La economía del Catatumbo se basa en actividades agrícolas, destacando la producción de café, cebolla, frijol, yuca y plátano. Además, los sectores pecuario, forestal y minero tienen una presencia significativa en la región.

Sin embargo, la productividad se ha visto afectada por factores como el conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos. Un estudio señala que la región ha sido históricamente golpeada por diferentes agentes del conflicto armado, quienes destinaron el territorio para el cultivo ilícito de estupefacientes y el contrabando.

Aspectos Políticos

El Catatumbo ha sido escenario de disputas por el control territorial entre diversos actores armados ilegales, lo que ha incrementado la violencia y ha obligado a miles de familias a desplazarse. La presencia débil del Estado ha sido una constante, limitándose en muchos casos a la fuerza pública, lo que ha dificultado la implementación de políticas públicas efectivas y el desarrollo de infraestructuras esenciales.

Aspectos Sociales

La población del Catatumbo ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, enfrentando desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y estigmatización. No obstante, la comunidad ha mostrado resiliencia a través de organizaciones sociales que buscan alternativas económicas y promueven la paz. Por ejemplo, iniciativas lideradas por mujeres en El Tarra promueven proyectos agrícolas sostenibles, ofreciendo alternativas al cultivo de coca y fomentando la cohesión social.

Mapeo de Actores en el Catatumbo

La dinámica del conflicto en el Catatumbo involucra a múltiples actores, entre los que se destacan:

• Grupos Armados Ilegales: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC son los principales grupos presentes en la región, disputando el control de rutas del narcotráfico y recursos naturales.

  
  

• Fuerza Pública: El Ejército y la Policía Nacional buscan contrarrestar la influencia de los grupos armados, aunque su presencia ha sido limitada y, en ocasiones, insuficiente para garantizar la seguridad de la población.

• Organizaciones Sociales y Comunitarias: Diversas asociaciones de campesinos, mujeres y jóvenes trabajan en proyectos de desarrollo sostenible, derechos humanos y construcción de paz, enfrentando riesgos por su labor en un contexto de violencia.

• Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales: Entidades como la Agencia de Renovación del Territorio implementan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para mejorar las condiciones de vida en la región.

  
  

Este análisis refleja la complejidad del Catatumbo, una región que, a pesar de enfrentar múltiples desafíos, muestra iniciativas locales encaminadas hacia la paz y el desarrollo sostenible.

Es importante resaltar que Colombia es Estado parte de múltiples acuerdos de derechos humanos que establecen la obligación de proteger los derechos humanos esenciales que aseguren la seguridad tales como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, además, las autoridades tienen la obligación de tomar acciones para sancionar a los culpables de violaciones de derechos humanos y garantizar los derechos de las víctimas a recursos y reparaciones.

Por tal motivo, esas propuestas están determinadas bajo el compromiso de los actores desde el ámbito nacional, al ámbito global, como se menciona a continuación.

Gobierno presidencial:

• Proteger a los líderes sociales en el Catatumbo, a través de la priorización de planes para proteger a las comunidades y organizaciones en riesgo (planes de protección colectiva).

• Garantizar que la fuerza pública elabore y aplique una estrategia efectiva en el Catatumbo para proteger a los habitantes contra los grupos armados, respetando así el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

• Priorizar el desarrollo y puesta en marcha de un plan para evitar el reclutamiento de menores por parte de grupos armados, incluso fortaleciendo el acceso a la educación de niñas y niños colombianos y venezolanos en el Catatumbo.

• Elaborar y llevar a cabo un plan para eliminar las minas antipersonales del Catatumbo, iniciando por zonas cercanas a escuelas.

• Ofrecer un mayor respaldo a los fiscales que investigan delitos ocurridos en la zona rural del Catatumbo, entre otros aspectos, incrementando el tiempo que los helicópteros del Ejército emplean para trasladar a los fiscales que investigan delitos hasta sitios a los que no pueden llegar por tierra por motivos de seguridad.

• Acatar la Declaración sobre Escuelas Seguras, para fortalecer la prevención y la respuesta a los ataques contra estudiantes, profesores y escuelas durante los conflictos armados.

• Garantizar que las entidades gubernamentales implementen una respuesta rápida, adecuada y coordinada para enfrentar los riesgos de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos identificados por la Defensoría del Pueblo en sus “alertas tempranas”.

• Solicitar más ayuda humanitaria internacional para cubrir las necesidades de la población civil del Catatumbo a través de un plan integral destinado a brindar asistencia a personas afectadas por el conflicto armado en el Catatumbo, con particular atención a las poblaciones en alto riesgo de abuso o explotación, incluyendo a los ciudadanos venezolanos desplazados fuera de su país.

• Trabajar con gobiernos municipales y departamentales para garantizar que las personas desplazadas tengan ayuda inmediata del gobierno nacional cuando la capacidad de los gobiernos locales haya sido superada.

• Cooperar con los alcaldes locales para incrementar el presupuesto destinado a las oficinas municipales de derechos humanos conocidas como “personerías”.

Fiscal General:

• Incrementar el número de fiscales e investigadores en el Catatumbo que trabajan en casos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas a defensores de derechos humanos y otros abusos relacionados con el conflicto armado.

• Adoptar medidas para eliminar obstáculos a las denuncias de hechos de violencia y abuso sexual, incluso garantizando el acceso a investigadores y fiscales especialmente capacitados en estos temas, y a espacios privados y confidenciales para presentar denuncias.

• Garantizar la protección de todos los investigadores y fiscales que trabajan en el Catatumbo.

Alcaldes en la región del Catatumbo:

• Brindar albergue adecuado en el Catatumbo a personas desplazadas y víctimas de violencia sexual y cerciorarse de que los centros de acogida protejan a las víctimas y brinden condiciones de vida dignas, y que las víctimas de violencia sexual puedan buscar albergue con familiares y no estén aisladas de sus redes de apoyo.

• Aumentar el presupuesto para las oficinas municipales de derechos humanos conocidas como “personerías”.

Actores humanitarios que trabajan en el Catatumbo:

• Crear, financiar e implementar un plan humanitario que considere y procure atender las necesidades de los habitantes del Catatumbo que están padeciendo las consecuencias del conflicto armado, enfocándose en las poblaciones con alto riesgo de abuso o explotación, incluyendo  a los venezolanos desplazados fuera de su país.

  
  

  Bibliografía

Pappier, J. (2023). La guerra en el Catatumbo. En Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/report/2019/08/08/la-guerra-en-el-catatumbo/abusos-de-grupos-armados-contra-civiles-colombianos-y

1.      Proyectos y programas de inversión social en el Catatumbo.

• El gobierno nacional busca reducir los cultivos ilícitos (coca) por productos sostenibles como es cacao, café, plátano, palma de aceite, producción de caucho natural, además, mediante la creación de cooperativas campesinas se busca comercializar los productos de los pequeños, medianos y grandes productores y asi incrementar la economía de la región.

• Asimismo, para beneficio de los campesinos se busca mejorar las vías terciarias, esto con el fin de que los productores puedan sacar sus productos sin ningún inconveniente y ser entregados a sus consumidores, ya bien sea a nivel departamental, nacional o internacional.

2.      Cooperación internacional para programas humanitarios y de estabilización en el Catatumbo.

• Con el acompañamiento de organismos internacionales como es el caso de la ONU y la Unión Europea, les brindara programas para que los habitantes de esta región se sientan apoyados y puedan dejar del lado voluntariamente los cultivos ilícitos, además, les permitirá contar con asesoría técnica internacional y financiamiento que permitan llevar a cabo proyectos de desarrollo rural.

3.      Usos de recursos del Sistema General de Regalías

• Con este decreto se busca que los recursos del Estado beneficien a la región del Catatumbo para reducir la dependencia de los cultivos ilícitos, esto mediante la construcción de plantas que permitan la transformación del cacao, café, plátano y palma de aceite para poderles dar un valor agregado, además, permitir que los campesinos reciban capacitación y tengan la oportunidad de acceder a créditos para poder invertir en sus cultivos legales.

Por otro lado, otra de las alternativas sostenibles para reducir la dependencia de los cultivos ilícitos en el Catatumbo es

El programa RenHacemos Catatumbo se estructura en dos componentes principales. El primero es un apoyo económico mensual para las familias que eliminen de raíz los cultivos de uso ilícito, con el objetivo de sustituir los ingresos provenientes de la economía ilegal. El segundo es el establecimiento y fortalecimiento de alternativas productivas ambientalmente sostenibles, con cadenas de valor que generen ingresos legales. “Esa economía lícita puede incluir el cultivo de café, cacao, aguacate, piscicultura, entre otros. Es importante mencionar que esto no se quedará solo en la siembra, sino que también se garantizarán condiciones para la transformación agroindustrial y la comercialización de los productos", destacó la directora. Miranda enfatizó que “si no transformamos la economía, no habrá paz en el Catatumbo" (Presidencia, 2025).

Bibliografía

Presidente de la Republica de Colombia. (2025). Decreto 062. Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=172297

 

Presidencia. (2025). Gobierno abre convocatoria en el Catatumbo para que las familias reemplacen cultivos ilícitos por una economía legal y sostenible. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-abre-convocatoria-en-el-Catatumbo-para-que-las-familias-reemplacen-cultivos-ilicitos-por-una-economia-250214.aspx

1. Implementar el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo:

   
   

   Este pacto, esta consolidado en el año pasado 2024, lo que se busca es transformar el Catatumbo en un territorio ordenado, con justicia social y ambiental, respaldado por una red educativa y una estructura productiva que promueva la diversificación y la reconversión productiva, fortaleciendo lo social y con la posibilidad en una construcción de paz territorial. ​

   
   

2. Fomentar actividades culturales y recreativas:

   
   

   La promoción de actividades como la danza, la poesía, el teatro y la gastronomía, puedenn contribuir a la formación para la paz y al fortalecimiento aun mas las redes comunitarias, facilitando la integración y expresión de las comunidades para un mejor vivir.

   
   

3. Implementar medidas de acompañamiento psicosocial:

   
   

   Es fundamental establecer el programa de apoyo a victimas (PAPSIVI) para brindar apoyo psicosocial a las víctimas del conflicto, garantizando su bienestar y facilitando su sana reintegración en la comunidad.

   ​

4. Visibilización y acompañamiento internacional:

   
   

   La presencia de observadores internacionales puede servir como un mecanismo mayor de protección, apoyo a las comunidades y organizaciones campesinas en sus luchas por la defensa de la tierra, el medio ambiente y la garantía de una vida digna en sus tierras

Bibliografía

1. Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo:https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/pacto-social-para-la-transformacion-territorial-del-catatumbo.aspx?.

2. Hortúa, D. C. (2021). Una agenda intercultural para la construcción de paz en el Catatumbo. https://www.redalyc.org/journal/6844/684471954006/html/?.

3. (S/f). Ideaspaz.org. Recuperado el 23 de marzo de 2025, de https://storage.ideaspaz.org/documents/tematico-catatumbo.pdf?.

4. IAP. (2018, diciembre 10). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Catatumbo - IAP. IAP | International Action For Peace; Action Peace. https://www.actionpeace.org/desarrollososteniblecatatumbo/?.

Por lo tanto, el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo ha implementado iniciativas que permitan solucionar las problemáticas de exclusión y violencia, fomentando la cohesión comunitaria y el respeto por las diversidad en el territorio, mediante:

• El dialogo entre las comunidades mencionadas permite visualizar las problemáticas que enfrentan, como puede ser el despojo de sus tierras, discriminación, violaciones, desplazamiento forzado, desapariciones, falta de acceso a oportunidades laborales y educativas, para así fortalecer la participación comunitaria, garantizar el respeto por los derechos humanos, permitiendo así la creación de políticas públicas que permitan subsanar las necesidades y problemáticas por las que atraviesan estas comunidades.

• En cuanto a las etnias (comunidades indígenas) respetarles su identidad como es su cultura, lengua, tradiciones entre otras, además, garantizarles el acceso a derechos fundamentales, como la educación, salud, vivienda, lo cual, contribuye a la construcción de paz, inclusión, reconciliación y al desarrollo equilibrado en el Catatumbo, donde no solo prevalece el respeto por esta comunidad, sino que también son tenidas en cuenta para la toma de decisiones, permitiéndoles así el acceso a oportunidades de índole, económica, social y educativa para poder contribuir tanto el desarrollo de la etnia como a la región en general.

• La inclusión de la población, afrodescendiente, mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, población LGBTIQ y campesinos en proyectos de desarrollo, junto con el acceso a derechos fundamentales como empleo digno, vivienda, salud, educación, contribuye a reducir la desigualdad social y económica, garantiza el respeto de sus derechos, mejorar su calidad de vida y fomenta el desarrollo sostenible.

Bibliografía

Departamento Nacional de Planeación. (2024). Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo: Planear el Desarrollo Regional con las Comunidades en el Gobierno del Cambio. https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/pacto-social-para-la-transformacion-territorial-del-catatumbo.aspx

Contexto general (síntesis)

• Región fronteriza con Venezuela; porosidad de la frontera y economías ilícitas (coca) han facilitado la instalación y disputa de actores armados ilegales (guerrillas, grupos criminales, estructuras paramilitares). Todo ello configura un conflicto prolongado con control territorial y social por parte de estos grupos.

• Consecuencias centrales: desplazamiento forzado, reclutamiento de NNA, violencias (homicidios, secuestros, violencia sexual), crisis humanitaria y débil presencia estatal efectiva en áreas rurales.

Dimensión política

• Capacidad estatal limitada para proveer seguridad y servicios en veredas y corredores estratégicos; esto habilita control social y normativo por actores armados.

• Riesgos a líderes y a la participación comunitaria; desconfianza entre Estado y comunidades.

Dimensión económica

• Alta dependencia de la economía de la coca por ausencia de alternativas rentables y por coerción armada; extorsión y riesgos elevan costos y desincentivan inversiones.

• Potenciales lícitos: agricultura campesina (cacao, café, plátano), aprovechamiento sostenible de recursos, encadenamientos locales si existe seguridad y conectividad. (Inferencia a partir del contexto del documento).

Dimensión social

• Desplazamientos, confinamientos y afectaciones a salud, educación y vivienda; reclutamiento de jóvenes, VBG, ruptura del tejido social y miedo generalizado.

Dimensión cultural

• Interrupción de prácticas culturales comunitarias por control armado; estigmatización de campesinos y jóvenes. Al mismo tiempo, existen saberes locales que pueden apoyar reconciliación y memoria.

Mapeo de actores (resumen)

• Grupos armados ilegales: buscan control territorial y rentas (coca, rutas). Influencia: muy alta. Efecto: escalamiento de violencia/coerción.

• Fuerza Pública (Ejército/Policía): recuperar control y seguridad; requiere enfoque en DD. HH. y protección comunitaria. Influencia: alta.

• Gobiernos (Nación–Dpto.–Municipios): garantes de derechos, programas y recursos; clave la coordinación interinstitucional. Influencia: alta.

• Comunidades/Juntas de Acción Comunal: buscan seguridad, servicios y medios de vida. Influencia: media; centrales para legitimidad y veeduría.

• Organizaciones campesinas/étnicas: defensa del territorio y cultura; promotoras de proyectos productivos. Influencia: media.

• ONG, cooperación e iglesias: capacidades técnicas/financieras para protección y desarrollo; facilitación y acompañamiento. Influencia: media.

• Sector productivo lícito: empleo e inversión si existen condiciones de seguridad/infraestructura. Influencia: media. (Derivado del análisis económico del PDF).

2) Propuestas para promover alternativas sostenibles y reducir la dependencia de cultivos ilícitos

• Paquetes productivos integrales (cacao, café, plátano, caucho, apicultura): asistencia técnica permanente, insumos iniciales, compras públicas y acuerdos con anclas privadas para garantizar mercado. (Diseño propositivo sustentado en el diagnóstico del PDF).

• Crédito rural con garantía estatal y seguro agrícola; líneas diferenciales para mujeres y jóvenes rurales.

• Infraestructura habilitante: vías terciarias, centros de acopio, conectividad digital y logística de “última milla”.

• Sustitución voluntaria con acuerdos comunitarios y seguridad en el territorio; metas realistas y pagos condicionados a hitos de reconversión.

• Pagos por Servicios Ambientales y restauración en cuencas críticas; promoción de encadenamientos forestales sostenibles.

• Empleo de emergencia (jóvenes/mujeres) vinculado a obras locales y mantenimiento de infraestructura comunitaria.

3) Iniciativas para reconstruir la cohesión comunitaria y fomentar el respeto por la diversidad

• Escuelas de paz y ciudadanía: mediación escolar, clubes juveniles, cátedra de paz y proyectos de servicio comunitario.

• Centros culturales y deportivos itinerantes en veredas/centros poblados; itinerancias con bibliotecas, cine-foros y festivales de memoria.

• Programas psicosociales y de memoria con víctimas, mujeres y NNA; acciones contra estigmatización de jóvenes y campesinado.

• Mesas interculturales (campesina, indígena y afro) para priorizar proyectos de cultura, producción y cuidado del territorio.

• Medios comunitarios y redes de información verificada para contrarrestar rumores y narrativas de odio.

4) Recomendaciones para fortalecer la presencia estatal y la participación comunitaria

• Puestos Integrales del Estado (ventanilla única móvil y fija): salud primaria, ICBF, educación, justicia cercana y protección; interoperabilidad de trámites.

• Justicia cercana: Casas de Justicia móviles, rutas seguras de denuncia, defensa pública itinerante y articulación con alertas tempranas.

• Presupuestos participativos y veedurías con formación técnica; seguimiento público de obras y contratos.

• Seguridad humana con enfoque territorial: protección colectiva a comunidades, patrullajes coordinados y protocolos de no estigmatización.

• Gobernanza digital municipal: conectividad, datos abiertos y trámites en línea para reducir intermediación y corrupción.

5) Propuestas para garantizar la protección de la población y prevenir violaciones de derechos

• Rutas de protección inmediatas: albergues temporales, transporte humanitario, kits básicos y priorización de atención a mujeres, NNA y personas mayores.

• Prevención de reclutamiento y VBG: protocolos escolares, brigadas psicosociales y articulación con EPS/IPS para detección y atención.

• Comités locales de protección (líderes, mujeres, jóvenes, iglesias, ONG) para análisis de riesgo, planes de autoprotección y enlace con Fuerza Pública.

• Sistemas de alerta y comunicación comunitaria (radios/whatsapp comunitario), cartografía participativa de riesgos y gestión de corredores humanitarios.

• Acompañamiento y verificación internacional de DD. HH. en zonas críticas; coordinación con cooperación para monitoreo y protección de líderes.

Notas de implementación (orientador)

• Gobernanza: Comité de dirección (alcaldías, departamento, Nación), secretarías técnicas temáticas y mesas comunitarias por vereda/corredor.

• Fases sugeridas (24 meses):

  • 0–6 meses: alistamiento, caracterización y pilotos productivos/protección.

  • 7–18 meses: escalamiento productivo, vías terciarias/centros comunitarios y presupuestos participativos.

  • 19–24 meses: consolidación, evaluación participativa y ajustes.L