del país, ello significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda de una población que, en la época de su instrumentación, crecía anualmente a tasas promedio del 3%. La industrialización del país era el paso necesario para abandonar la dependencia existente en la venta de los productos primarios (agropecuarios, mine-

ros, extracción de petróleo crudo, piscícolas y frutícolas, etc.), indispensable en la obtención de divisas que el país precisaba para su modernización, dado que el comportamiento de los precios, además de erráticos, mostraban una clara tendencia a la baja en los términos de intercambio con respecto a los bienes industriales (es decir, cada vez era necesario exportar mayor volumen de bienes para obtener la misma cantidad de divisas o importaciones industriales).

Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en los campos fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario y de fomento a la inversión extranjera. A continuación se describirá la forma en que cada una de ellas se definió y ejecutó señalando además sus interrelaciones.

comercial del país, situación que permitió darle estabilidad a lo largo del periodo al

tipo de cambio del peso respecto al dólar.

En materia de ingresos, la política tributaria se orientó a favorecer la inversión y la reinversión de las utilidades (es decir la capitalización de las empresas), por tal motivo, se crearon bases especiales de tributación en beneficio de las empresas

instaladas tanto en el sector industrial (en especial en el manufacturero) como en el

transporte; facilitando la amortización acelerada de los activos, así como la deducibilidad de una parte considerable de los gastos corrientes de las empresas;

como resultado, la estructura de los impuestos sobre la renta y de ingresos mercantiles fue regresiva. Dicha situación se dio, a su vez, en un marco de precios y tarifas públicas con niveles inferiores a los prevalecientes en el mercado internacional.

inflacionarias del país.

Esta política, a la vez que mantuvo controladas las presiones inflacionarias, permitió financiar los déficit fiscales y crear “cajones preferenciales de crédito” o “créditos preferenciales” para el sector industrial y agropecuario.

La política de tipo de cambio buscó mantener sin alteración la paridad del peso respecto al dólar con el propósito de no presionar los precios internos al alza, dada la elevada dependencia externa de bienes de capital y de varios productos intermedios. Al evitarse el encarecimiento de los costos de producción, se favoreció el poder adquisitivo de la clase trabajadora, sin afectar los beneficios de las

empresas.

dictamen que emitía un comité integrado por representantes del sector público y privado, se frenó el ingreso de bienes industriales que podían desplazar del mercado a los productos nacionales tanto en precio como en calidad. Adicionalmente a este instrumento, empleado fundamentalmente para impedir o reducir al mínimo las importaciones definidas como no necesarias y suntuarias, se aplicaban otros instrumentos como elevados aranceles y precios oficiales a las importa- ciones de productos orientados al consumo de los grupos sociales de mayores

ingresos.

La elevada protección otorgada a la planta productiva nacional, al final del ciclo asociado al modelo, favoreció el crecimiento de los precios y la disminución de la calidad de los bienes y servicios producidos internamente. Ello como

resultado de la falta de competencia interna y externa, ya que las entidades ubicadas en sectores oligopólicos podían incrementar sus beneficios injustificadamente

en una proporción mayor al incremento de sus costos; por esta razón la inflación tendió a incrementarse más que proporcionalmente al aumento de la demanda de bienes y servicios.

El sector obtuvo una buena parte de las divisas que el

proceso de industrialización demandaba para importar bienes de capital e insumos industriales (particularmente en la primera fase sustitutiva). Conforme el horizonte

agrícola se fue estrechando, debido a los bajos rendimientos por hectárea obtenidos en la producción (inicios de los años sesenta), dejó de aportar divisas netas de manera significativa, pero siguió colocando su producción a bajos precios en el mercado interno.

Este sector también colaboró con la industrialización del país mediante la canalización de sus excedentes económicos al mercado financiero, ya que en términos netos lo que aportó como ahorro fue mayor a lo que recibió por financiamientos, ello en beneficio de los créditos subsidiados al sector industrial.

donde se realizaban estas actividades, se creó una importante expulsión de mano de obra hacia las ciudades, la cual, junto con el acentuado crecimiento de la población

económicamente activa, crearon una oferta de fuerza de trabajo que permitió mantener el crecimiento de los salarios por debajo de su productividad media, aunque

siempre por arriba de la inflación.

Esta situación se dio gracias a que la política salarial, apoyada por la política de precios de garantía de los principales bienes agrícolas, mantuvo estables los salarios, pero ligeramente por arriba de la inflación para evitar el crecimiento de los costos de producción de las empresas industriales, buscando de esta forma acelerar el crecimiento de la inversión, del producto industrial y del empleo.

Las condiciones fiscales, salariales, crediticias y comerciales que el gobierno otorgaba hacían atractivo a las empresas transnacionales su incorporación al mercado nacional, ya que las bajas tasas impositivas, los créditos baratos, el merca-

do sobreprotegido, los bajos salarios nominales y reales, los bajos costos de los insumos energéticos y primarios y la disposición de consumidores cautivos les aseguraban elevados niveles de rentabilidad. Lo cual se reforzaba con las prerrogativas concedidas por los gobiernos estatales (terrenos gratis, bajos impuestos prediales, etc).

A partir de estos lineamientos de política económica, la estrategia de “Desarrollo Estabilizador” se propuso abastecer de la mejor manera la demanda de bienes y servicios para el mercado interno, la cual se expandió en función de

la generación de empleos y del modesto pero continuo crecimiento real de los salarios.

la recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes para financiar su expansión, en razón de ello se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa, como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo.

incorporarse a la creciente integración económica mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional.

encima de las posibilidades reales del aparato productivo nacional, dando lugar a presiones sobre la oferta interna y al crecimiento de las importaciones sin una

contraparte exportadora. Esto generaba desequilibrios en materia de comercio exterior y promovía un creciente endeudamiento externo, que al encarecerse, conducía

a devaluaciones que repercutían en mayores tasas inflacionarias.

Igualmente, al demandar recursos crediticios internos para su financiamiento, el déficit público provocaba el alza de las tasas de interés y restringía el acceso de las empresas productivas al mercado financiero, afectándose de esta forma el crecimiento de la oferta de bienes y servicios, provocando una elevación de precios cuando su financiamiento se llevaba a cabo mediante la emisión de

circulante.

Tomando en cuenta lo anterior, se regresó al esquema estabilizador en materia de política fiscal y monetaria, pero se rompió drásticamente con la política

de protección comercial, de control de tipo de cambio, de excesiva regulación a la inversión extranjera, de salarios y de precios agropecuarios.

eliminación de las restricciones no cuantitativas a la importación, acompañada de la disminución de los niveles arancelarios y su dispersión. La instrumentación, en

una primera etapa, se realizó en un marco macroeconómico caracterizado principalmente por altas tasas de inflación, devaluación recurrente del tipo de cambio,

que en general se mantuvo sobrevaluado, elevado déficit del sector público, bajo dinamismo de la inversión y de la actividad económica y, finalmente, un superávit

comercial cuyos recursos se asignaron al pago del servicio de la deuda externa acumulada en los años anteriores a 1985.

1) La redefinición del papel del Estado en la economía, buscando reducir la intervención económica directa

con el propósito de alentar una mayor participación de los agentes privados en la satisfacción de las demandas de la población, hacer más eficiente la gestión pro-

ductiva de la sociedad y elevar la eficiencia del aparato público en materia económica, administrativa y de rectoría en el proceso de desarrollo económico;

2) La desregulación económica, con el propósito de reducir los controles gubernamentales y redefinir los esquemas y espacios de participación de los agentes privados,

buscando generar un clima comercial y productivo más competitivo que propiciara la modernización de áreas o actividades económicas.

3) La apertura comercial, encaminada a incrementar el intercambio con todas las naciones del mundo para

promover la eficiencia y competitividad externa de los productos mexicanos.