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• Fortalecimiento de la legislación existente: Revisar y actualizar las leyes y normas que regulan las áreas protegidas y la tenencia de tierras para garantizar su coherencia y efectividad.

• Creación de nuevos instrumentos legales: Desarrollar instrumentos como planes de manejo de áreas protegidas participativos, que incluyan la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones.

• Reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas: Garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales colectivos de los pueblos indígenas, en línea con los estándares internacionales.

• Establecimiento de mecanismos de consulta previa: Asegurar que las comunidades locales sean consultadas de manera libre, previa e informada en cualquier decisión que pueda afectar sus derechos y territorios.

• Creación de un marco institucional sólido: Fortalecer las instituciones encargadas de la gestión de las áreas protegidas y la resolución de conflictos relacionados con la tenencia de tierras.

• Promoción de la gobernanza multiactor: Fomentar la participación de diversos actores (gobierno, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, sector privado) en la gestión de las áreas protegidas.

• Establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos: Implementar mecanismos ágiles y justos para la resolución de conflictos relacionados con la tenencia de tierras, como la mediación y la conciliación.

• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias: Apoyar la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias para que puedan defender sus derechos y participar en la gestión de los recursos naturales.

• Promoción de la educación ambiental: Implementar programas de educación ambiental para sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la conservación y la gestión sostenible de los recursos naturales.

• Desarrollo de alternativas económicas sostenibles: Promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles que permitan a las comunidades mejorar sus condiciones de vida sin comprometer la conservación de los ecosistemas.

Es importante destacar que la elección de los mecanismos de protección de derechos más adecuados dependerá del contexto específico de cada área protegida y de las particularidades de los conflictos existentes.