La Sala Constitucional determinó que este tipo de lenguaje constituyó una violación a la libertad de prensa. Aunque se reconoce el derecho de los funcionarios públicos a criticar a los periodistas, estas expresiones ofensivas lesionan la libertad de prensa y son inadmisibles en una democracia.

Expertos legales entrevistados coinciden en que la sentencia es correcta, ya que los funcionarios públicos no pueden ejercer su derecho de defensa insultando a los demás. Se establece que el Estado deberá indemnizar por los daños causados, y se menciona que el pago corresponde al Ministerio de Hacienda, con montos específicos establecidos por los tribunales.

En este caso, el lenguaje ofensivo utilizado por el Presidente y la exministra de Salud durante la conferencia de prensa se identifica como un factor que contribuyó directamente a la violación de la libertad de prensa y a los daños causados a los periodistas y diputados. Por lo tanto, con base en esta teoría, se establece la responsabilidad del Estado en indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados por las expresiones ofensivas utilizadas por los funcionarios públicos.

Para que proceda la indemnización por estos daños y perjuicios, se deben cumplir ciertos requisitos:

• Existencia de un daño real: Efectivamente se causó un perjuicio a la libertad de prensa y/o un daño moral a los afectados por el lenguaje ofensivo utilizado.

• Relación de causalidad: Los daños y perjuicios fueron directamente causados por las expresiones ofensivas de los funcionarios públicos durante la conferencia de prensa.

• Imputabilidad: Los daños y perjuicios son imputables al Estado, debido a la conducta de sus representantes en el ejercicio de sus funciones públicas.

Así mismo, el daño alegado es efectivo, evaluable e individualizable en las condiciones expuestas anteriormente, por lo que existe un régimen común de responsabilidad (art. 196). Relevante para este caso, corresponde a la Contraloría General de la República velar por el reconocimiento de las indemnizaciones a favor de terceros a partir de la condena judicial, pues el responsable fue el Presidente y la exministra (art. 208). 

Aunque se trata del Presidente, este está sujeto a la responsabilidad disciplinaria por sus acciones que van contra el ordenamiento (art. 211).

Al ser una indemnización que causa un daño, le es aplicable el artículo 1045 del Código Civil.

Existe un daño real, tanto a la libertad de prensa como al bienestar emocional de los afectados por el lenguaje ofensivo utilizado. Hay un nexo causal entre las expresiones ofensivas y los daños y perjuicios causados, ya que las palabras despectivas dirigidas por los funcionarios públicos contribuyeron directamente a la violación de la libertad de prensa y al daño moral de los periodistas y diputados.

No parece haber ninguna circunstancia de fuerza mayor o culpa de la víctima que exima de responsabilidad a la Administración en este caso. Las expresiones ofensivas fueron claramente atribuibles a la conducta de los representantes del Estado, en el ejercicio de sus funciones públicas.

La decisión de la Sala Constitucional establece claramente que la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, la Ley General de Administración Pública (LGAP) establece la obligación de la Administración de reparar todo el daño causado por faltas de sus servidores durante el desempeño de sus cargos.

El caso se remonta a abril de 2011, cuando una menor fue violada en Matina, Limón, y Fernández fue detenido como sospechoso. A pesar de que las pruebas de ADN no coincidían con las de Fernández, fue condenado a 25 años de prisión en octubre de 2014. Sin embargo, un informe del OIJ reveló que el semen encontrado en la víctima pertenecía a otro hombre, José Luis Calderón Sánchez, quien había sido condenado por otras violaciones.

Basándose en esta nueva evidencia, la condena contra Fernández fue revocada en marzo de 2015. Fernández relató el sufrimiento que vivió durante su encarcelamiento, incluyendo agresiones físicas por parte de otros reclusos

• Detención y Condena Errónea: El Estado, a través de sus instituciones encargadas de la investigación y el sistema judicial, detuvo y condenó a Jairo Fernández por un delito que no cometió. Esta actuación errónea podría considerarse como una omisión en la debida diligencia en la investigación del caso, lo que llevó a una injusta privación de libertad.

  
  

• Falta de Debida Diligencia: A pesar de que las pruebas de ADN no coincidían con las de Fernández, fue condenado a 25 años de prisión en octubre de 2014. Esta falta de diligencia en la valoración de las pruebas y en la garantías procesales es una omisión por parte de las autoridades.

• Privación de Libertad Injusta: Jairo fue detenido y condenado erróneamente por un delito que no cometió, lo que resultó en una privación de libertad injusta durante un período de tiempo significativo.

  
  

• Daño Moral: La injusta privación de libertad, la estigmatización social y el sufrimiento emocional asociado con la detención y condena errónea pueden haber causado un daño moral considerable a Jairo Fernández.

  
  

• Daño Patrimonial: Además de la privación de libertad, es posible que Jairo Fernández haya sufrido pérdidas económicas directas o indirectas como consecuencia de su detención y condena errónea, como la imposibilidad de trabajar y generar ingresos durante ese período.

La indemnización procede en este caso, ya que:

• Imputabilidad: Los daños y perjuicios son directamente imputables a las actuaciones u omisiones de la Administración, en este caso, a las autoridades encargadas de la investigación y el sistema judicial que llevaron a la detención y condena errónea de Jairo.

• Nexo Causal: Existe un nexo causal claro entre las actuaciones u omisiones de la Administración y los daños y perjuicios sufridos por Jairo. Como se analizó previamente, las acciones erróneas de las autoridades fueron la causa principal de la privación de libertad injusta.

  
  

• Daño Cierto y Directo: Los daños y perjuicios son ser ciertos, directos y demostrables. En este caso, la privación de libertad injusta y el daño moral asociado son consecuencias directas de la detención y condena errónea de Jairo Fernández.

  
  

• Evaluabilidad: Los perjuicios reclamados son evaluables, ya sea en términos patrimoniales o morales. En el caso de Jairo, tanto el daño moral como posibles pérdidas económicas podrían evaluarse para determinar la compensación adecuada.

En este caso, si se pudiera demostrar que la detención y condena errónea fueron consecuencia de un evento imprevisible e inevitable, ajeno al ámbito de actuación de la Administración, podría considerarse la eximente de fuerza mayor. Sin embargo, dado que las actuaciones de las autoridades encargadas de la investigación y el sistema judicial fueron determinantes en la privación de libertad injusta, es casi imposible que pudiera configurarse una eximente.

Inicialmente, la condena errónea de Jairo Fernández muestra una falla en el sistema judicial penal que llevó a la privación de libertad de una persona inocente. Esta condena se basó en un testimonio sin pruebas concluyentes y no se consideraron las pruebas de ADN que demostraban su inocencia, lo que indica una falta de debida diligencia en la investigación del caso.

Las actuaciones y omisiones del Estado en este caso generan responsabilidad administrativa pues hubo negligencia y/o errores por parte de las autoridades encargadas de la investigación y el proceso judicial. La falta de debida diligencia en la valoración de las pruebas de ADN y la detención y condena basadas en un testimonio sin pruebas concluyentes indican una falla en el sistema administrativo de justicia.

En cuanto al nexo causal, se puede aplicar tanto la teoría de la equivalencia de las condiciones como la teoría de la causalidad adecuada. Las acciones erróneas de las autoridades encargadas de la investigación y el sistema judicial fueron la causa principal de la privación de libertad injusta de Jairo Fernández, lo que respalda la aplicación de ambas teorías en la determinación del nexo causal.

En conclusión, la demanda al Estado es procedente debido a las actuaciones y omisiones que llevaron a la detención y condena errónea de Jairo, así como al daño moral sufrido durante su encarcelamiento injusto. La indemnización impuesta al Estado busca reparar en parte el perjuicio causado a nivel personal, emocional y económico.