Víctor regresó a la casa de la familia Flórez Arciniegas y entregó el cilindro lleno al Sr. Luis Carlos Elías Castro, yerno del señor José Antonio Flórez Alvarado (q.e.p.d.), quien lo tomó y lo puso sobre una mesa y se acostó a dormir. Aproximadamente a las 11:00 a.m., el cilindro explotó solo, sin que nadie lo hubiese manipulado.

Al momento de la explosión, el señor José Antonio Flórez se encontraba arreglando su auto en la puerta de la casa. Ese mismo día fue internado en el Hospital San Juan de Dios, y murió el 27 de noviembre de 1990.

Por conducto de apoderado judicial, la demandada compareció al proceso en el que además de oponerse a las pretensiones y manifestar no constarle la mayoría de los hechos, formuló llamamiento en garantía a Seguros Comerciales Bolívar S.A. por haber tomado la demandada con esta aseguradora, un seguro de responsabilidad civil extracontractual hasta por la suma de $150 millones, según la póliza 1652. 

B. La primera instancia concluyó con sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda, porque el a quo consideró que a pesar de la existencia del accidente, no se puede afirmar que el cilindro de gas fue el que lo ocasionó. Los actores impugnaron en apelación la decisión.

Sin verificar que fue lo que generó el estallido del cilindro, el Tribunal acusó a Gases del Caribe S.A. como culpable de los daños causados, basándose en testimonios de testigos. Se concluye que ninguno de estos presenció el momento en que el cilindro estalló y no saben cuál fue la causa de la explosión. 

Se acusa al Tribunal de haber pasado por alto la inspección judicial. En el dictamen pericial se afirma que en las instalaciones de Gases del Caribe ‘la plataforma de llenado se hace con las técnicas requeridas’, esto afecta las versiones de los testigos que aseguran que "se llenan a ojo" o "se llenan sin medidor"

Se expresa que el Tribunal cometió error de hecho al considerar, con base en el recibo 12344 y en declaraciones de Nieves, Elías y Mendoza, que el cilindro de gas fue comprado a Gases del Caribe. Cuando lo que en realidad se adquirió fue un bono para poder llenar el cilindro.

No existe prueba de que por hecho o culpa de algún dependiente de Gases del Caribe se haya producido la explosión. Se menciona que el gas propano por sí solo no genera incendio, ya que para esto es necesario producir una chispa que al ponerse en contacto con el gas lo enciende y hace explotar si está encerrado. 
En el dictamen pericial se dijo que el cilindro estalló porque su base estaba corroída y las paredes metálicas se habían debilitado, hecho que no puede atribuirse a Gases del Caribe.

Existió culpa de las víctimas, ya que permitieron que en una mesa de noche se colocara un cilindro de gas que como mencionó Nieves Mejía había quedado llenado en exceso, esto obligaba a reducir el monto de la indemnización, según lo establecido en el art.2357 del Código Civil.

El Tribunal sólo verificó que la póliza de seguros estuviera vigente para la fecha del hecho y que éste se encontraba cubierto por la póliza, pero sin determinar cuál era el valor que aseguraba Seguros Comerciales Bolívar S.A., si se había o no pactado una distribución de los riesgos entre varias compañías, si el riesgo estaba excluido o no, si se había pactado deducible o franquicia. 
El tribunal no notó al momento de formular el llamamiento en garantía a Seguros Comerciales Bolívar S.A., en virtud del cual esta aseguradora asumía el 50% del riesgo y la prima y el otro 50% era asumido por La Nacional de Seguros, pacto en el que expresamente se contempló la distribución en esa misma proporción, de los siniestros amparados por la póliza, y la designación de una compañía líder (Seguros Comerciales Bolívar S.A.) a cuyo cargo estaba “la administración y atención de la póliza”.  

Por consiguiente, la omisión del Tribunal constituye a no dudarlo un evidente error de hecho que lo condujo a la violación de los artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio, pues pactado el límite de la responsabilidad de cada compañía al 50% de la suma asegurada y estipulado que, mediante el deducible pactado, la asegurada participase de la pérdida acaecida por el siniestro indemnizable, debió limitar la condena a la compañía aseguradora llamada en garantía, no “hasta el monto de la suma asegurada”, sino que, partiendo de allí (la suma asegurada es $150.000.000) y atendiendo al coaseguro (50% de esa suma) y al deducible (10%) la limitase hasta una cantidad que no podía entonces pasar de $67.500.000. 
Se debe tener en cuenta que el daño moral fue tasado en un patrón (oro) que hace a esta condena indeterminada pero determinable. Esto tendrá efectos en el monto exacto que debe asumir la llamada en garantía.

El cargo entonces, prospera.