Como se menciona en el texto el nuevo Código establece una serie de pautas que buscan dotar de mayor objetividad y por ende mayor legitimidad de los actos, que no solo se centran en los puntos desarrollados anteriormente, sino que también se refuerza esta idea cuando observamos criterios tales como: la consideración de desestimación de la acción por parte del MPF, la búsqueda de celeridad por medio de la oralidad y desformalización, la celebración de acuerdos colaborativos, la conciliación y acuerdos reparatorios, los criterios de flagrancia, los procedimientos especiales para niños, niñas y adolescentes y la ampliación de responsabilidad penal para las personas jurídicas.  
2do Cte Alberto Agustín MACIEL - AEM "B"

 

Otra virtud que veo en el nuevo sistema, es la posibilidad de que se recurra a métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la conciliación o la reparación del daño causado; pues en determinadas circunstancias la pena privativa de la libertad no soluciona el problema e incluso lo podría agravar. Ejemplo de esto último podría ser la detención por un delito menor, de un padre de familia que es el único sostén del hogar.- (2do Cte Ángel Aguilar)

Por una parte, la activa participación de la víctima durante el proceso, cuyos derechos (ampliados) se ven reflejados en los artículos 80 y 81 del CPPF, respecto de la cual se tendrá en cuenta su opinión sobre medidas que se lleven a cabo en el marco de una causa, pudiendo ella misma solicitarla, como así también poder pedir revisión de los actuados, examinar los documentos, etc; en lo que en mi opinión personal representa, por un lado una exigencia extra tanto para el Fiscal de la causa como para las fuerzas que intervienen en la investigación para llegar al esclarecimiento del hecho, de manera de no relajar esfuerzos, y por otro lado, la colaboración que pueda brindar y de este modo ser determinante para alcanzar el objetivo (esclarecimiento del hecho).

Por otra parte, el empleo de las técnicas especiales de investigación en los denominados delitos complejos, representan para las Unidades de investigaciones, tanto de Gendarmería como de las demás fuerzas, herramientas que utilizadas adecuadamente, en forma coordinada con la Fiscalía o el Juzgado interviniente y por supuesto, con la venia judicial, resultan altamente eficientes para la obtención de medios de pruebas, como por ejemplo el “Agente revelador” o bien, poder reunir información concluyente para la causa, a través de la figura del “Informante”, figura ésta muy controvertida y difícil de justificar antes de su regulación en este nuevo Código, hoy por hoy sumamente útil.
-2do Cte D Jorge SILVA-

Otra cuestión innovadora en el presente código, es la figura del arrepentido, un medio importantísimo para obtener información fehaciente tendiente a dilucidar la verdad real acerca del hecho que se investiga. Con su colaboración se podrá contar con información precisa y conocer  autores, partícipes u información sobre los modus operandis, que luego permita a las autoridades a esclarecer los hechos que se investigan con mayor precisión, dando además, mayor celeridad y certeza para la realización de los procedimientos que las Fuerzas de Seguridad deben llevar a cabo durante el proceso investigación.
Atte Marcelo Tisocco Aula "A"

Técnicas de Investigación, art 182, en adelante nuevo CPPF. Menciono la figura del agente revelador, art 185 nuevo CPPF, esta figura es una herramienta muy importante para identificar a los autores. En lo que respecta a nuestra fuerza GNA, tenemos un antecedente logrado en la provincia de salta con sentencia firme.
Fdo: 2do Cte Leonel Orta.

Existe ahora un término puntual: 3 años como plazo máximo de duración del proceso desde que se formaliza la investigación preparatoria (lo que se duplica en procesos complejos declarados como tales) bajo responsabilidad del juez y del fiscal.

2do Cte Narciso Joaquín Miranda AEM "B"

Por ello el debate debe desarrollarse en forma oral, pública y continúa,  con la presencia de todos los integrantes del tribunal, que es quien resolverá en definitiva la contienda, y de todas las partes intervinientes en el proceso, fiscal, defensor, imputado, y partes eventuales en su caso. 

2do Cte Cristian Alejandro FERNÁNDEZ

El articulo tiene por objeto realizar un análisis, a través del cual determina cuáles son sus alcances y limitaciones, ante la persecución penal, la posibilidad de prescindir de la misma, como respuesta a los casos de criminalidad leve, que representan un gran cumulo administrativo y judicial.

2do Cte Raul Hernan GORENA

Desde mi punto de vista dos de los principios más importantes son:

Principio de Celeridad: Promueve la celeridad en la resolución de las causas y la eficiencia en la administración de justicia. Busca evitar demoras, para ello el nuevo ordenamiento establece plazos máximos los que deberán ser observados y cumplidos por parte del PJN.

Principio de Desformalización: Refiere fundamentalmente a la etapa del proceso penal que es la investigación preliminar. El objetivo de este principio es la búsqueda del dinamismo, elasticidad, y flexibilidad, que permita la eficiencia y rapidez en la solución de los conflictos penales.

2do Cte Luis Ramón DUARTE

La primera no estará a cargo de un abogado, sino de un licenciado en Administración. Joaquín Ruíz de los Llanos será el director de la Oficina Judicial Federal que llevará adelante, además, los trámites sobre los recursos humanos y edilicios.
El 7 de febrero se reglamentó el nuevo Código Procesal Penal, que había sido sancionado a fines de 2018. Con las incorporaciones dispuestas por la ley 27.482, se lo denominó Código Procesal Penal Federal.

Se le dio un carácter federal al Código para dotar a la Justicia de herramientas para la investigación eficaz de delitos graves como el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Y se incorporaron al texto leyes especiales como las de Flagrancia, la de Juicio Unipersonal, la del Arrepentido, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, todas ellas sancionadas por el Congreso Nacional en los últimos años.
2do Cte Alegre Ariel

Un aspecto positivo que beneficia al funcionario de las FFSS a mi forma de ver las situaciones, es el tema del acta de procedimiento, ya que al pasar a ser como un formulario agiliza y es mucho más práctico en su desarrollo.   

Otro aspecto positivo en el CPPF de las provincias de Salta y Jujuy, es de acuerdo a las comunicaciones entre las FFSS y los magistrados, los mismos no se hacen con el Juez o secretario, se realizan directamente con el fiscal, lo cual es, un gran beneficio debido a la practicidad, ya que es él quien dirige la investigación, siendo además quien valoriza e incorpora los medios de pruebas en forma objetiva, y a su vez pasa a cumplir una función más garantista S.S. 

2do Cte Gabriel CARMONA

Como manifiestan el desafío es cambiar la cabeza de los actores del sistema judicial, más que nada y haciendo hincapié en la concientización del ministerio público del nuevo rol que le toca, saben que como todo cambio tiene su complejidad, pero tienen la convicción que apunta hacia una transformación positiva.
 
2do Cte Alberto Agustín Maciel

La implementación del nuevo CPPF, puntualiza los pasos para una investigación penal desde su inicio hasta su sentencia y considera la posibilidad de investigar de manera conjunta entre la justicia federal y las provinciales, sin dudas una cuestión que marca un antes y un después en este aspecto, en razón a que se trata de una adecuación sobre una necesidad que existía para llevar a cabo una investigación y hoy las facilitará, permitiendo mejores resultados y contribuyendo en definitiva al bien común. 

Ojala, la implementación del mismo, se extienda a la brevedad en todo el territorio de nuestro país, en razón a que su puesta en práctica en las provincias de Salta y Jujuy, ya demostró su eficacia y eficiencia.

Atte. 2do Cte Martin CARMONA.

La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación repasa las normas, los principios, la adecuación institucional y las principales estadísticas del sistema. Rosario y Mendoza aguardan su próxima implementación.

Código Procesal Penal Federal
sistema acusatorio
Unidad Especial Estratégica para la implementación del Sistema Penal Acusatorio

El sistema procesal penal acusatorio cumple hoy tres años desde su implementación en las provincias de Salta y Jujuy. Este cambio, instrumentado a través del Código Procesal Penal Federal (CPPF) sancionado por la ley 27.063, implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles en los que la investigación de los delitos queda a cargo del Ministerio Público Fiscal.

El sistema acusatorio se asienta sobre la división de roles entre jueces y fiscales, la contradicción y la “igualdad de armas” entre las partes, la publicidad de las decisiones y el derecho de toda persona imputada en el marco de un proceso penal a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

El Congreso de la Nación dispuso que la implementación del CPPF sea gradual y progresiva. Las definiciones sobre la instrumentación del proceso están a cargo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que dispuso que las próximas jurisdicciones en las que se implementará el CPPF sean Mendoza (que comprende la región de Cuyo) y Rosario (que involucra buena parte de la provincia de Santa Fe y la sección judicial San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires). Aun no se ha establecido la fecha en la que sucederá la puesta en marcha en cada una.

En el marco de ese proceso, en el ámbito de la Procuración General, de acuerdo con lo dispuesto la Resolución PGN 16/2018, se creó la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UNISA), una estructura específica para intervenir en la promoción de la adecuación institucional y operativa del Ministerio Público Fiscal, frente a las necesidades y desafíos del nuevo código procesal penal acusatorio a cargo de los titulares de las secretarías de Coordinación Institucional y de Disciplinaria y Técnica.

La UNISA tiene como propósito la promoción de la interacción entre las distintas áreas del Ministerio Público Fiscal y con las autoridades de los otros poderes, a fin de analizar las cuestiones de interpretación normativa, de diseño y planificación de la estructura organizacional, edilicia y reglamentaria del MPF; y de superintendencia, capacitación y concursos involucradas en la implementación del CPPF.

Desde la puesta en marcha, el procurador general interino ha promovido resoluciones administrativas y reglamentarias y criterios generales, estableciendo un nuevo modelo de gestión y organización del MPF en el marco del sistema acusatorio, y ha consagrado criterios de actuación, celebrado acuerdos con otros organismos y poderes y dispuesto actividades de formación, análisis y capacitación a fin de hacer posible la adecuación de la estructura del MPF al nuevo sistema.

La implementación del CPPF en la jurisdicción Salta en buena medida fue posible merced al compromiso de fiscales, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

La información que surge del Sistema de gestión de casos penales “Coiron” brindada por la Dirección de Desempeño Institucional da cuenta del drástico cambio en la gestión de los casos y de la celeridad en su resolución.

En los últimos 12 meses en las cuatro sedes del MPF en la jurisdicción se iniciaron un total de 2909 casos. El 62% se inició como consecuencia de actos de prevención promovidos por las diversas fuerzas de seguridad y un 26% por denuncias. Del total de denuncias efectuadas en la jurisdicción, el 69% se realizaron ante el MPF, en tanto que las denuncias ante las fuerzas de seguridad alcanzaron el 27% y sólo un 4% fueron sustanciadas con la intervención inicial del Poder Judicial.

En este contexto, el 41% de los casos iniciados tiene vinculación con hechos catalogables como de “narcocriminalidad”.

Del total de casos iniciados en los últimos 12 meses, el 59% ya fue resuelto.

Dentro del universo de casos resueltos, dos tercios, es decir el 66%, corresponden a formas tempranas de finalización (archivos y desestimaciones); un 14% corresponde a formas de soluciones alternativas (aplicación de criterios de oportunidad, conciliaciones, reparaciones integrales y suspensiones del proceso a prueba), casi un 5% culminó en sentencias condenatorias y un 1,5% a sobreseimientos.

Esta capacitación comenzó en las provincias de Jujuy y Salta, que es donde primero entrará en vigor el Código Procesal Penal Federal (CPPF). Allí, buena parte de los casos empieza a raíz de una intervención de las Fuerzas de Seguridad, que realizan operativos en las fronteras y en las rutas del noroeste.

El coordinador de la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, Ariel García Bordón, explicó que “las actividades planificadas consisten en tres talleres para los más de 3000 agentes destacados en el norte. En el primero explicamos acerca del nuevo sistema, en el que ellos pasan a ser el soporte del Ministerio Público Fiscal (MPF)”. Aquí vale hacer un alto para recordar que con la implementación del CPPF, los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones, y no los jueces de instrucción, como sucedía antes.

“En el segundo módulo revisamos la dinámica de esta relación con los fiscales; y el tercero es de carácter práctico, con simulaciones sobre escenas del hecho, procedimientos y protocolos para aislar imputados si están en el medio de la ruta, por ejemplo -la mayoría de los operativos de Gendarmería son en rutas-. Nuestro objetivo es que se desempeñen con criterios uniformes de actuación y sean conscientes de que cuentan con el respaldo del MPF y del Poder Ejecutivo en el terreno”, desarrolló García Bordón.

El CPPF determina de forma detallada las tareas que pueden llevar a cabo las fuerzas que intervengan en casos que lleguen a la Justicia Federal: entre otras tareas, pueden recibir denuncias, entrevistar testigos, resguardar el lugar del hecho, incautar documentos y todo tipo de evidencias y recabar datos que ayudan a identificar al imputado.

2do Cte Mauricio Cesar Bregni

Fuente argentina.gob.ar

 
Dr Santiago Ottaviano plantea el rol de la víctima, los problemas que se están presentando en la implementación del nuevo sistema acusatorio y el desafío que implica para la defensa tener que confrontar el tema de la víctima denominándola “recargada” o “reforzada” implementación que no es exclusiva del nuevo CPPF, sino que se viene implementando en otros lugares, considera que esto no viene de una discusión político criminal profunda, y que son producto de dos líneas o dos puentes, por un lado la discusión político criminal de EEUU en la cual grupos pro victimas lograron en 33 estados la constitucionalizarían de los derechos de las víctimas con eje sobretodo en la compensación y en la reparación de la información y por otro lado desde la lógica de los DDHH, el impacto que ha tenido desde la Corte Interamericana de DDHH donde se pasó desde un primer momento de la idea de la obligación del estado de investigar y sancionar las violaciones DDHH, a la consideración de un derecho de la víctima que el estado investigue y sancione , derecho que antes estaba vinculado solamente a casos vinculados con desaparición forzada. como así también, identifica que el proceso posee tres tipos de actores, los cuales son los que acusan, los que defienden y el que resuelve, en el código anterior el Juez era parte junto al fiscal de la parte acusatoria, por lo cual se separa del fiscal y permite la incorporación de la querella sin mediar ningún impedimento, ocurriendo que si bien hay una multiplicidad de actores desde la parte acusatoria, ambas partes defienden un interés común que es el de la reparación del derecho vulnerado de la víctima que en este nuevo sistema tiene una mayor participación, pudiendo aportar pruebas y hasta la posibilidad modificar la acción penal publica ante la aplicación de criterios de oportunidad y/o conversión de la acción en tanto se cumplan las condiciones para tal fin, lo que constituye una garantía mas que tiene la victima ante la resolución de los fiscales, a diferencia de lo establecido en el CPPA en el cual la víctima no podía modificar la acción penal publica del proceso acusatorio.

2do Cte Gustavo Alberto MENDOZA