Durante este sexenio se implementó el Modelo de Producción Compartida, el cual buscaba que los beneficios del desarrollo económico se distribuyeran equitativamente entre toda la población. Este modelo impulsó una mayor intervención del Estado en la economía y fomentó la participación popular en los procesos productivos. En este contexto, también se promovió la “Alianza para la Producción”, una estrategia que pretendía unir a los sectores productivos (gobierno, empresarios y trabajadores) para elevar la producción nacional y reducir las desigualdades sociales.

Este gobierno continuó con la Alianza para la Producción y vivió un auge económico debido al descubrimiento de grandes yacimientos petroleros. A nivel económico, se incrementó el gasto público y se solicitó una enorme deuda externa, bajo la idea de que los ingresos del petróleo serían permanentes. Políticamente, se reforzó el presidencialismo y se nacionalizó la banca en 1982. Socialmente, se impulsaron programas como el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y se generó empleo, aunque también creció el clientelismo. Entre los efectos negativos se encuentra una profunda crisis económica en 1982, que incluyó devaluación, inflación, fuga de capitales y pérdida de confianza en el gobierno.

Aplicado por el presidente Luis Echeverría Álvarez, este modelo surgió como respuesta a las desigualdades generadas por el modelo anterior (Desarrollo Estabilizador). Buscaba integrar el crecimiento económico con la justicia social. Entre sus causas se encuentran la presión social y la necesidad de mayor inclusión. Las consecuencias fueron el aumento del gasto público, el endeudamiento y una crisis inflacionaria. Como beneficios, se logró una expansión en servicios sociales como educación y salud, y se fortaleció la participación del Estado en la economía.

El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) brinda servicios de salud y seguridad social a trabajadores del sector formal. COPLAMAR (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados), creada en 1976, tenía como objetivo llevar servicios básicos a comunidades marginadas. Un programa asistencial es una estrategia del gobierno para apoyar a la población vulnerable mediante ayudas económicas, servicios gratuitos o subsidios. Actualmente, estos programas siguen teniendo consecuencias como la dependencia social y la presión sobre el presupuesto público, aunque son fundamentales para sectores vulnerables.

Implementado por José López Portillo en 1980, este programa buscaba garantizar la autosuficiencia alimentaria del país. Surgió como respuesta a la pobreza rural, el desabasto de alimentos y la dependencia de importaciones. Se promovió la producción agrícola nacional y se incentivó el trabajo en el campo. Sin embargo, el programa falló por problemas de corrupción, mala administración y falta de seguimiento, por lo que no se alcanzó el objetivo de autosuficiencia.

El modelo aplicado durante el gobierno de López Portillo generó grandes consecuencias negativas, principalmente por haber basado la economía en ingresos petroleros inestables. El gasto público excesivo y el endeudamiento llevaron al país a una grave crisis en 1982. Esta crisis incluyó la devaluación del peso, inflación elevada, nacionalización de la banca y pérdida de confianza en las instituciones. Las causas principales de esta crisis fueron el mal manejo de los recursos, el endeudamiento irresponsable y la dependencia del petróleo.

El modelo de Desarrollo Estabilizador (1954-1970) proporcionó estabilidad económica, crecimiento sostenido, baja inflación y control del gasto público. Si no se hubiera abandonado este modelo de forma abrupta, México podría tener hoy una economía más sólida, con menor deuda externa, mayor inversión nacional e infraestructura más desarrollada. Sin embargo, también podría haberse mantenido una fuerte concentración de riqueza. Lo ideal habría sido una modernización progresiva del modelo, conservando su estabilidad y agregando políticas sociales efectivas.