Acceso a Defensa Adecuada: Garantizar que los propietarios acusados tengan acceso a una defensa legal adecuada para proteger sus derechos y asegurar un juicio justo.

Responsabilidad del Propietario: Asegurar que las leyes sean claras en cuanto a la responsabilidad penal de los propietarios por los actos ilícitos de sus inquilinos.

Debido Proceso: Garantizar que los procedimientos judiciales respeten los derechos de los propietarios y que no se les responsabilice sin pruebas concretas.

Responsabilidad Penal Directa:

Participación o Conocimiento: Penalizar a los propietarios solo si se demuestra su participación activa o conocimiento directo de las actividades ilícitas.

Pruebas Suficientes: Exigir pruebas concretas y específicas para proceder con una acusación penal contra el propietario.

Cláusulas Contractuales: Incluir cláusulas en los contratos de arrendamiento que prohíban actividades ilícitas y permitan la terminación inmediata del contrato en caso de incumplimiento.

Verificación de Inquilinos: Implementar procedimientos de verificación de antecedentes de los inquilinos, respetando los límites legales.

Colaboración con Autoridades:

Denuncias y Reportes: Fomentar la cooperación de los propietarios con las autoridades para la denuncia de actividades sospechosas.

Asesoría y Formación: Proveer formación a los propietarios sobre cómo identificar y manejar situaciones sospechosas.