el desarrollo.

Régimen Económico:
Establece un modelo de economía social de mercado, combinando libertad económica con un papel subsidiario del Estado. Se diferencia de las constituciones anteriores por consolidar la apertura económica y el rol del sector privado como motor del desarrollo.

Cuatro medidas importantes:

1. Reconocimiento de la economía social de mercado (art. 58):

   • Comentario: Se reconoce la libre iniciativa privada, pero con intervención del Estado cuando sea necesario para promover el desarrollo y evitar abusos.

2. Garantía de estabilidad jurídica y contractual (art. 62):

   • Comentario: Se otorga seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros, fortaleciendo la confianza en el país como destino de inversión.

3. Libre competencia y eliminación de barreras (art. 61):

   • Comentario: El Estado defiende la libre competencia y sanciona los monopolios, como forma de asegurar la eficiencia económica.

4. Derecho a la propiedad y expropiación solo con indemnización (art. 70):

   • Comentario: Refuerza el respeto al derecho de propiedad, con requisitos claros para la expropiación, similar a lo ya planteado en el siglo XIX, pero ahora bajo estándares más modernos y jurídicamente protegidos.