En particular, es importante llamar la atención sobre la relación que establece entre corrupción y democracia.   Las prácticas corruptas impiden materializar los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho, en la medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes que deberían destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de decisiones a favor de intereses particulares; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, y contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado. 

También existe entre la corrupción y los actores y acciones de naturaleza mafiosa.  Esto es especialmente cierto  para el caso colombiano, donde esta relación se ha puesto en evidencia de manera   contundente en los últimos años, cuando sectores vinculados con actividades ilegales -narcotráfico y paramilitarismo- resultaron comprometidos en la captura y la reconfiguración cooptada del Estado, fenómenos evidentemente imbricados con prácticas corruptas.  No en vano varios analistas colombianos,  han hablado de la existencia de un círculo perverso entre corrupción, violencia y narcotráfico.

Esto hace que la acepción tradicional de la corrupción, que ha sido definida por Transparencia Internacional como "el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones,  se quede corta para entender la complejidad del fenómeno en sociedades como la nuestra.   Y que sea necesario abordarla como una práctica funcional en la organización económica, política y social existente que se manifiesta bajo una lógica de interacción de agentes para la satisfacción de intereses de grupos poderosos legales e ilegales al margen del mercado y en veces de la institucionalidad, en detrimento de intereses y propósitos de la colectividad.

Además de lo anterior, hay algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Entre ellas,

Además, la corrupción está inmersa en toda la sociedad, involucrando al sector público, al sector privado y a la ciudadanía.  Dicho en otras palabras, el fenómeno parece estar relacionado con causas de orden ético, social, político y administrativo.