Al poner en marcha los trabajos de la Semana del Agua, con el tema “Agua y Comunicación”, el funcionario dio a conocer que diariamente entran en la red de agua potable capitalina 32 mil litros por segundo, los cuales serían suficientes para abastecer 300 litros por habitantes, pero la realidad es que el consumo promedio apenas llega a 177 litros, debido al desperdicio.

 

 

 

Por otra parte, en la cantidad de agua utilizada, podemos deducir que es lo contrario, porque en mi registro mayor, la cantidad de agua utilizada es menor a diferencia de los demás, por la cantidad mayor de la materia prima de las otras actividades. Ahora bien, los productos usados fueron inorgánicos y repercuten en la trata del agua al desecharla, porque dañan el medio ambiente; sin embargo, se da pauta a la sobreexplotación del agua en la reutilización, ya que no se desaprovecha ésta y tratamos de cambiar algunas conductas para tomar decisiones en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Por consiguiente, la escasez del agua afecta los problemas sociales para discutir la obtención de la misma en las comunidades y en la realización de las actividades cotidianas, por lo que, también es ocasionado por las propias autoridades.

 

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

 

Artículo 4˚: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y accesible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, además, establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

 

Artículo 27: Las aguas son propiedad de la Nación y se establezcan las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno (poder ejecutivo, legislativo y judicial). Hace mención que la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos, se realizarán mediante permisos otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes que los respaldan.

 

Artículo 115: Los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.