poner en duda el relato de la NNA, entre otras.

1- La participación de todo el equipo docente institucional en la elaboración y el desarrollo de las estrategias de intervención. 

2- El desarrollo de distintas estrategias didácticas en relación con las modalidades de las propuestas y los contenidos relacionados al tiempo y espacio en que se realizarán. 

3- La articulación con los contenidos curriculares y extracurriculares. 

4- El abordaje de las particularidades institucionales, los diferentes modos de organización y la asignación de responsabilidades y tareas específicas frente a la contingencia en relación con los grupos de alumnos, incluyendo a dicho efecto a la totalidad del personal de la Institución. 

5- La participación de padres, alumnos y otros actores de la comunidad. 

6- La comunicación como estrategia de intervención para el logro de sus objetivos. 

7- La evaluación permanente y su consecuente actualización. 

1. La construcción democrática y participativa. 

2. La periódica actualización y, de ser necesario, revisión.

 3. Las particularidades del Proyecto Institucional, explicitando las estrategias de intervención respecto de la obligación de cuidado. 

4. El respeto al principio de inclusión educativa. 

1. Una construcción social, interdisciplinaria y situacional orientada a la detección, prevención e intervención frente a situaciones de riesgo propias de cada comunidad educativa y dirigida a la adopción de conductas institucionales y comunitarias consecuentes.

 2. Un eje transversal de todas las actividades de cada Institución educativa. 

3. Una cultura de la prevención que se construye en el marco de políticas públicas que aseguren la existencia de ámbitos adecuados para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

 4. Un producto de la participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa.

     

1. Las orientaciones y prescripciones generales para la elaboración, por parte de cada establecimiento educativo, del Plan de prevención del riesgo. 

2. Las normas aplicables en materia de protocolos y procedimientos.

 3. Los estándares de funcionamiento seguro de cada unidad educativa.

1. Infraestructura escolar.

 2. Enfermedades y accidentes.

 3. Manipulación y conservación de alimentos.

 4. Situaciones de vulneración de derechos de alumnos. 

5. Uso responsable de la electricidad, el agua, el gas y las nuevas tecnologías.

 6. Ruidos molestos, iluminación, ventilación, temperatura, etcétera.

 

7. Delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella. 

8. Vías de acceso al edificio y entorno, su iluminación, paradas de transporte público, estacionamientos. 

9. Rutas de acceso, de escape y circulación del personal y alumnos. 

10. Reparaciones y obras eventuales.

 

11. Actos de masiva concurrencia. 

12. Degradación y contaminación ambiental. 

13. Catástrofes naturales. 

14. Incendios, manipulación y estibaje de riesgos químicos y otros siniestros.

15. Traslados y desplazamientos de alumnos y docentes, senderos seguros. 

16. Los riesgos propios de cada comunidad educativa. 

Cuando estas situaciones incluyen una dimensión de amenaza contra la integridad psicofísica, ya sea autoinfligida o hacia otros, es necesario recurrir a un enfoque integral que considere las distintas dimensiones: lo institucional, lo áulico, lo comunitario, incluyendo el aprendizaje de todos en el marco de la corresponsabilidad  Es importante por lo tanto mantener una actitud reflexiva, abierta a la discusión con otros, y siempre en función de la defensa y promoción de los derechos de las NNA.

Seguidamente enumera aspectos que deberá considerar dicho proyecto, estos están en relación directa con acciones favorecedoras de la convivencia en la escuela que seguidamente proponemos: Diseñar dispositivos que posibiliten circuitos de información y actualización en relación a los nuevos paradigmas vinculados a la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia y las normativas vigentes acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño, centrados hacia las NNA como sujetos de derechos.

Habilitar canales formales de comunicación: entre directivos, docentes, padres, alumnos,

vecinos de la comunidad y organizaciones sociales.

Abordar la temática de las violencias y las formas dialogadas de resolución de conflictos en

las diferentes instancias institucionales y comunitarias. Para ello, es pertinente por ejemplo la construcción genuina y colectiva de los Acuerdos Institucionales de Convivencia; la

conformación de Centros de Estudiantes y otros espacios colectivos de democratización

como las Mesas de Participación Juvenil, en el caso de las Escuelas Secundarias. Deben posibilitar diversas formas de participación, que colaboren en la construcción de formas consensuadas de la regulación de los conflictos en todos los niveles y modalidades. Construir un piso mínimo de consenso en relación a lo organizativo institucional entre los actores que intervendrán (equipo de Conducción Institucional, Equipo de Orientación Escolar, Equipo docente), previendo qué acciones institucionales deben extenderse en el tiempo y cuáles no, ante una situación de conflicto.

 Diseñar estrategias de intervención psicosocioeducativas, que se centren en todos aquellos sectores de la comunidad escolar que se encuentren afectados. Para ello es preciso disponer de una mirada atenta y una escucha activa la convergencia de determinados indicios que pueden devenir en situaciones de conflictos de muy alta complejidad. Mantener activa la red de equipos complementarios, en red institucional-social con la comunidad territorial. Elaborar estrategias que habiliten el espacio para que las familias participen y sean parte de la vida institucional..

Estas situaciones dan cuenta por un lado, de la necesidad de encontrar respuestas pertinentes para intervenir con una política de cuidado hacia NNA como también hacia los/as docentes, auxiliares 

Esto quiere dejar en claro que la conflictividad no es extraña a la escuela sino que en la mayoría de los casos se expresan en ella, entendiendo a la vez que el conflicto

es inherente al ser humano y, por lo tanto, no es un obstáculo para el trabajo, sino que forma parte de él. Cuando estas situaciones incluyen una dimensión de amenaza contra la integridad psicofísica, ya sea autoinfligida o hacia otros, es necesario recurrir a un enfoque integral que considere las distintas dimensiones: lo institucional, lo áulico, lo comunitario, incluyendo el aprendizaje de todos en el marco de la corresponsabilidad.

Las estrategias de intervención que aquí se proponen se fundamentan en una lectura situacional, desde la singularidad de cada hecho, de cada institución, de cada familia, de cada grupo áulico, de todos los afectados, considerando lo singular de la comunidad en cuestión. Es por ello que las siguientes sugerencias no deben aplicarse sin reflexión previa, como “receta única”, a riesgo de traicionar el propósito de este documento.

Las problemáticas que particularmente interesan, están en relación a lo histórico y lo social. Se coincide con Emiliano Galende (Comunicación 08/2005) cuando sostiene que los problemas se expresan en las personas pero también en los grupos y en las instituciones. Este autor plantea que las situaciones conflictivas hacen dramáticamente visibles situaciones que ya estaban presentes en la sociedad pero todavía sin datos ni señales que hicieran tomar conciencia de las mismas a los sujetos.

Por ello la responsabilidad de los/as adultos/as docentes, va más allá de atender a las situaciones cuando ellas emergen. Esto supone una reflexión permanente que permita estar abierto a ver lo que sucede, y también atento a lo latente, sin naturalizar conductas, prácticas, rituales y hábitos de una escuela o de una comunidad. El abordaje de situaciones conflictivas obliga a quienes están en las escuelas a ligar todos los contextos de las NNA así como también las dimensiones de lo institucional/comunitario. En este sentido, es necesario reconocer y definir tres cuestiones claves en

toda intervención:

- ¿Cuál es la situación conflictiva?

- ¿Cuál es la red de actores institucionales y comunitarios para su abordaje?

El Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niños/as y Adolescentes instala el principio de corresponsabilidad. La corresponsabilidad alude a que cada sector, conforme a su competencia, será responsable de la promoción y protección del derecho que debe promover o proteger, al mismo tiempo que para su restitución debe estar en relación con los demás actores sociales. En un escenario de corresponsabilidad y gestión compartida cada actor presenta responsabilidades que le competen específicamente y se complementan con las de los demás. El principio de corresponsabilidad pretende sustituir la práctica de la “derivación” de casos entre instituciones para propender a la interdependencia entre las mismas con el objeto de promover, proteger y restituir derechos en forma integral. Las

competencias y responsabilidades de los diferentes actores deben amalgamar en estrategias integrales, concertadas por los mismos para evitar la intervención fragmentada y lograr un impacto real sobre el problema (Construyendo Territorios sin

Trabajo Infantil, COPRETI, 2010).

Esta pregunta implica reconocer y definir la naturaleza del conflicto. ¿Es un conflicto de intereses? ¿Surgió por un factor

externo o interno de la institución? ¿Se relaciona con la práctica o cultura institucional? ¿Qué visión del problema tienen los

involucrados?

- ¿Cuál es la propuesta de acciones a desarrollar?

responsabilidades que deben respetarse y cumplirse en la sociedad.

Al respecto del Marco Normativo:

Leyes Nacionales

-Ley 26.206/06. Ley Nacional de Educación.

-Ley 23.849/90 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta fue aprobada

por las Naciones Unidas en 1989 estableciendo, a grandes rasgos, que todo niño tiene

derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas,

los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son: la no discriminación, el interés

superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los

puntos de vista del niño.

-Ley 24.417/94 de Protección contra la Violencia Familiar, contiene disposiciones de fondo y

de forma referida a la problemática de la violencia familiar en el seno intrafamiliar y el

abordaje judicial e institucional que debe cumplirse ante este tipo de situaciones.

-Ley 26.061/06 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

establece los presupuestos que deben cumplir los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como también la familia, para garantizar el pleno goce del ejercicio de los derechos por parte de la/os niña/os y adolescentes.

-Ley 26150/06 de Educación Sexual Integral, establece que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, entendiéndose como educación sexual integral a aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

-Ley No 26.586 que crea en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación el Programa

Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas

-Ley 26.390/08 de Prohibición de Trabajo Infantil y Adolescente, prohíbe el trabajo de la/os

niña/os por debajo de los 16 años y protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años.

-Ley 26.634/08 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus

Víctimas.

-Leyes de la Provincia de Buenos Aires

-Ley 13.688/07 de Educación Provincial.

La existencia del trabajo en equipo es una ventaja para reconocer y operar en situaciones conflictivas.

-Ley 12.569/01 sobre Violencia Familiar y Decreto Reglamentario 2875/05. Esta ley en su

articulado establece cuestiones vinculadas a las diferentes situaciones de violencia familiar y las formas de actuar ante las mismas, siendo una de ellas, la conformación de Mesas locales y Mesa Intersectorial Provincial.

-Ley 12.807/01 sobre Abuso Sexual Infantil, hace hincapié en su prevención teniendo como

punto central la capacitación al personal de las dependencias oficiales e instituciones

privadas que realicen tareas vinculadas directamente con niña/os, para reconocer y detectar

síntomas que indiquen que una/o niña/o haya sido o está siendo objeto de una situación de

abuso sexual. Destaca la importancia de la denuncia del mismo, así como la necesidad de

informar los lugares receptores de denuncias y servicios de apoyo jurídico, terapéutico o

social (debe garantizarse al niño el acceso al tratamiento terapéutico, procurando su

recuperación).

-Ley 13.298/05 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, en concordancia con la ley 26.061, aparece como novedad la creación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, el cual se implementa a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público, de carácter central o

desconcentrado, y por entes del sector privado.

-Ley 13.634/07 del Fuero de Familia y Responsabilidad Penal Juvenil. Constituye al Sistema

de Responsabilidad Penal Juvenil, que define al Ministerio de Desarrollo Social como la

contraparte del Poder Ejecutivo encargado de formular, coordinar y ejecutar políticas,

programas y medidas destinadas a trabajar con jóvenes en conflicto con la ley, asegurando

sus derechos y garantías, que posibiliten su real inserción en su comunidad de origen;

quedando prohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos a actuaciones

administrativas o judiciales.

-Ley 13.803/08 de Erradicación del Trabajo Infantil.

Decreto 2299/11 Reglamento General de Instituciones Educativas.

-Ley N 10.579 Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires.

Seguidamente enumera aspectos que deberá considerar dicho proyecto, estos están en relación directa con acciones favorecedoras de la convivencia en la escuela que seguidamente proponemos:

Diseñar dispositivos que posibiliten circuitos de información y actualización en relación a los

nuevos paradigmas vinculados a la promoción y protección de los derechos de la infancia y

adolescencia y las normativas vigentes acordes a la Convención sobre los Derechos del

Niño, centrados hacia las NNA como sujetos de derechos.

Habilitar canales formales de comunicación: entre directivos, docentes, padres, alumnos,

vecinos de la comunidad y organizaciones sociales.

Abordar la temática de las violencias y las formas dialogadas de resolución de conflictos en

las diferentes instancias institucionales y comunitarias. Para ello, es pertinente por ejemplo la construcción genuina y colectiva de los Acuerdos Institucionales de Convivencia; la

conformación de Centros de Estudiantes y otros espacios colectivos de democratización

como las Mesas de Participación Juvenil, en el caso de las Escuelas Secundarias. Deben

posibilitar diversas formas de participación, que colaboren en la construcción de formas

consensuadas de la regulación de los conflictos en todos los niveles y modalidades.

Construir un piso mínimo de consenso en relación a lo organizativo institucional entre los

actores que intervendrán (equipo de Conducción Institucional, Equipo de Orientación Escolar, Equipo docente), previendo qué acciones institucionales deben extenderse en el tiempo y cuáles no, ante una situación de conflicto.

Diseñar estrategias de intervención psico socio educativas, que se centren en todos aquellos

sectores de la comunidad escolar que se encuentren afectados. Para ello es preciso disponer de una mirada atenta y una escucha activa la convergencia de determinados indicios que pueden devenir en situaciones de conflictos de muy alta complejidad.

Mantener activa la red de equipos complementarios, en red institucional-social con la

comunidad territorial.

Elaborar estrategias que habiliten el espacio para que las familias participen y sean parte de

la vida institucional. Algunas familias participarán activamente, otras lo harán en menor

medida, pero todas forman parte de la comunidad educativa. Si sólo son convocadas frente a las dificultades de sus hijos, se genera más retraimiento que presencia.

. El diálogo con los referentes familiares posibilita el intercambio con el fin de enriquecer el proceso educativo de sus hijos.

Propiciar un clima de confianza, respeto, cuidado y protección mutua de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Trabajar con los actores institucionales sobre la importancia de la respuesta responsable y

adecuada en los tiempos de urgencia.

Proyectar, una vez pasada la urgencia, un trabajo pedagógico que posibilite el tratamiento de la situación conflictiva como un contenido de aprendizaje desde la experiencia vivida y

compartida.

 Uno de los factores de riesgo de violencia es el aislamiento de la familia respecto a otros sistemas sociales en los que el niño se relaciona. El apoyo social de las familias puede ser muy importante y puede reducir significativamente el riesgo de violencia porque proporciona ayuda para resolver dichos problemas y oportunidades de mejorar la autoestima.

Una importante condición para mejorar la educación es estimular la comunicación entre la escuela y la familia, sobre todo cuando los niños tienen mayores dificultades de adaptación escolar y/o con más riesgo. 

Favorecer espacios de expresión de las afectaciones y tramitación colectiva, ya sea a través

de la circulación de la palabra, escuchando el “decir” de cada actor, o con talleres de

actividades expresivo-lúdicas.

Revisar la situación y las estrategias implementadas, y reformular lo que se considere

pertinente, manteniendo un seguimiento de las acciones, promoviendo una acción de

reparación cuando esta sea necesaria. Tener en cuenta que lo actuado contribuye a la

prevención, promueve la reflexión del colectivo docente, posibilita la retroalimentación de

conocimientos a partir de la experiencia y la evaluación de la misma.

Favorecer espacios de trabajo sobre la educación sexual integral y la orientación para la

educación y el trabajo como instancias que fortalecen y promueven la construcción de

ciudadanía.

Promover que la escuela abra sus puertas para acciones vinculadas a los intereses de los

alumnos y a los intereses comunitarios como manera de profundizar la idea que ésta es un

espacio de todos, del que todos somos responsables, con el que todos podemos contar y al

que todos debemos cuidar.

Ante la presentación y/o conocimiento de una situación conflictiva:

La primera acción es atender inmediatamente a los sujetos afectados de manera directa o

indirecta, realizando el acompañamiento necesario a quienes corresponda y a sus familiares.

Para ello se designarán actores institucionales según criterios establecidos por vínculo o

problemática, por ejemplo: preceptor/a, un integrante del Equipo de Orientación Escolar o del equipo de Conducción Institucional.

Si una NNA nos cuenta algo que le preocupa sobre una situación vivida tenemos que

escuchar con atención, considerar como válido su relato, evitando gestos de alarma o de

dramatización excesiva frente al mismo. Se procurará tranquilizar al sujeto sin emitir juicios

de valor sobre lo escuchado.

Se debe recibir a los padres y madres que se acercan preocupados a la institución escolar.

Cuando se observa que los mismos se encuentran en una situación emocional

desfavorecedora para el diálogo, es muy importante tratar de tranquilizarlos, atenderlos

siempre en forma conjunta, de a dos o más actores institucionales con el objetivo de propiciar mejores condiciones para la contención y a la vez promover una política de cuidado para con los docentes que intervienen en la situación.

Las primeras acciones a realizar son de competencia interna, sea cual fuere la institución

educativa. Los actores institucionales que hayan detectado la situación, se vincularán con el

equipo de Conducción Institucional y el Equipo de Orientación Escolar, asumiendo todos, la

corresponsabilidad ante las situaciones emergentes.

Labrar las Actas necesarias con todas las personas vinculadas a la situación detallando los

hechos, circunstancias, lugar, fecha, la participación y el modo de cómo se conoce o conoció el hecho, el registro escrito de los acuerdos y/o disensos si los hubiere, establecidos entre las partes, preservando la identidad de las NNA que estarían involucrados tal como indica Art. 251, inc 2 del Reglamento General de Instituciones Educativas 2012.

Se recomienda que las acciones que se realicen en relación a las situaciones referidas en la

guía, se informen de inmediato, con los datos más relevantes, a los Inspectores de

Enseñanza los cuales deberán informar a su vez al Inspector Distrital y a la Dirección del

Nivel y/o Modalidad.

Se debe mantener reserva de identidad de los/las alumnos que estuvieron involucrados en

la situación que suscitó la intervención correspondiente en todos los casos, brindando esta

información solamente a la autoridad de competencia ante expreso requerimiento y/o debida manifestación necesaria (Art. 251, inc. 7 y Art. 41, inc. 12 del Reglamento General de Instituciones Educativas).

Los Inspectores de Nivel y Modalidad junto con el equipo de Conducción Institucional deben

determinar el curso de las acciones a seguir, la coordinación hacia adentro y hacia fuera de la Institución Educativa, articulando, de ser necesario, con los Equipos Interdisciplinarios

Distritales y Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales de la comunidad de

referencia.

Debe darse inmediato conocimiento e intervención a los familiares de la NNA involucrado,

siempre y cuando éstos no sean presuntos responsables del hecho. Se dará prioridad al

familiar responsable de la inscripción del alumno en el establecimiento escolar. De no

encontrarse los familiares directos, se recurrirá a los números de contacto que se hayan

establecido en el legajo del alumno, para informar de manera sintética la situación sucedida.

En todos los casos se deberá garantizar la protección efectiva de los derechos de los NNA ensituación de vulneración y violación de derechos, evitando prácticas que los revictimicen..

Por Revictimización o Victimización Secundaria se entiende a todas las acciones que implican una nueva vulneración de los derechos de aquellas personas que ya han sido víctimas, es decir, toda situación en la cual no se esté resguardando la integridad física y psicológica de las mismas. Un ejemplo sería el manejo inadecuado que muchas veces se hace de información privada sobre la víctima (vulneración del derecho a la intimidad), tanto por parte de los actores sociales involucrados, como por los medios de comunicación. La revictimización puede volverse más grave que la victimización misma, en tanto muchas veces en lugar de cortar el circuito de violencia, se lo legitima y sostiene.

Hablar de lo que le pasó puntualmente a la NNA, evitando hacer referencias a las

consecuencias legales en el marco de la política de cuidado que debe tener la institución.

Se debe trabajar comunitariamente e interinstitucionalmente las diferentes problemáticas,

dado que por lo complejas que resultan las problemáticas sociales, no alcanza sólo con la

contención escolar.

En caso de que los medios de comunicación se presenten pidiendo información, se sugiere

ofrecer una respuesta institucional sintética y clara evitando detalles innecesarios. Se sugiere elegir a un vocero para interactuar con los medios (preferentemente un directivo). El mensaje podría contener algunos de los siguientes tópicos: “la escuela esperará la decisión de la justicia”, “mantendrá informada a las familias”, “notificará a las autoridades cualquier aspecto que permita de aquí en más evitar hechos de esa naturaleza en el sistema educativo” y “abordará la cuestión de la prevención desde un enfoque pedagógico con todos los alumnos”. Esta recomendación se inscribe en una política de cuidado hacia los alumnos/as y hacia los docentes de la institución.

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta instancia es el resguardo de la identidad de las personas comprometidas en la situación, es un derecho consagrado por la ley. Sabemos que esta situación puede ser particularmente delicada cuando los medios de comunicación toman nota del tema.