Los conflictos en México por el dominio del agua potable derivan de corrupción, intereses de empresas multinacionales, falta de política sólida en seguridad nacional en la cual ese recurso se convierte en objetivo de expropiación y control del sistema neoliberal, coinciden expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales.
“El desabasto o escasez del agua no sólo denotan el incumplimiento de la obligación del Estado, sino que atentan contra la seguridad nacional del país, ya que dan lugar a la desigualdad e inestabilidad sociales, poniendo en peligro el orden social imperante”, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El acceso al agua subterránea en forma suficiente y salubre está en riesgo por lo que plantea asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para atender la crisis del agua, al considerar que “el recurso hídrico es considerado como estratégico y está calificado como un asunto de seguridad nacional en la Ley de Aguas Nacionales (LAN)”.
Refiere que la Ley de Seguridad Nacional señala que el Estado se rige por principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, como el derecho humano al agua.

Establece que los conflictos por el agua afectan el bienestar público y representan una amenaza a la seguridad nacional, la cual “se mantendrá en la medida en que los problemas públicos, como el del agua, sean erradicados, controlados o minimizados”.

Linda Yáñez Pérez –maestra en política– y Erick Aguilar Obregón –doctorante en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)– consideran al agua como un elemento constitutivo de seguridad nacional y  advierten el potencial para convertirse en un problema social por desabasto, contaminación e inequidad en su distribución.

“En la actualidad, el discurso nacionalista y de justicia social que pesaba sobre recursos como el agua ha quedado en el olvido y el hídrico ha continuado su tránsito hacia un lugar que lo objetiva como un elemento de diferenciación y exclusión social”, destacan.

En su análisis El agua en México, recurso estratégico de seguridad nacional, señalan que la disponibilidad de agua  establece una clara de limitación entre un grupo social que goza de satis factores e ingresos económicos decorosos, y otro marginado económica y ambiental mente.

En las consideraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, dada a conocer en junio de 2017, la ASF señaló que en 371 de 653 acuíferos del país no se evaluó la calidad del agua, por lo que se desconoció la condición de esos cuerpos hídricos; se vigiló las extracción del subsuelo solo en el 1.7 por ciento de 275 mil 300 concesionarios registrados, y no se inspeccionó la descarga de aguas residuales en cinco de cada seis acuíferos del país.

Asimismo, la Conagua sólo realizó dos de 13 proyectos de recarga artificial, insuficientes para atender los acuíferos con escasez del recurso; no publicó 99 decretos de veda y 234 reglamentos de protección de 333 cuerpos hídricos, por lo que, a juicio de la ASF, no logró el ordenamiento de usos del agua ni consideró establecer declaratorias de rescate y reserva del recurso en los cuerpos hídricos que presentaron las condiciones para ese propósito.

Lo anterior, aunado a que el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, que el 37 por ciento del agua se extrae del subsuelo y que el 80 por ciento del agua de buena calidad representa un riesgo para garantizar el suministro a la población del país, en especial para 60 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados.

La ASF advierte que de persistir la sobreexplotación y deterioro de las aguas subterráneas, las dificultades para la extracción, tratamiento y traslado del agua aumentarán debido a la creciente demanda y a la escasez del recurso, con lo que se estima que, para 2050, se dispondrá de 377.7 m3/hab/año, lo que representa el 81.7 por ciento menos que la cantidad disponible en 1962.

Resalta que de 731 cuencas hidrológicas y 653 acuíferos que existen, 102 fueron identificados con déficit de disponibilidad media anual de agua. De las 1 mil 206 concesiones para aprovechamiento de las aguas superficiales otorgadas, 4.1 por ciento (50) se otorgaron en cuencas con déficit. Y de 8 mil 87 concesiones para el uso y aprovechamiento de aguas subterráneas, el 13.5 por ciento (1091) se autorizó en cuencas con déficit.

“Estos datos muestran que “ni la Conagua ni los 13 Organismos de Cuenca que concesionaron las aguas superficiales y subterráneas se aseguraron de que existiera la disponibilidad de las cuencas y acuíferos del país, lo que no contribuyó a preservar el vital líquido”, advierte el máximo órgano de fiscalización del país.

La auditoría también destacó irregularidades en el manejo presupuestal de la Conagua en 2015, que ascendieron a 8 mil 301 millones de pesos, monto no aclarado que corresponde a contratos con empresas, pagos indebidos e improcedentes.

En relación al desempeño de la Conagua, la auditoría señaló que “las acciones realizadas fueron insuficientes para gobernar el agua, lo que no favoreció a la preservación del líquido, ni  a enfrentar los riesgos a la seguridad nacional en perjuicio de 118.5 millones de mexicanos”.

Dentro de los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, en el debate "El Agua en México: retos y soluciones", el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, resaltó que “buena parte del país cuenta con estrés hídrico y otra con sequías. Hay problemas serios de contaminación y de desperdicio”, señaló.

Por ello, en la UNAM hay importantes esfuerzos para estudiar esta temática, dentro de la Red del Agua y el Pumagua, que tiene un programa de manejo, uso y reúso del líquido en la esta casa de estudios, con la participación de toda la comunidad universitaria.

En el auditorio José Luis Sánchez Bribiesca de la Torre de Ingeniería Lomelí resaltó que “las soluciones que se obtengan de este foro se harán llegar al Congreso y a las instancias encargadas del manejo de los recursos hídricos”

Cotler subrayó que la integridad de las cuencas depende de su gestión. “Debemos entender que el líquido disponible es sólo el que se extrae sin deterioro del ecosistema”.

Eugenio Barrios, del Programa Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza en México, expuso que hay una subconcesión de este recurso en México, y ello nos tiene en riesgo de seguridad hídrica.

Dos terceras partes del país están en zonas desérticas y semidesérticas, y éstas contienen al 77% de la población nacional, indicó Humberto Marengo Mogollón, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. “El sureste del país tiene agua, pero un menor desarrollo industrial”.

Luis Agustín Álvarez Icaza, director del Instituto de Ingeniería (II), agregó que se debe corregir la gestión del agua, invertir en tecnologías prioritarias y lograr la participación de la sociedad civil.

En la mesa Acceso equitativo al agua potable y saneamiento, Blanca Jiménez Cisneros, investigadora del Instituto de Ingeniería y miembro de la División de Ciencias del Agua de la UNESCO, recordó que el derecho humano a este recurso es universal y que el agua potable y el saneamiento son la base del desarrollo de un país.

Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales, comentó que de acuerdo a un estudio de expertos de 10 zonas metropolitanas del país, hay consenso en que para 2035 la situación del agua en México será grave. “Pero no hay acuerdos respecto a cómo abordar el problema, existe una polarización muy grande. Este tema nos debe ocupar desde ahora, se necesita un enfoque integral, pues sin agua no hay futuro”.

En esta tabla podemos darnos cuenta de que realizamos muchas actividades que consumen agua y a laves contaminamos con mucha frecuencia en mi caso, casi todas las puedo llegar a realizar en un día y falto el trapear, el lavar el baño entre otras 

La mayoría de los productos que utilizamos contaminan de una forma inorgánica ya que prácticamente son productos químicos 

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Legislación secundaria

En cuanto a la legislación secundaria, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del Ejecutivo.

La LAN se promulgó en 1992 y su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2016.

Otras leyes secundarias se relacionan también con el tema de agua, como la de cambio climático, la de desarrollo forestal sustentable, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley minera y otras. La Ley Federal de Derechos, por su parte, clasifica las zonas de disponibilidad de agua y determina las tarifas por uso, así como el cobro por descarga de aguas residuales con base en su calidad y la de los cuerpos de agua receptores.

A partir de que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4º constitucional, está pendiente la discusión de la Ley General de Aguas que lo normará.

No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes:

• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.

• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.

• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.

• Las malas condiciones de la infraestructura.

• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana.

• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, sin sanciones.

• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético.

• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas.

Nueva Ley de Aguas en México

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