El ámbito multilateral

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo constituye, desde 2007, el proceso multilateral que alberga las discusiones sobre los vínculos entre migración y desarrollo, pero sus conclusiones y recomendaciones no se han traducido en políticas públicas.

México ha promovido la discusión de múltiples aspectos vinculados con la migración internacional, la necesidad de construir un enfoque integral que de manera equilibrada incorpore la migración, el desarrollo y los derechos humanos, y que tenga como centro a la persona migrante.la Organización de las Naciones Unidas asuma un papel decidido y oriente las acciones de sus agencias, fondos y programas a fortalecer las acciones de cooperación sobre migración internacional. Ante la celebración del II Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en octubre de 2013, México ha propuesto que el Diálogo concluya con la adopción de un documento de consenso que 3 refleje el compromiso de la ONU con esta visión y promueva la integración de la migración internacional en la agenda de desarrollo post-2015.

La acción del Gobierno de México ante su diáspora.

México ha construido un sólido andamiaje de acuerdos y políticas instrumentados no sólo por la red consular en Estados Unidos, sino por sus representaciones diplomáticas en todo el mundo, para la asistencia y protección a personas mexicanas en el exterior.La persona migrante como sujeto de derechos

En 2011, el Estado Mexicano actualizó su marco jurídico-normativo ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de migración. La Ley de Migración representa un importante avance en la protección a los derechos humanos de los migrantes: despenaliza la migración no documentada o irregular y simplifica los procedimientos migratorios.

Retos en el diseño y adopción de políticas públicas

En congruencia con la evolución del fenómeno migratorio en nuestro país, es indispensable instrumentar políticas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las dimensiones humana, social y económica del fenómeno y su repercusión en el desarrollo. Si bien se aprecia que la intensidad de los flujos migratorios de mexicanos hacia el exterior ha disminuido, es importante tener en cuenta la persistencia de los transmigrantes de otros países con la intención de llegar a Estados Unidos y Canadá.

La pobreza, en palabras del renombrado economista Amartya Sen, no es simplemente la falta de ingresos; es la carencia de la capacidad de las personas para participar plenamente en la sociedad y enriquecer sus vidas (Sen, 1999). En este contexto, el objetivo de este artículo es llevar a cabo un breve estudio de la pobreza en México, destacando su naturaleza multidimensional y la necesidad de abordarla desde un enfoque de creación de capacidades. Además, se exploran las dimensiones culturales y espirituales de la pobreza, con un enfoque específico en las comunidades indígenas que han enfrentado históricamente desigualdades significativas y marginación en el país.

POBREZA EN MÉXICO: UN DESAFÍO PERSISTENTE

La pobreza en México ha persistido a lo largo de su historia y ha sido objeto de debate y análisis continuos. Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico en las últimas décadas, sus beneficios no se han distribuido de manera equitativa. Esto se refleja en las estadísticas de pobreza, que indican que una proporción significativa de la población mexicana sigue viviendo en condiciones precarias.

Por citar una de las más importantes, la medición de la pobreza en México encuentra gran parte de su sustento en el ingreso per cápita. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2022), entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9 a 36.3 %, lo que representó un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas.

En otras palabras, en 2022, aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una carencia social y tenían un ingreso mensual insuficiente para adquirir alimentos, bienes y servicios necesarios (valor de las canastas alimentaria y no alimentaria).

Si bien estos resultados pueden resultar alentadores, es importante mencionar que desde hace 14 años en México se ha establecido la necesidad de evaluar la pobreza como una problemática multidimensional, es decir, que además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos, utiliza varias dimensiones adicionales sobre las cuales debe focalizarse la política social.

Bajo estos parámetros, un indicador alarmante ha sido el incremento de personas que carecen de acceso efectivo a servicios de salud, pasando de 16.2 a 39.1 % entre 2018 y 2022, es decir, de 20.1 a 50.4 millones de personas.

Es importante señalar que la pobreza en México no es uniforme. Existen diferencias significativas en la incidencia de la pobreza entre las áreas urbanas y rurales, así como entre los estados del país. Además, algunas poblaciones enfrentan un riesgo mayor de caer en la pobreza y aquí es donde la cuestión indígena cobra relevancia.

POBREZA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

En México no todas las personas pobres son indígenas, pero la gran mayoría de las personas indígenas padecen graves condiciones de pobreza. Sin lugar a duda, las comunidades indígenas en México han enfrentado históricamente condiciones de pobreza desproporcionadas.

A menudo, estas comunidades se ubican en áreas rurales y remotas, donde el acceso a servicios básicos, educación y atención médica es limitado. Además, la discriminación y la marginación históricas han exacerbado las condiciones de pobreza que enfrentan.

Las causas de la pobreza en las comunidades indígenas son diversas y profundas. Una de las principales causas históricas ha sido la pérdida de tierras y recursos que fueron arrebatados a estas comunidades. Durante la colonización española y la expansión del México moderno, las tierras que tradicionalmente pertenecían a los pueblos indígenas fueron usurpadas, lo que los dejó sin la base de su sustento. Esta pérdida de tierras y recursos ha debilitado su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas y ha contribuido a la perpetuación de la pobreza.

Otra causa de la pobreza en este sector de la población es la discriminación y la marginación. A lo largo de la historia de México, las poblaciones indígenas han enfrentado estigmatización y exclusión en diversas formas. Esto se ha traducido en un acceso limitado a oportunidades educativas, de empleo y de participación en la vida política y social del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2017), un tercio de nuestro país (34.1 %) cree que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura (Conapred, 2018).

Este dato es sumamente preocupante, ya que la cultura indígena es rica en tradiciones, conocimientos ancestrales y prácticas espirituales que han guiado a estas comunidades y a México entero, a lo largo de los siglos.

La desconexión con nuestras raíces culturales y espirituales erosiona la autoestima y el sentido de identidad de nuestro país, contribuyendo así a la perpetuación de los ciclos de pobreza no solo para las comunidades indígenas, sino también para la población en general.UN ENFOQUE HOLÍSTICO PARA EL DESARROLLO - LA EXPERIENCIA DE PRO MÉXICO INDÍGENA

La Fundación Pro México Indígena / Pro Mazahua es una organización de la sociedad civil mexicana que ha dedicado sus más de dos décadas de trabajo a la mitigación y eliminación de las barreras que restringen el desarrollo desde un enfoque holístico. En este sentido, para Pro México Indígena la pobreza es un problema complejo y multifacético que requiere soluciones integrales.

Este enfoque integral implica no solo abordar las causas materiales de la pobreza, como la falta de acceso a servicios básicos, sino también incorporar dimensiones espirituales y culturales en el proceso de desarrollo. Esto significa reconocer la importancia de la tierra, las costumbres, las tradiciones y demás expresiones culturales como medios para preservar y fortalecer la vida de estas comunidades en el contexto del desarrollo.

La Fundación ha logrado evaluar con éxito y comprobar que este enfoque es sumamente efectivo para combatir la pobreza, por lo que más del 90 % de sus beneficiarios ya han superado estas barreras, desarrollando las capacidades que necesitan para sus contextos particulares.

Si bien estos buenos resultados representan el cúmulo de voluntades de todos los sectores de la sociedad, vale la pena destacar una de las piezas centrales de estos logros: la participación activa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones. Para que el desarrollo sea genuinamente inclusivo y respetuoso de sus necesidades y aspiraciones es esencial que las comunidades indígenas tengan voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas.

El abordaje de la pobreza en México, específicamente su impacto en las comunidades indígenas, nos desafía a no conformarnos con meras observaciones académicas. En lugar de limitarnos a describir un problema, debemos comprometernos a ser agentes de cambio en la búsqueda de soluciones audaces y efectivas.

El trabajo de la Fundación Pro México Indígena nos demuestra que la transformación es posible. Su enfoque en la organización comunitaria, la creación de medios de vida y la creación de capacidades ofrece un modelo que trasciende la pasividad. Es un llamado a la acción que nos insta a abandonar la complacencia y a abrazar la responsabilidad de generar un impacto real.

En última instancia, este enfoque transformador es una invitación a la acción. No podemos quedarnos atrapados en la retórica vacía ni en la mera observación de la pobreza. Debemos ser los agentes de cambio que desafían las convenciones y se atreven a trazar un nuevo camino. En lugar de ser víctimas de las circunstancias, podemos ser arquitectos de un futuro más equitativo y próspero para México y sus comunidades indígenas. La pobreza no es un destino, es un desafío que podemos superar si estamos dispuestos a ser visionarios y disruptivos en nuestra búsqueda de soluciones innovadoras y duraderas.

Otra característica de estos fenómenos es la importancia que tuvieron en las elecciones y en el debate público mexicano a partir del final del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y más aún durante el de Felipe Calderón. Si bien a fines de la década de 1990 los actos de violencia eran percibidos bajo el doble registro de sucesos periodísticos o de arcaísmos sociopolíticos, condenados a desaparecer poco a poco ante el progreso de la democratización y la modernización económica del país, se convirtieron de alguna manera en tema recurrente de debate público. Los diversos actos de violencia se volvieron objeto de numerosas coberturas, a menudo muy sensacionalistas, en diferentes canales de televisión y en señales radiales. Fueron también objeto de informes regulares en la prensa diaria, tanto nacional como regional, así como en la semanal, por ejemplo en la revista de investigación Proceso o en el conteo regular de homicidios y actos de violencia por el diario Reforma. Estos artículos entran en consonancia con los de la prensa internacional, tanto en inglés como en español. Numerosos periodistas mexicanos y anglosajones continuaron además sus investigaciones en ensayos a menudo muy bien informados². Si bien los cientistas sociales que trabajan estas cuestiones han sido a la vez pocos e ignorados por las principales revistas intelectuales, tales como Letras Libres y Nexos, hoy son más numerosos, mientras que las grandes revistas de ciencias sociales organizan números sobre la violencia o le dedican regularmente estudios. El mundo del arte también se ha ocupado de la temática de la violencia y del narcotráfico. Los primeros, sin duda, han sido los cantantes populares de los grupos llamados norteños, el más famoso de los cuales es Tigres del Norte. Lo mismo ha ocurrido con el cine. Por un lado, a través de películas de autor que han conocido una difusión internacional y participado en los más grandes festivales internacionales, tales como Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 2000), La zona (Rodrigo Plá, 2007), El Infierno (Luis Estrada, 2010), e inclusive Miss Bala (Gerardo Naranjo, 2011) y Colosio: el asesinato (Carlos Bolado, 2012); por otro lado, ha habido centenas de narcofilms de serie B filmados con pocos medios, con personajes de la vida real y algunos actores, distribuidos primero en VHS y luego en DVD, como Coca Inc. (Jorge Ortin, 2006), La Hummer negra (Jorge Reynoso, 2005) y muchos otros³.

En este artículo, nos interrogamos sobre las características sociales y la organización de los actores de la violencia, tomando en cuenta no solo a los grupos delictivos, y entre ellos a los narcotraficantes, sino también a la Policía y las Fuerzas Armadas, al igual que los otros círculos sociales que viven en contacto y en connivencia con el mundo de la violencia, sin ser, no obstante, partes activas. ¿Qué relaciones han tenido estos círculos entre sí, tanto en la base de la pirámide social y la clase media como en el medio empresarial y las elites políticas? También examinaré un fenómeno que considero central para comprender el contexto en el que la violencia creció de manera notablemente rápida en los años 2007-2011. No debemos olvidar que las actividades de los narcotraficantes han sido durante mucho tiempo no solo toleradas, sino aceptadas e incluso valoradas por todo un sector de las elites, así como de la clase media y los sectores populares. Adicionalmente, el enriquecimiento ligado al narcotráfico ha sido considerado durante mucho tiempo como una manera legítima de ascenso social o de enfrentar las situaciones socioeconómicas precarias que se registran en este mundo. ¿De qué manera el narcotráfico ha permitido también participar en la adquisición de bienes de consumo, que se han convertido en marcas de reconocimiento social y de éxito? ¿En qué forma estos fenómenos dan testimonio de un vínculo muy especial tanto con la problemática de la igualdad sociopolítica como con la cuestión del lugar de la ley y la autoridad en la comunidad política?.

De los elementos presentados, es claro que la ausencia o emergencia de un campo en torno a un fenómeno como la desaparición de personas no se explica por la magnitud, y que la catástrofe social no se mide en números sino por lo que desestructura, y que el discurso del derechohumanismo no alcanza para hacer emerger un campo. La emergencia de un campo está determinada, entre otros factores, por condiciones epistémicas y políticas, que los fenómenos de violencia y de graves violaciones a derechos humanos se presentan también en las disputas políticas, y que de las fuerzas en ellas presentes depende la articulación o no del campo. Por ello, también resulta fundamental volver a pensar la figura de la víctima, que se presenta en el ámbito político como parte del capital en disputa, y su necesaria transformación en un actor sociopolítico.

La reflexión y recuperación de las experiencias de disputas en torno a la desaparición forzada entre los años de las décadas de 1970 y 1980 resulta fundamental, no sólo para la reflexión académica, sino porque la comprensión y explicación del fenómeno de la desaparición, su desarrollo histórico y sus características presentes, pueden apoyar en la elaboración de estrategias de búsqueda y localización de personas, así como desarticular los circuitos de este crimen. Pero, por otro lado, impedirá que experiencias históricas, que han quedado inscritas en las memorias de diversas comunidades, sean desplazadas de nueva cuenta porque han perdido relevancia frente a la catástrofe presente. Y establecerá un marco en el que se pueda analizar cómo actores históricos son integrados al nuevo campo y qué sucede en ello, por ejemplo, con la categoría de víctima que se superpone a subjetividades previas. Nos encontramos ante un nuevo ciclo de violencia en el que el Estado sigue siendo central, pero ya no como principal ejecutor, sino como parte de un espacio donde se gesta una nueva estructura de gubernamentalidad, con su lógica de violencia específica y con nuevas formas de la desaparición, que exigen repensar el concepto de desaparición forzada. Por ello, resulta fundamental establecer algunas coordenadas, que no pretendan representar figuras jurídicas-penales (tipos ideales), sino que describan y presenten las complejidades de un fenómeno tal como se expresa históricamente y se despliega en el presente, para que a partir de ello se establezcan ciertas condiciones para la rearticulación histórica del concepto de desaparición forzada.