El Catatumbo es una subregión estratégica con una economía informal centrada en cultivos ilícitos como la coca, minería ilegal, y actividades de contrabando. Hay una marcada dependencia de estas economías por falta de alternativas productivas legales.

POLITICO:

La débil presencia estatal, la fragmentación institucional, el incumplimiento de acuerdos, y la falta de visión integral han creado un entorno donde los grupos armados ejercen control político y social. Las alcaldías carecen de capacidad técnica y recursos.

SOCIAL:

Alta tasa de pobreza, estigmatización del campesinado, desconfianza en las autoridades, reclutamiento forzado de menores, y fractura del tejido social son problemáticas constantes. Hay además un patrón de violencia naturalizado como respuesta a conflictos.

CULTURAL:

La violencia ha afectado profundamente la identidad cultural de las comunidades. A pesar de esto, persisten expresiones culturales como las asociaciones campesinas y los resguardos indígenas, que podrían ser clave para la reconciliación y la resiliencia social.

Proyectos de agroindustria local: transformación del cacao, café, y frutales, con encadenamientos productivos y mercados solidarios.

Zonas de Reserva Campesina: fortalecimiento del modelo territorial con autonomía, seguridad jurídica, y sostenibilidad.

Educación técnica y rural:

formación en agroecología, turismo rural y economías circulares.

Lideradas por docentes, con enfoque étnico, ambiental y de género.

Proyectos culturales comunitarios:

Coros, cine comunitario y narrativas locales para reconstruir memoria.

Redes comunitarias de cuidado: Especialmente en salud, infancia y personas en riesgo de reclutamiento.

Espacios de participación:

Consejos veredales y comunitarios articulados con instancias de planeación.

No solo con fuerza pública, sino con salud, educación, justicia y vías.

Articulación interinstitucional:

Evitar duplicidades y vacíos, con enfoque territorial diferenciado.

Gobernanza con participación: Presupuesto participativo rural y veedurías comunitarias.

Contratación transparente y local: Promover empleo y confianza institucional.

Protección a líderes sociales:

Incluyendo a mujeres, indígenas y jóvenes rurales.

Centros de justicia móvil y casas de derechos:

Acceso rápido a rutas de atención y protección.

Campañas de prevención del reclutamiento forzado:

Con arte, cultura y deporte.