Otro factor que contribuye al desempleo juvenil es la insuficiencia de políticas públicas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. En muchas zonas rurales, por ejemplo, los jóvenes no tienen acceso a programas de capacitación o a redes de apoyo que les permitan desarrollarse profesionalmente.

Además, el desempleo juvenil incrementa el riesgo de que los jóvenes recurran a actividades ilegales como medio de subsistencia. La falta de oportunidades laborales fomenta la participación en la economía informal, donde los trabajos son inestables y mal remunerados, sin acceso a beneficios sociales o protección laboral.

Por otro lado, la compasión se manifiesta en el reconocimiento del sufrimiento que provoca el desempleo en los jóvenes y en la toma de medidas para aliviar esta situación. Las comunidades deben fortalecerse mediante redes de apoyo, programas de mentoría y desarrollo personal que brinden a los jóvenes las herramientas necesarias para mejorar su futuro.

Otro mecanismo de protección relevante es el uso de las acciones de tutela en casos donde se violen los derechos al trabajo y a la educación. En situaciones donde no se garantizan estos derechos, los jóvenes pueden acudir a las Defensorías del Pueblo o Tribunales de Derechos Humanos para exigir la protección de sus derechos.

Además, la creación de observatorios laborales juveniles puede funcionar como una herramienta de monitoreo para garantizar que los derechos de los jóvenes sean respetados en el ámbito laboral y que las leyes laborales sean justas y equitativas.