En tanto Derecho Humano, la educación de calidad y las garantías de igualdad de oportunidades para acceder a ella, deben estar garantizadas por los Estados y las sociedades a nivel global. Educación que no sólo contempla las distintas áreas del saber, sino también la dimensión formativa en habilidades, valores y derechos, desde la primera infancia.
Es desde esa etapa en que la educación –familiar e institucional- se torna relevante en la inclusión de perspectiva de género, ya que es posible modificar los patrones y estereotipos de niños y niñas que se han venido perpetuando a lo largo de las generaciones, permitiendo aumentar el rango de posibilidades de desarrollo futuras para ellos, pues parte de la base de que ambos son iguales de capaces y su género no constituye una limitante.
Así, el desafío de la educación es, por un lado, promover la formación de los educadores hacia la igualdad de género y, por otro, instaurar un modelo educativo, políticas públicas y una transformación cultural que sustente estos cambios y que posibilite la contribución de hombre y mujeres al desarrollo de los países.
Una educación con perspectiva de género, permite proyectar una igualdad de oportunidades al momento de la inserción laboral, principalmente, de las mujeres que, en áreas que históricamente, han estado ligadas a "lo masculino". Esto exige incluir el concepto de equidad, es decir, garantizar a todos y todas las mismas oportunidades lo que implica considerar políticas públicas que apoyen a determinados grupos de la población tanto cuantitativa como cualitativamente según sus necesidades, sean estas geográficas, económicas, culturales, físicas, intelectuales, etc.,
Sin el concepto de equidad, efectivamente se corre el riesgo de implementar soluciones o ayudas estándares que no garantizan un resultado justo. De ahí que el gran reto será educar favoreciendo la equidad bajo un imperativo normativo de justicia.