Además, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional también representó graves consecuencias económicas y sociales para el país, aumentando la pobreza que alcanzó a un tercio de la población.

 

"Una encuesta de opinión pública es una apasionante aventura. Sobre todo cuando se trata, como en este caso, de un problema que preocupa e inquieta a todos los argentinos: el divorcio (...) El 71% de los habitantes de la Capital y el Gran Buenos Aires están a favor de la ley de divorcio. Un 26% es contrario a la misma y solo el 3% no se define. Además de abrumadoras, las cifras resultan totalmente inesperadas. Era lógico suponer que la tradición cultural y religiosa determinaría una fuerte resistencia a la legalización del divorcio. Pero los números son irrebatibles. (...) Toca a todos los sectores parlamentarios tomar posición y definirse en el fundamental debate que se avecina. El pueblo así lo espera."