Es obvio que este anuncio tiene una fuerte carga simbólica de cara al futuro de la industria automovilística estadounidense y global. Sin embargo, difiere bastante de la política llevada a cabo en la Unión Europea. Lo que ha hecho el presidente Biden es llegar a un «acuerdo no vinculante» con los tres mayores fabricantes de coches del país, sin establecer una fecha límite para eliminar gradualmente los vehículos con motor de combustión o una ley que obligue a ello. Esta es quizá la diferencia más importante con respecto al Pacto verde de la unión Europea, que sí ha creado un marco legislativo para eliminar de facto los coches nuevos con motor de combustión en el año 2035.

La Orden Ejecutiva de Biden también planea poner en marcha nuevas normas a la hora de medir el consumo de combustible y emisiones para «ahorrar dinero a los consumidores, reducir la contaminación, mejorar la salud pública, promover la justicia ambiental y hacer frente a la crisis climática».

Por esa razón, el acuerdo ha tenido críticas de todos los colores. Senadores Demócratas como Gary Peters han visto con buenos ojos que haya flexibilidad (sin que se establezca una prohibición clara), pero al mismo tiempo creen «necesario establecer objetivos más ambiciosos». Por su parte, Dan Becker, director de Safe Climate Transport Campaign, ha criticado el plan con cierto humor ácido: «las promesas voluntarias de los fabricantes de automóviles hacen que los propósitos de Año Nuevo para perder peso parezcan un contrato vinculante legalmente»