Por otro lado, la falta de acceso y el rezago en el suministro del recurso rompen por completo el concepto del agua como un derecho universal, consagrado en párrafo seis artículo cuatro de la Constitución Política de México, donde se señala explícitamente la obligación que tienen las autoridades para proveer el líquido a los mexicanos.

En Jalisco, los datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019, muestran que en cuanto a los servicios básicos en la vivienda, el 2.5 por ciento de la población tapatía no tiene acceso al agua, mientras el 1.5 por ciento no cuenta ni siquiera con drenaje.

Además, de las 10 mil 948 localidades con las que cuenta el estado de Jalisco, sólo dos mil 525 cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable; en donde 129 localidades comparten la misma fuente de abastecimiento, de acuerdo con información de 2018 publicada por la Comisión Estatal del Agua.
En contraste con la movilización ciudadana, el académico dijo que no hay prioridad de las autoridades por atender la problemática del agua, a pesar de que tienen conocimiento e información técnica suficiente sobre la dimensión de la crisis que enfrenta el estado, como el relacionado con la contaminación en el sistema de Chapala.

Ya que en nuestras casas hacemos uso de varios productos como: detergente para trastes, detergente para ropa, líquido para limpiar pisos, para limpiar baños, para destapar coladeras, cloro, amoníaco, blanqueadores… y la lista es interminable. Todos estos productos tienen una guía o un instructivo de uso, el cual se pasa por alto en muchas ocasiones.
El problema no termina ahí. Además de excederse de la cantidad de producto por litro de agua, se hace uso irracional de esta misma. Como resultado el impacto de la contaminación es mucho mayor; hace que el daño de los elementos dañinos maximicen su impacto en el ambiente.
¿Cuál es el impacto de estos productos? De acuerdo con la especialista un 20% de los agentes que reducen el nivel de oxígeno del agua están vinculado al uso de detergentes convencionales. Estos agentes impiden el correcto tratamiento de agua para potabilizarla. Si sumamos el uso excesivo de agua en el hogar, ese impacto se extiende.

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.