No obstante, hoy en día el proyecto está lejos de ver la luz y, por el contrario, el cierre de sus compuertas ha provocado una grave emergencia ambiental que, de acuerdo a los expertos, todavía no ha tocado techo.

Otra inquietud que surge es si la obra tuvo en cuenta o ignoró, dentro de su etapa de socialización, el concepto de las autoridades ambientales y territoriales de cada uno de los departamentos de la región Caribe, que directa o indirectamente se verían afectados por la desviación del Cauca, río que cubre más de 180 municipios de Colombia y que tiene una población a su alrededor de 10 millones de personas. 

O sobre las competencias del Consejo Nacional del Agua, instancia creada por el expresidente Juan Manuel Santos, que articularía y coordinaría la incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en la planificación sectorial. 

Lo cierto es que más allá de la burocracia y de las competencias sobre el manejo de los recursos hídricos en el país, la Hidroeléctrica Ituango decidirá indirectamente cuándo aumentar o no el caudal del río Cauca, lo que ocasionaría cambios en el río Magdalena y afectaría a los municipios y pobladores de los pueblos ribereños, cuyo sustento está basado principalmente en la pesca.

El directivo fue enfático al afirmar que no hubo consultas a las autoridades de las cuencas bajas al momento de la aprobación de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). “En ninguna parte y por ningún lado a nosotros nos consultaron sobre el proyecto. No es que la norma diga que lo tenían que hacer, pero sí tenían la obligación de tener en cuenta los potenciales impactos que se pudieran presentar en las cuencas bajas”, sostuvo Escolar.

Añadió que lo que ocurre en Hidroituango es consecuencia de una serie de situaciones “imprevistas y fuera de lo normal”. Precisó que el estudio de impacto ambiental estableció que se debía mantener un remanente en el Cauca de al menos 300 metros cúbicos por segundo.