Los principios fundamentales incluyen la soberanía del pueblo, la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.

Una constitución se redacta a través de una Asamblea Constituyente y se aprueba mediante un referéndum popular.

Se resuelven a través de la interpretación judicial, principalmente por la Corte Constitucional.

Garantizan el respeto y la protección de los derechos fundamentales mediante el control de constitucionalidad de las leyes y actos del Estado.

Incluyen la enmienda y la reforma parcial, que deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional y, en algunos casos, ratificadas por referéndum.

Factores políticos, sociales, económicos y el consenso ciudadano.

Sí, puede ser impugnada ante la Corte Constitucional si se considera que vulnera principios fundamentales.

A través de la inclusión explícita de derechos y garantías y mediante mecanismos judiciales de protección.

Derechos a la vida, libertad, igualdad, seguridad, y derechos sociales como la educación y la salud.

Mediante la ponderación judicial, donde los jueces determinan cuál derecho prevalece en cada caso concreto.

En un sistema presidencialista, el presidente es tanto jefe de Estado como de Gobierno, mientras que en un sistema parlamentario, el jefe de Estado es diferente del jefe de Gobierno.

A través de la separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus respectivas competencias.

Controles y balances, como el veto presidencial, el juicio político y la independencia judicial.

La decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario en 2019.

Las decisiones sobre la reelección presidencial y los límites de la consulta popular.

A través del voto, referéndums, y mediante la presentación de propuestas legislativas y de reformas.

Vigilancia activa, denuncia de violaciones y participación en procesos judiciales y legislativos.

Estudiar casos históricos, mantenerse actualizados con la jurisprudencia y participar en debates académicos.

La protección de los derechos digitales y la adaptación a los cambios sociales y tecnológicos.

Ha promovido la adopción de estándares internacionales de derechos humanos y la cooperación jurídica entre países.

Han llevado a la inclusión de nuevos derechos y garantías específicas para la protección de datos y la privacidad en el entorno digital.