A su juicio, la debilidad en los controles, con limitaciones institucionales de la autoridad electoral, y el modo de gasto, abren la puerta al financiamiento ilícito. “Los partidos con éxito son los que no explican el origen de sus fondos”, señala el comisionado, que también ha dicho que los partidos grandes invierten cientos de millones sin explicar el origen de sus fondos. “Cualquier fondo que se haga de manera anónima constituye un delito”.

Para financiar campañas, se han constituido y creado redes político-económicas ilícitas que han constituido empresas, ONGs, que a través de prácticas políticas ilícitas ocupan transacciones para su propio beneficio.

Asimismo, indicó que la penetración de dichas redes en la institucionalidad “les permite sustraer recursos públicos particularmente como contratistas del Estado, en detrimento de los derechos de la ciudadanía”.

De acuerdo con el informe, si bien en años recientes se ha logrado desmantelar estructuras de corrupción y evidenciar redes Político Económicas Ilícitas en varios países de América Latina, “en general las capacidades de los sistemas de justicia y, sobre todo, la voluntad política, no ha sido sostenida o suficientemente para revertir este grave fenómeno”.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, Velásquez resalta que el 75% del financiamiento proviene de contratistas del Estado en un 50% y del crimen organizado en un 25%, es decir, de dinero fraudulento que se consigue vía obras sobrevaloradas e innecesarias, o del encubrimiento de negocios del grupos de la delincuencia organizada que se dedica al narcotráfico, tráfico de armas o trata de personas, por citar algunos.