Asimismo, desde la perspectiva del Estado de Derecho, esta ley pone en tensión principios fundamentales como la igualdad ante la ley y el derecho a la justicia. El estado está obligado a investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú. Conceder amnistía podría vulnerar el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación, así como debilitar la seguridad jurídica, ya que modifica procesos y sentencias ya establecidos.

Asimismo, implica que todos los ciudadanos, sin excepción, estén sometidos a la ley y que las instituciones actúen respetando las garantías constitucionales. Por ello, medidas como esta pueden generar desconfianza en el sistema de justicia, percepción de impunidad y debilitamiento de las instituciones democráticas.

Nos lleva a reflexionar sobre cómo compatibilizar el respeto a los derechos humanos, el principio de legalidad y la necesidad de reconciliación nacional sin sacrificar las garantías constitucionales ni los derechos de las víctimas.