Bonifacio Péres señaló que una débil política en la materia que promueva su conservación está generando que a escasos metros de ellos se instalen industrias o zonas urbanas, aunado a que estos ríos contaminados son focos transmisores de enfermedades y daño de ecosistemas por los valles que cruzan.

Además de que su agua contaminada con fuertes químicos es utilizada para el riego de campos agrícolas y en una última instancia puede regresar para el consumo humano con la filtración de los campos freáticos.

Reconoció que las consecuencias de la contaminación de lagos y ríos afectarán lentamente la calidad de vida de la población, pues el ciclo del agua sufrirá modificaciones con el riesgo de que en él se filtre agua contaminada generando el agotamiento del oxigeno en las aguas más profundas.

Para el investigador se requiere fomentar el cuidado de los recursos, así como establecer una legislación que castigue de forma más severa a quién contamine con multas y la reparación del daño ecológico a fin de que el impacto se minimice.

El citado plan señala que la entidad, en el ámbito nacional, cuenta con el mayor número de áreas naturales protegidas, al sumar 97, lo cual representa una superficie de un millón 127 mil 816.21 hectáreas, aproximadamente 44% de su territorio, varias de las cuales colindan con zonas urbanas.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.