“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Los contratos son obligatorios, y las obligaciones nacidas de los mismos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.

Su obligatoriedad se deriva de la voluntad de las partes, sancionada y amparada por la ley, no del corroborante religioso del juramento.

Esta obligatoriedad se hace extensiva a todas las consecuencias que, aun no expresadas, se deriven de la naturaleza del contrato, conforme a la buena fe, al uso y a la ley.

Como consecuencia de la obligatoriedad del contrato no pueden dejarse la validez y el cumplimiento del mismo al arbitrio de uno de los contratantes.

La Constitución recoge parcialmente la interacción entre derecho interno y Derecho Internacional. Se remite a señalar límites en el ejercicio de potestades públicas (artículo 5), tópicos de competencias para la conducción de relaciones internacionales (artículo 32), aspectos procedimentales en la aprobación o rechazo de tratados y trámites anexos (artículo 54) así como confusamente los controles constitucionales posteriores (artículo 93). Y todo esto, reducido sólo a normas convencionales.

Sin perjuicio de la labor que la jurisprudencia ha asumido en la incorporación y aplicación de las fuentes consuetudinarias y los Principios del Derecho, se requieren claridades normativas mayores.

Si sólo nos referimos por ahora al derecho convencional, resulta imperioso dilucidar la cuestión de la jerarquía y de la adecuación. O dicho, en otros términos, el efecto en el ámbito interno de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, evitando atribuir significados donde la norma internacional no los establece. El punto de partida básico es la obligación de cumplimiento que pesa sobre el Estado al ratificar instrumentos internacionales. Ahora bien, observados los artículos mencionados, la obligación es estrictamente de cumplimiento. Aspectos de jerarquía, forma y mecanismos de incorporación o cumplimiento son un asunto que de no ser explicitado en la norma internacional queda a disposición del sistema interno.

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece como atribución de la Corte Constitucional la de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley (art. 241, numeral 10 CP). El control de la Corte es respecto de la ley y del tratado y su conformidad con la Constitución. Se trata de un control preventivo posterior a la ley aprobatoria pero anterior a la manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado mediante las formas previstas por el Derecho Internacional.
De otra forma quiero compartir como se lleva a cabo en otros países como:

- Dominique Rousseau cita una sentencia de 1985 en Austria en que el Tribunal se fundamentó en el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones de una ley relativa a las prohibiciones de residencia que no aportasen las garantías suficientes al respeto de los derechos fundamentales de los individuos.

- En Eslovenia, la Constitución otorga una competencia expresa al Tribunal constitucional para controlar la conformidad de las leyes y otros actos reglamentarios con los tratados internacionales y con los principios generales de Derecho Internacional.

- En España se menciona por Dominique Rousseau la sentencia del Tribunal constitucional de 15 de junio de 1981. En este caso, un oficial del ejército víctima de una medida disciplinaria alegó la falta de garantías de defensa en el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. España alegó una reserva que hizo al Convenio Europeo de Derechos Humanos en el sentido de excluir el régimen disciplinario de las fuerzas armadas de la aplicación del citado Convenio.

- El Consejo Constitucional francés consideró que no le correspondía examinar la conformidad de una ley con las estipulaciones de un tratado o acuerdo internacional en decisión de 15 de enero de 1975.

Y otros países que se podrían destacar y compartir respecto a este control constitucional sobre los tratados.