Un problema que se da entre la crisis educativa y los principios constitucionales es la tremenda burocracia que sobrecarga la labor administrativa y restringe la autonomía del centro educativo. Para gestionar algo se va a requerir de muchos procesos y permisos que pueden tardar en acreditarse porque deben llegar a muchas personas.

Por otro lado, se menciona que hay otros países en los cuales sus centros educativos tienen mayor rendimiento educativo, haciendo hincapié en que estos centros educativos también tienen mayor autonomía.

Esto no quiere decir que con el hecho de dar mayor autonomía a los centro educativos vaya a mejorar exponencialmente, ya que se deben tomar en cuenta otros factores. Pero cuanto menos, se pueden tomar estos países como guías o modelos para mejorar la gestión burocrática de nuestro país.

2. ¿Que es el apagón educativo y cuánto riesgo corre la inclusión educativa?

El apagón educativo se puede entender como el rezago de las clases que de dió desde el 2018. Esto a raíz de huelvas y situaciones como la pandemia que afectaron en gran medida el poder ver todos los temas del currículo. Se habla que dicho rezago llegó a un cincuenta por ciento (50%).

El problema de esto es que, a pesar de que los estudiantes continúan en las aulas, no están aprendiendo igual. No se logra ver todo el contenido de los programas de estudio, por lo que el conocimiento que presentan provoca que haya un mal rendimiento en pruebas estandarizadas internacionales. Además, no se logra preparar a los estudiantes para una correcta inserción en la sociedad del conocimiento.

Entonces, la inclusión no se puede manifestar como la presencia en el centro educativo, sino en la medida en que se recorta el currículo y los recursos para ofrecerles una educación de calidad, lo que en última instancia repercute negativamente en el estudiante y su preparación para el futuro.

Pérdida grave del proceso de aprendizaje como producto de huelgas (2018-2020), pandemia por COVID-19 (2020-2022), cierre de instituciones educativas por ordenes sanitarias (2022-2026), entre otras circunstancias que dejaron rezagos severos en materias clave y una brecha digital.

Definitivamente corre riesgo la inclusión educativa desde el simple hecho, en primer lugar, que este rezago genera una incapacidad de adquirir competencias básicas (cognitivas, educativas, sociales, etc). Lo anterior puede generar (o está generando) un riesgo de segregación -no solo entre educación privada y educación públicas, si no que también entre educación en general-. También hay un riesgo alto en que esta situación genere vulnerabilidad en la población estudiantil -especialmente jóven- al haber mayor deserción estudiantil que se va a representar en mayores dificultades socioeconómicas a futuro.

En este sentido, la crisis educativa se relaciona con el hecho de que los resultados de las acciones implementadas se desarrollan lentamente y no logran reflejar aprendizajes de alta calidad. En cuanto a la gestión del MEP, se destaca la excesiva burocracia, la cual dificulta la toma de decisiones y limita la autonomía para gestionar los centros educativos. Además, existen problemas de infraestructura y otros procesos que no permiten ofrecer espacios educativos de calidad, con aulas amplias, buena iluminación y servicios adecuados que generen condiciones y ambientes de aprendizaje de calidad para los estudiantes.

Por otra parte, en cuanto a los actores educativos, se presenta la carga administrativa que tienen las personas funcionarias, tanto docentes como directores. Esta situación provoca que el tiempo efectivo dedicado por el docente a impartir lecciones y a la gestión pedagógica sea limitada. En el caso de las personas directoras, muchas veces no pueden enfocarse en desempeñarse como líderes pedagógicos, lo que genera una disminución en la calidad de la educación. Asimismo, estas condiciones dificultan el seguimiento adecuado de los procesos de aprendizaje y la implementación de mejoras dentro de los centros educativos.

Por lo tanto, el sistema educativo costarricense no ha logrado responder con rapidez a los cambios sociales y tecnológicos, provocando una crisis comparable a la de los años 80. Esto pone en riesgo el cumplimiento de los derechos educativos protegidos por la Constitución y por normas del Derecho Educativo.

  2. ¿Qué es el apagón educativo y cuánto riesgo corre la inclusión educativa?

En cuanto al apagón educativo, este se venía gestando años antes del contexto atípico de la pandemia. Las constantes huelgas y, en su momento, la prolongación de estas por aproximadamente tres meses, aunado al confinamiento sanitario provocado por el COVID-19, generaron una serie de circunstancias que agravaron el acceso equitativo a una educación de calidad.

Por otra parte, uno de los principales problemas fue que muchos estudiantes no tenían acceso a internet, dispositivos electrónicos ni condiciones adecuadas para continuar con el aprendizaje desde sus hogares. Además, las personas docentes no contaban con las habilidades tecnológicas ni con la preparación pedagógica necesaria para impartir lecciones remotas. De igual manera, muchos padres de familia no tenían las herramientas ni los conocimientos adecuados para guiar a sus hijos en el proceso de aprendizaje desde el hogar.

Esto provocó una nueva forma de exclusión educativa, ya que, aunque gran parte del estudiantado continuaba matriculado formalmente, no todos podían aprender en igualdad de condiciones. Asimismo, esta nueva forma de exclusión educativa puede aumentar la pobreza, la desigualdad y la deserción escolar en los próximos años.