El artículo 89 define a la rendición de cuentas como: "un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarías y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos".

Sus principios fundamentales son:

transparencia: informar y explicar las acciones de manera clara y abierta.

Responsabilidad: ser responsable de las acciones y decisiones tomadas.

Ética: actuar con integridad y honestidad.

Impartialidad: garantizar la imparcialidad en la toma de Decisiones y acciones.

El objetivo principal es que las personas o entidades actúen de manera trasparente, responsable, ética y eficaz

El objetivo de estas obligaciones es garantizar que los representantes públicos actúen en beneficio de la sociedad y respondan adecuadamente ante los ciudadanos que les han conferido el poder a través del voto popular.

 Se debe rendir cuentas de la siguiente manera:

El período para rendir cuentas puede variar dependiendo del contexto, la normativa legal aplicable y el ámbito en el que se desempeñen las autoridades electas tales como: elecciones periódicas, informes anuales o auditorías y control interno.

Autoridades electas: Son responsables de rendir cuentas sobre sus decisiones, acciones y el uso de los recursos públicos.

 Fiscaliza general de la República: Desempeña un papel fundamental en la rendición de cuentas al investigar y sancionar los actos de corrupción y malversación de fondos públicos.

 Organizaciones de la sociedad civil: Actúan como observadores y promotores de la rendición de cuentas al exigir y monitorear la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.

 Tribunales de cuentas y entidades de control externo: evalúan la gestión pública y emiten dictámenes sobre la legalidad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos.