La resistencia sindical en la oposición de aquellos sectores que quieren obstaculizar su implementación.

La instrumentalización política pone en riesgo de que se utilice el proceso con fines ajenos a la mejora educativa.

La falta de sostenibilidad presupuestal dado que a cambios de financiamiento pueden estropear la continuidad o calidad del proceso.

Los cambios políticos frecuentes generan inestabilidad en la gestión educativa afectando la continuidad del proceso.

El marco normativo creciente en muchos paises han incorporado leyes y políticas que formalizan la evaluación docente.

El reconocimiento del rol docente se valora cada vez más el impacto del maestro en la calidad educativa.

Los programas de formación continua en algunos sistemas vinculan la evaluación con capacitaciones profesionales.

Los avances tecnológicos se están utilizando en plataformas digitales para hacer las evaluaciones más eficientes.

La integración regional en iniciativas de organismos como la OEI y la UNESCO permiten compartir buenas prácticas.

El financiamiento internacional con el apoyo de organismos multilaterales para mejorar sistemas de evaluación.

La innovación educativa se pueden incorporar nuevas metodologías de evaluación basadas en evidencias.

La participación comunitaria de mayor involucramiento de estudiantes y padres puede enriquecer el proceso.

Falta de estandarización por criterios y métodos varían ampliamente entre países y regiones.

Las capacitaciones son insuficientes ya que muchos docentes no reciben la preparación adecuada para enfrentar evaluaciones.

La resistencia del gremio docente porque existe una desconfianza hacia los sistemas de evaluación, especialmente si tienen sanciones.

La limitada retroalimentación útil dado que las evaluaciones a veces no generan mejoras reales en la práctica pedagógica.

El marco normativo sólido es respaldado por la ley de la reforma magisterial y políticas del ministerio de educación.

Los instrumentos estandarizados en el uso de rúbricas, portafolios y observaciones para garantizar objetividad.

La vinculación con el ascenso y la meritocracia ya que permite premiar el buen desempeño y mejorar la carrera del docente.

La participación de varios involucrados en el cambio como son directores, especialistas y demás, fortaleciendo la validez del proceso.

La mejora continua de la posibilidad de identificar necesidades en la formación docente.

La incorporación de la tecnología que permite la digitalización del proceso permite mayor alcance y eficiencia.

Las alianzas con con instituciones formadoras da la posibilidad de conectar resultados de evaluación con programas de formación continua.

La revalorización del docente puede mejorar la imagen del magisterio si se comunica adecuadamente.

La percepción negativa de algunos docentes lo ven como punitivo en lugar de formativo.

La desigualdad entre Lima y las regiones por las brechas de infraestructura y acceso dificultan una evaluación equitativa.

La capacitación insuficiente para los evaluadores debido a que no todos los evaluadores están preparados para aplicar los instrumentos correctamente.

La carga administrativa durante el proceso puede ser muy burocrático y generar estrés en los docentes.

La politización del proceso en los cambios de gobierno pueden alterar o suspender las políticas de evaluación.

El uso punitivo de resultados en algunos casos, se utilizan las evaluaciones como mecanismos de castigo.

Las brechas de infraestructura en las escuelas rurales como marginadas no tienen acceso igualitario a herramientas de evaluación.

La desigualdad educativa son las condiciones estructurales que afectan el desempeño y no siempre se consideran en la evaluación.