En mayo de 1814, Fernando VII regresó a España como rey, e inmediatamente restableció el absolutismo, derogando la Constitución de Cádiz. Los efectos de las medidas reales se hicieron sentir en Centroamérica, donde el Capitán General de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, desató una persecución en contra de los independentistas y los defensores de las ideas liberales, que se prolongaría hasta su destitución en 1817.

El Capitán General de Guatemala, Carlos Urrutia, juró la Constitución en julio de ese año y poco después se convocó a elecciones para elegir ayuntamientos y diputaciones provinciales, además de permitirse la libertad de prensa en el territorio del Reino de Guatemala.

Desde febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclama el Plan de Iguala, que dispuso la independencia de los territorios que hasta 1820 habían formado el Virreinato de Nueva España. Nació entonces el Imperio Mexicano, en un intento de monarquía que lo mantuviese bajo una bandera única, católica y conservadora, opuesta a las medidas liberales que se implementaban en España.

15 de septiembre de 1821, en una reunión en la Ciudad de Guatemala, los representantes de las provincias centroamericanas declararon su independencia de España y conformaron una Junta Gubernativa provisional, presidida por el antiguo Capitán General español, Gabino Gaínza. La noticia de la independencia llegó a San Salvador el 21 de septiembre.

Cuando Filísola regresó a Guatemala, recibió la noticia de que Iturbide había sido derrocado y que México se había constituido en República, entonces Filísola le pidió a la Junta de Guatemala que convocara a los diputados centroamericanos para que tomaran una decisión. La Asamblea Centroamericana proclamó, el 1 de julio de 1823, la independencia de España, de México o cualquier otra nación y se constituyeron las Provincias Unidas de Centroamérica.

Desde el punto de vista económico, los Estados centroamericanos, incluido El Salvador, se inician como países independientes como propietarios de grandes extensiones de tierras baldías (antiguas tierras realengas o de propiedad de la corona), en coexistencia con las otras formas reconocidas de dominio, en este caso las tierras de los indígenas, de carácter comunal, las tierras entregadas a los “encomenderos”, facilitante de una apropiación privada y los llamados “ejidos” o tierras de propios, terrenos adscritos a los municipios o autoridades locales.

Sobre esta base y a tenor del ascenso al poder político de la Oligarquía de Hacendados criollos, descansó el posterior conflicto por la propiedad de la tierra, en el proceso de surgimiento y consolidación de las relaciones de producción capitalistas en el agro salvadoreño