comprende además el derecho del inculpado a que se le conceda tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa  y a ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con aquél

El derecho a la defensa surge desde el momento mismo que se inicia la investigación”. Desde esa perspectiva el Estado brinda al indiciado del derecho a la defensa, para poder evitar así cualquier juicio que no se fundamente en razones jurídicas y probatorias certeras para endilgar un delito a la persona.

el derecho a la defensa busca prevenir cualquier tipo arbitrariedad de la defensa de las autoridades estatales y evitar que existan condenas injustas , intentando acercarse a la verdad , garantizando una actividad de participación y no solo de las victimas sino también de los presuntos responsables 

en el articulo 29 de la constitución colombiana , quien sea indicado tiene derecho a la defensa y ala asistencia de un abogado escogido por el , o por el oficio , durante la investigación y juzgamiento
MARIA PAULA OSORIO CALDERON  

 

Efectividad:  este principio lo que va a garantizar es la prevalencia del derecho sustancial por encima del procesal porque tiene que garantizarse y respetarse  los derechos y no restringirlos a la  hora de realizarse la aplicación de justicia es decir por encima del proceso y la sanción de la pena tiene que respetarse esas garantías fundamentales . Este principio va de conformidad con lo establecido en la constitución política  en su artículo 288   donde se indica que el derecho procesal es el instrumento para materializar el derecho sustancial.

Materialización: se ve plasmado siempre debido a que la actuación procesal siempre tiene que respetar el derecho sustancial.

Características: 
* son de carácter obligatorio
*respetar una jerarquía constitucional
* fundamentan como norma suprema el derecho sustancial pero respetando el derecho procesal.

 

Eficacia: se da desde la estabilidad de la providencia, y esta estabilidad viene asegurada por unos mecanismos procesales que impiden que se vuelva a juzgar un litigio ya resuelto judicialmente, así mismo viene asegurada por la imperatividad de esta, ya que la sentencia debe contener una norma vinculante. La imperatividad y la estabilidad de la sentencia, y no otra cosa, son las características básicas del concepto de cosa juzgada.

Este principio es efectivo ya que garantiza a los sujetos procesales el cumplimiento de los derechos humanos para ellos y establece o impone limites tanto a jueces como a fiscales en el actuar desmesurado en los procedimientos y actuaciones.

En diversas ocasiones se puede solicitar al juez que haga cumplimiento de los tratados internacionales en concordancia con este principio como fundamento de alguna petición por las partes en el procedimiento.

Melissa Rodríguez

Cuando las medidas necesarias para restablecer derechos son de carácter provisional, independientemente de si son personales o reales, la competencia es del juez de control de garantías; empero, si lo que se pretende es el restablecimiento pleno del derecho, ya no con carácter provisional o transitorio

 

Aplicabilidad: En Colombia se hace efectivo este principio y esta tipificado en el articulo 29 de la constitución política colombiana, por otro lado, la doble instancia también ostenta fundamento constitucional en el artículo 31, cuando se afirma que “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”, aboga por la corrección de la sentencia, con independencia de su sentido, pero de manera indeterminada y genérica, y de cara a cualquier tipo de actuación o sujeto procesal, de acuerdo con los lineamientos que en tal medida imparta el legislador. un ejemplo sería el caso del exministro Andrés Felipe Arias que por tener un alto cargo publico debía ser juzgado en única instancia, pero por medio de una tutela logro garantizar este principio para aplicarlo a su caso en particular.

 

Andrés Calderón García 

Oscar Eduardo Cano Reyes 

 presentan el caso, producen sus pruebas y realizan sus argumentaciones en la propia audiencia, enfrentados en un litigio procesal, en tanto que el juez en base

 exclusivamente a lo actuado en ella, toma una decisión, en el mismo acto, en forma oral también.

Eficiencia: El principio de oralidad adquiere mayor fuerza, no solo porque aporta eficacia a la administración de justicia, sino porque a través del mismo se permite una relación directa del juzgador con las partes y los medios de prueba en la cual va a fundar su decisión.

Laura daniela Chacón vides 

Si no existen razones legitimas para dispensar un trato diferente, el trato desigual está prohibido.

El principio de igualdad no proscribe el trato diferenciado, sino que obliga a justificarlo de manera suficiente.

Estos principios de igualdad y no discriminación conforman el Estado de Derecho

EFICIENCIA DEL PRINCIPIO:

El principio de la igualdad para todas las personas no sólo aplica a los gobiernos. Debe hacerse frente a la discriminación en el trabajo, en la escuela y   en el hogar.

En un aspecto común donde podemos ver la variación de la aplicación de este principio en la mayor parte del mundo, es la perspectiva de género, las mujeres han progresado enormemente para alcanzar la igualdad ante la ley desde los tiempos de las sufragistas, y desde la adopción de la DUDH en 1948. Sin embargo, en 2018, según el Banco Mundial,104 países aún cuentan con leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados empleos, 59 no están equipados con leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo y, en 18 países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.

A nivel global, muchas leyes no son suficientes para desincentivar la violencia contra las mujeres, y en algunos casos, incluso la fomentan o la toleran. Este es, por ejemplo, el caso en países donde a los violadores se les permite, por ley, evitar su enjuiciamiento si se casan con la víctima

Incluso cuando las leyes no son discriminatorias sobre el papel, su aplicación puede ser discriminatoria en la práctica. El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha instado a derogar las normas y procedimientos probatorios que son discriminatorios, incluyendo aquellos que permiten que las mujeres sean privadas de su libertad para “protegerlas” de la violencia; realizar “pruebas de virginidad”; y el uso, como una defensa legal o factor atenuante, de argumentos basados en la cultura, la religión y la supremacía masculina, tales como la llamada “defensa del honor”. El Comité también ha llamado a poner fin a los procedimientos que reservan penas extraordinariamente duras –incluyendo lapidación, latigazos y muerte- a las mujeres; así como a las prácticas judiciales que ignoran un historial de violencia de género al tratar con mujeres demandadas. (OACNUDH) 

1.    Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el principio de legalidad consagra el principio según el cual solo el derecho puede definir un delito y prescribir una pena. El principio establece que el derecho penal no debe aplicarse de manera extensiva en detrimento del acusado.

2.    De igual forma, conforme a Los Convenios de Ginebra III y IV disponen que los prisioneros de guerra y las personas civiles, respectivamente, no pueden ser juzgados por actos que no constituían un delito según la legislación vigente en el momento de cometerlos. Los Protocolos adicionales I y II reiteran ese principio y agregan que no puede imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracción, pero que sí, con posterioridad a esa infracción, la ley dispusiera la aplicación de una pena más leve, el infractor debería beneficiarse de ella. Este principio de legalidad figura, asimismo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. (Base de datos sobre DIH, Comité Internacional de la Cruz Roja)

3.    Sentencia C-044 de 2017, MS, Dra. María Victoria Calle Correa: En esta sentencia, se establece que la legalidad dentro del marco del debido proceso es una de las garantías más importantes ya que permite a los ciudadanos ajustar su conducta a los mandatos elegidos en el foro democrático para el desarrollo de la vida social en armonía.

 

 Eficiencia: ¿Se garantiza o se vulnera?

Teóricamente el Estado debe garantizar el principio de la legalidad en todos los procesos que se lleven a cabo. Conforme al caso concreto que relacione para ejemplar la importancia y eficacia del principio de legalidad, este va enlazado con el debido proceso. Se resalta lo importante que es no dejar de lado dicho principio. 

CASO CONCRETO
En todo caso dentro del ámbito penal, se debe seguir una serie de protocolos en procura de llevar a cabo la actuación procesal de la forma adecuada, sin perturbar o violar algún derecho fundamental del indiciado. 

El caso referenciado como ejemplo es el de Jhonier Leal, hombre de 43 años, es acusado de presuntamente haber asesinado a su madre y a su hermano. El viernes 14 de enero se registró captura de Jhonier a manos del CTI de la Fiscalía.  En medio de la captura Jhonier es informado de sus derechos siendo sospechoso e imputado del homicidio de su hermano, Mauricio Leal y  de  su  madre  Marleny Hernández. Una vez iniciado el proceso penal, el indiciado debe tener su debido proceso enlazado al principio de legalidad, ya que desconociendo estos preceptos, toda la investigación y demás actuaciones procesales carecerían de validez y por lo tanto incurrirían en nulidad.

 


VALENTINA MARÍN GARCÍA

 

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del fiscal general de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.

 

De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones.

 

En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación.

EFICACIA: Realmente evidenciar fácticamente la eficacia del principio de intimidad en el ámbito jurídico colombiano es muy sencillo. Para dar un ejemplo resulta claro que en el ámbito probatorio, en específico al momento de recaudar la prueba, las partes deben garantizar el principio de intimidad en la recaudación del materia probatorio en cuanto no es jurídicamente viable violar el núcleo fundamental del principio a la intimidad.

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD: Según el articulo 8 del código de procedimiento penal el principio de defensa es aquel que busca que el investigado o el imputado goza de un trato digno y sean respetados sus derechos como persona a través del cumplimiento de otros principios, como el debido proceso, igualdad y entre otros. Permitiendo que una persona tenga un defensor, sino, que la igualdad procesal de cavidad a controvertir, solicitar y ser escuchado.
Nos podemos basar en la Sentencia T-018/17 que reitera como se materializa este, mediante actos de contradicción, notificación, impugnación, alegación entre otros.

BLOQUE DE CONVENCIONALIDAD:
Dentro de este bloque encontramos diferentes herramientas internacionales como la declaración universal de derechos humanos, estatuto de roma o pacto internación de derecho civiles y políticos que dan su definición acerca de este principio y por ejemplo el estatuto de roma dice en su articulo 67: "En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial..." De tal forma, que si no lo definen exactamente, se encuentra relacionado intrínsecamente con otros principios dentro de estas herramientas internacionales.
Eficacia:  
En cuanto a la eficacia de este principio dentro del ordenamiento internacional y nacional, es eficaz debido a que frente a este principio le permite a las partes realizar todas las acciones que representan el principio como controvertir, solicitar, alegar, entre otras. por lo que se puede denotar que este principio  si se pone en practica dentro del derecho procesal pues la mayoría de  Estados velan por las garantías de las partes involucradas y no se sean vulnerados sus derechos y principios. 
Existen una limitación en el ordenamiento jurídico Colombiano que es el que una parte no podrá ser escuchada hasta que pague los canones de arrendamiento que debe, esto quiere decir que no es una vulneración al principio de defensa si no un margen para garantizar otros derechos.

El principio de lealtad en el debido proceso y en un juicio judicial, se debe de basar en la búsqueda de la verdad, en un concepto mas social, la lealtad debe ser una consistencia entre lo que se debe de hacer y en buen actuar de las personas, por ejemplo con las personas que respaldamos o con un grupo social, la gratitud y el honor son las bases de todas las personas leales.

Desde la visión jurídica son esas exigencias legales que constituyen honor y fidelidad. Donde la conciencia nos exige que hagamos las cosas con cumplimiento frente a cada circunstancia con las adversidades que se pongan en el camino.

Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe.

La lealtad procesal ha sido entendida como laresponsabilidad de las partes de asumir las cargasprocesales que les corresponden. En razón a ello laCorte ha señalado que se incumple este principiocuando (i) las actuaciones procesales no se cumplen enun momento determinado y preclusivo dispuesto en laley, es decir, cuando se realizan actos que puedandilatar las mismas de manera injustificada ; (ii) se hacenafirmaciones tendientes a presentar la situación fácticade forma contraria a la verdad ; (iii) se presentandemandas temerarias ; o (iv) se hace un uso desmedido,fraudulento o abusivo de los medios de defensa judicial

Sentencia T-341/18

La lealtad procesal desde su punto de importancia se constituye como la responsabilidad de las partes al asumir cargas procesales. Con sinceridad  y cumpliendo con todas las exigencias de un juicio, se evidencia falta de lealtad cunado intente dilatar un juicio. 

El ámbito judicial en general, y penal en particular, el principio de publicidad del proceso se ha erigido en uno de los pilares del sistema democrático, permitiendo un proceso público con todas las garantías tanto en consideración a la ciudadanía, como a las partes implicadas en el mismo. Una doble dimensión pues; interna a los efectos de los intervinientes en el procedimiento en toda su complejidad, como externa, en consideración a la comunidad y su posibilidad de conocer las actuaciones judiciales tanto previas como coetáneas al proceso.

La garantía de la publicidad, como garantía de la imparcialidad del Poder Judicial, constituye un elemento esencial del derecho constitucional al proceso debido. Con ello se quiere expresar que las garantías formales, una de las cuales es la publicidad de los juicios, no constituyen meros formalismos de los que se pueda prescindir, en cuanto que sólo un proceso penal realizado debidamente es adecuado para remover la presunción de inocencia.

Es innegable la estrecha vinculación del derecho de informar con el principio de publicidad procesal, y cuya actuación a través de los medios de comunicación es uno de los elementos más decisivos para su más completo desarrollo, otorgando una dimensión pública que trasciende de los aspectos tanto espaciales, como temporales de la información en cuestión. Pero tal consideración debe ser matizada, en cuanto ni todo el éter procesal estará regido por el principio de publicidad, ni el derecho a la libertad de información será absoluto.