La Ley Provincial de Ambiente 10.208 afirma que “Todos los ciudadanos tienen derecho a participar y opinar acerca de las acciones, obras o actividades que se desarrollen en el territorio de la Provincia y puedan afectar el ambiente, sus elementos o la calidad de vida de la población.” (art. 64). Al respecto, en el Art. 13 se establece que “La Autoridad de Aplicación instrumentará como parte integrante de todo procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter obligatorio y previo al otorgamiento o denegatoria de la Licencia Ambiental, audiencias públicas u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana de acuerdo a lo que establece la presente Ley”.

 Además, en el Art. 65 menciona los tres instrumentos de participación ciudadana que reconoce: a) Información y divulgación del proyecto; b) audiencia pública, y c) Consulta popular ambiental.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

Ley Provincial de Ambiente 10.028.

ARTÍCULO 35.- Se establece a la audiencia pública como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental enunciados en el Anexo I de la presente Ley. La Autoridad de Aplicación debe institucionalizar las audiencias públicas y establecer los otros mecanismos de consulta para los demás proyectos que no están sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental.

Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria.

Además, los ciudadanos o interesados, las organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba podrán solicitar la realización de la audiencia pública en los casos en que la misma no sea obligatoria, cumpliendo los requisitos y plazos que determine la Autoridad de Aplicación.

En su artículo segundo, define a la Evaluación Ambiental Estratégica ( EAE)  como un instrumento de gestión que facilita la incorporación de aspectos ambientales, así como los objetivos, principios e instrumentos de la Ley Nº 25.675, al diseño y adopción de políticas, planes y programas gubernamentales.

En el artículo tres se definen los objetivos: 

• Incorporar los aspectos ambientales, así como los objetivos, principios e instrumentos de la Ley Nº 25.675, al diseño y adopción de políticas, planes y programas gubernamentales.

• Promover los procesos participativos en el diseño y adopción de políticas, planes y programas gubernamentales.

• Fortalecer el marco para la evaluación de impacto ambiental de proyectos vinculados a las políticas, planes y programas gubernamentales con una perspectiva integral y de largo plazo.”

Por último, en el artículo cinco, se hace especial referencia a la participación pública 

“Las instancias de participación pública deben realizarse a través de los medios apropiados que podrán incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de forma efectiva y rápida. La participación pública debe ser informada, representativa y documentada, debiéndose prever la participación pública temprana. Las opiniones u objeciones de los participantes deben ser debida y oportunamente consideradas.”

La ley 10.208 de Política Ambiental Provincial define :

En su artículo treinta y ocho su finalidad y objetivos:

“a) Incidir en los niveles más altos de decisión política-estratégica institucional;

b) Aplicarse en la etapa temprana de la toma de decisiones institucionales;

c) Ser un instrumento preventivo;

d) Implicar una mejora sustantiva en la calidad de los planes y políticas públicas;

e) Permitir el diálogo entre los diversos actores públicos y privados;

f) Contribuir a un proceso de decisión con visión de sustentabilidad;

g) Mejorar la calidad de políticas, planes y programas;

h) Fortalecer y facilitar la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, e              
i) Promover nuevas formas de toma de decisiones.”

En su artículo treinta y nueve afirma que se aplica a políticas, programas y planes y sus modificaciones sustanciales de carácter normativo general que tengan impacto en el ambiente o la sustentabilidad, a propuesta del Consejo de Desarrollo Sustentable, de conformidad al artículo 41 de esta Ley.
Se aplica obligatoriamente a planes de ordenamiento territorial, planes reguladores intermunicipales o intercomunales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones y al manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen.

Los principales objetivos de la EIA son:

•             determinar la viabilidad ambiental de un proyecto para la toma de una decisión informada,

•             promover la transparencia y la participación pública en el proceso de planificación y toma de decisiones, y

•             propiciar la prevención y adecuada gestión de los potenciales impactos ambientales y sociales asociados a determinados proyectos.

 

b)    La evaluación de impacto ambiental: Se establece con carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia ambiental, procedimiento técnico-administrativo que deberá contener un estudio de impacto, un dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias públicas.

c)    La evaluación ambiental estratégica: que debe incorporar criterios ambientales a la formulación de políticas, programas y planes de carácter normativo general.

d)    Los planes de gestión ambiental: Son instrumentos que permiten orientar a quienes impacten en el ambiente con el propósito de que su actividad propenda a la sostenibilidad en el territorio provincial.

e)    Los sistemas de gestión ambiental: estos deben establecer las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para llevar a cabo la política ambiental de una organización.

f)      El control de las actividades antrópicas: a través de  la vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y auditorías ambientales.

g)    La fijación de estándares y normas: Las que debe ser concordantes con la legislación vigente y tender a la integralidad del plexo normativo.

h)    La educación ambiental: Esta debe prever la inclusión de temáticas ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.

i)      La información y diagnóstico ambiental: garantizando el derecho  de acceso a la información.

 

j)      La participación ciudadana para la convivencia ambiental: Son las  acciones, obras o actividades que puedan afectar el ambiente. La ley también establece la realización de audiencias públicas como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental, las cuales se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria.

k)     El seguro ambiental: se establece para quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente por el daño que se pudiera producir.

l)      Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales previstas  para aquellos que realicen acciones tendientes a preservar, proteger, defender o mejorar el ambiente.

m)   Se establecen acciones de salud ambiental para aquellas actividades que pudieran generar efectos negativos significativos sobre la salud.

n)    Se prevé la realización de un diagnóstico ambiental provincial que deberá ser elevado al Poder Legislativo antes del día treinta de noviembre de cada año.

o)    Se establece la viabilidad de recepción de denuncias sobre pasivos ambientales o impactos ambientales negativos e irreversibles que impliquen el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad. A ese efecto se crea el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia de Córdoba (REPA), el que funcionará en la órbita de la Autoridad de Aplicación.

Principios:
a) Principio de congruencia, b) Principio de prevención. c) Principio precautorio, d) Principio de equidad intergeneracional, e) Principio de progresividad. f) Principio de responsabilidad, g) Principio de subsidiariedad, h) Principio de sustentabilidad y i) Principio de solidaridad.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACION AMBIENTAL SE CLASIFICA EN;

Diagnóstico de la evaluación ambiental: muestra el resultado del relevamiento, análisis y revisión de la normativa sobre EIA y EAE. Su objetivo es contar con una base para la evaluación conjunta de las necesidades de fortalecimiento, oportunidades de mejora y estándares mínimos necesarios en la materia.

Objetivos EAE:

Bien jurídicamente protegido: establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservación y protección de la diversidad biológica y implementación del desarrollo sustentable, y deberá cumplir los siguientes objetivos:  Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, entre otros. 

Principios de la política ambiental: Los diferentes principios son: principios congruencia, prevención, precautorio, equidad intergeneracional,  de progresividad, responsabilidad, subsidiariedad,  sustentabilidad, solidaridad cooperación: 

Presupuesto mínimo: Su objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Instrumentos de la política y la gestión ambiental: ordenamiento ambiental del territorio,evaluación de impacto ambiental,sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, educación ambiental,sistema de diagnóstico e información ambiental, régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Ordenamiento ambiental: El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, 

Educación ambiental: constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado

Participación ciudadana: Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

Seguro ambiental y fondo de restauración: Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; 

Daño ambiental: toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

Del Fondo de Compensación Ambiental: será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental

Un procedimiento de EIA tiene distintas etapas, que pueden variar de acuerdo a lo previsto en cada marco normativo o procedimiento aprobado por las autoridades ambientales competentes. Las etapas más comunes son: 

El Aviso de Proyecto es el documento por el cual se da inicio al procedimiento de EIA.

La categorización permite determinar si un proyecto debe estar o no sujeto a un procedimiento de EIA, según su nivel de complejidad ambiental. En algunos casos comprende la determinación del tipo de procedimiento o del tipo de EsIA a realizar (que será de mayor o menor profundidad, dependiendo del proyecto).

Esta categorización se realiza en función del tipo de proyecto y sus datos básicos (dimensiones, tecnología, ubicación, etc.). Según la jurisdicción, la determinación se lleva a cabo de acuerdo a un listado de proyectos previsto en la normativa, fórmulas polinómicas, una combinación de ambas o a criterio de la autoridad ambiental.

La determinación del alcance permite construir los términos de referencia o especificaciones técnicas para la realización del EsIA. Según el caso, puede estar establecida en la normativa, guías o manuales específicos, los términos de referencia generales o ad hoc.

Participación Ciudadana: Constituye un componente transversal obligatorio dentro del procedimiento de evaluación, que en general se efectiviza mediante la realización de una consulta o audiencia pública, convocada por la autoridad ambiental siempre en forma previa a la toma de decisión sobre la viabilidad ambiental del proyecto.

Finalizada la revisión del EsIA y las instancias de participación ciudadana que correspondan según el marco normativo, se confecciona un informe técnico de análisis del EsIA, junto al informe de resultados de la participación. Estos documentos fundamentan la toma de decisión por parte de la autoridad ambiental, que puede otorgar o no la autorización ambiental para la ejecución del proyecto de obra o actividad.

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); son un instrumento de gestión ambiental que facilitan la incorporación de los aspectos ambientales en políticas, planes y programas gubernamentales, desde las fases más tempranas del diseño de las mismas. Las EAE permiten conocer e introducir estándares de calidad ambiental a los procesos de planificación.gubernamental, que orientan el alcance y las decisiones sobre los proyectos futuros y/o promueven nuevos enfoques para proyectos presentes. Al igual que las EIA tienen un enfoque preventivo al identificar y revisar las potenciales consecuencias de las decisiones respecto de un proyecto particular o de una política, plan o programa, antes de que ellas sean asumidas y ejecutadas, de manera que aplicadas de manera conjunta y coordinada, pueden fortalecerse y retroalimentarse.
Su finalidad es promover la calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo sustentable, en los procesos de planificación gubernamental, de manera tal que el proceso racional y estratégico pueda influir tempranamente en las decisiones y, consecuentemente, se traslade a los proyectos vinculados.

Fuente: www.argentina.gob.ar

Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.
Transparencia activa (artículos 2 y 17)
La política ambiental nacional deberá cumplir, entre otros, con el objetivo de organizar e integrar la información ambiental.

La autoridad deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Derecho a participar (artículos 2 y 19)
Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente.
Participación en la toma de decisiones ambientales (artículos 19 a 21)
Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.
Responsabilidad por daño ambiental
(artículos 28 y 29)
El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental. La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.

La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Fuente: https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-ambiente-no-25675

b) Estimación de los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante su funcionamiento y las formas previstas de tratamiento y disposición final de los mismos;

c) Estimación de los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y energía resultantes del funcionamiento, y formas previstas de tratamiento y control;

d) Descripción de los efectos previsibles, se trate de consecuencias directas o indirectas -sean éstas presentes o futuras- sobre la población humana, la fauna urbana y no urbana, la flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e histórico;

e) Descripción de las medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los posibles efectos ambientales negativos;

f) Descripción de los impactos ocasionados durante las etapas previas a la actividad o construcción del proyecto. Medidas para mitigar dichos impactos;

g) Informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y la infraestructura de servicios de la Provincia;

h) Descripción ambiental de área afectada y del entorno ambiental pertinente;

i) Identificación de puntos críticos de control y programa de vigilancia y monitoreo de las variables ambientales durante su emplazamiento y funcionamiento. Programas de recomposición y restauración ambientales previstos;

j) Planes y programas a cumplir ante las emergencias ocasionadas por el proyecto o la actividad;

k) Programas de capacitación ambiental para el personal, y l) Previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o desmantelamiento de la actividad.
 
¿ Si se encontrara dentro del Anexo II deberá  llevar un procedimiento diferente?

 En los casos de los Proyectos descriptos en el Anexo II el proponente debe presentar -obligatoriamente- un Aviso de Proyecto, el cual debe ser objeto de difusión, accesible a la información pública y al consecuente proceso de participación ciudadana que la Autoridad de Aplicación determine.

Todo Aviso de Proyecto será publicado en la página web oficial de la Autoridad de Aplicación dentro de los quince (15) días de presentado.

¿Cuál es el plazo en el que la autoridad de aplicación debe otorgar una resolución al Aviso de Proyecto?

Dentro del plazo de sesenta (60) días de presentado el Aviso de Proyecto comprendido en el Anexo II de esta Ley, la Autoridad de Aplicación debe expedirse sobre la aprobación, ampliación, rectificación o rechazo del mismo. En todos los casos la resolución debe establecer si el proyecto en cuestión debe someterse o no a Evaluación de Impacto Ambiental. La resolución debe estar debidamente fundada.

La Autoridad de Aplicación, a través del área técnica correspondiente, debe dar difusión a todo proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental dentro de los diez (10) días de presentado el Estudio de Impacto Ambiental (Anexo I) o de aprobado el Aviso de Proyecto (Anexo II), debiendo efectivizarse con un mínimo de siete (7) días dicha comunicación pública, especialmente en el lugar de localización del proyecto.

¿Quién es el responsable de efectuar la valoración crítica del EIA? 

El estudio será valorado por la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, la que después de emitir dictamen técnico sobre el mismo lo remite a la Autoridad de Aplicación.