Eso significa que: • las normas del sistema de la OMC son acuerdos resultantes de negociaciones celebradas entre los gobiernos de los países Miembros; 
 • las normas son ratificadas por los parlamentos de los Miembros; y • las decisiones adoptadas en la OMC se toman en prácticamente todos los casos por consenso entre todos los Miembros. En otras palabras, las decisiones que se adoptan en la OMC han sido negociadas, están sujetas al control necesario y son democráticas. La única ocasión en que un órgano de la OMC puede tener una influencia directa en la política de un gobierno es cuando, tras someterse una diferencia a la OMC, el Órgano de Solución de Diferencias (integrado por el conjunto de los Miembros) formula una  resolución. Por lo general, dicho Órgano la formula haciendo suyas las conclusiones de un grupo de expertos o de un informe de apelación.  Pero incluso en ese caso el alcance de la resolución es limitado: simplemente se trata de un juicio o de una interpretación sobre si un gobierno ha infringido un Acuerdo de la OMC aceptado por el propio gobierno infractor. Si un gobierno infringe un compromiso es preciso que lo cumpla. En todos los demás respectos, la OMC no ordena a los gobiernos que adopten o descarten determinadas políticas. En lo que atañe a la Secretaría de la OMC, ésta se limita a facilitar asistencia administrativa y técnica a la OMC y a sus Miembros. En realidad, son los gobiernos los que imponen su voluntad a la OMC. 

 Sí, es cierto: uno de los principios del sistema de la OMC es que los países reduzcan sus obstáculos al comercio para permitir que las corrientes comerciales fluyan con mayor libertad. Después de todo, los países se benefician del aumento de los intercambios comerciales que resulta de esa reducción. Pero el nivel exacto al que se deben reducir esos obstáculos es algo que los propios países Miembros negocian entre sí. Su posición negociadora  depende de lo dispuestos que estén a reducir esos obstáculos y de lo que quieren obtener a cambio de los otros Miembros. Lo que para un país es una obligación resulta ser un derecho para otro país, y viceversa.  El cometido de la OMC es servir de foro para negociar la liberalización. La Organización aporta además un conjunto de normas sobre el modo de llevar a cabo tal liberalización. 

 El sistema de comercio de la OMC descansa sobre la idea de que un comercio más libre incentiva el crecimiento económico y fomenta el desarrollo. En ese sentido, comercio y desarrollo son mutuamente beneficiosos. Al mismo tiempo, uno de los temas que se debaten continuamente en la  OMC es precisamente si los países en desarrollo obtienen o no suficientes beneficios de este sistema, lo que no implica que el sistema no ofrezca nada a estos países. Al contrario: los acuerdos incluyen muchas disposiciones importantes que tienen en cuenta específicamente sus intereses. Los países en desarrollo disponen de un plazo más largo para aplicar  muchas de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC. Los países menos adelantados reciben un trato especial, que incluye la exención de numerosas disposiciones. 

 En el preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio se citan entre los distintos objetivos la utilización óptima de los recursos mundiales, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Esta preocupación se plasma en términos más concretos en una serie de disposiciones recogidas en la normativa de la OMC. Entre las más importantes cabe citar las cláusulas genéricas (como el artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que permiten a los países adoptar medidas destinadas a proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales y asegurar la conservación de los recursos naturales agotables. Más allá de los principios de amplio alcance, los acuerdos específicos sobre cuestiones concretas también toman en consideración las preocupaciones ambientales. Así por ejemplo, se permite la concesión de subvenciones para proteger el medio ambiente. Los objetivos ambientales se recogen expresamente en los Acuerdos de la  OMC que se ocupan de las normas de productos, la inocuidad de los alimentos, la protección de la propiedad intelectual, etc.  Además, el sistema y sus normas pueden ayudar a los países a asignar recursos limitados de un modo más eficaz y menos derrochador. Así por ejemplo, las negociaciones han entrañado la reducción de las subvenciones industriales y agrícolas, lo que a su vez reduce una sobreproducción no aprovechable. 

Los acuerdos contienen cláusulas clave (como el artículo XX del GATT) que permiten expresamente a los gobiernos adoptar medidas destinadas a proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales. Ahora bien, esas medidas están sujetas a ciertas disciplinas para evitar, por ejemplo, que los gobiernos las utilicen como pretexto para proteger a los productores nacionales, lo que constituiría una forma encubierta de proteccionismo. Algunos de los acuerdos se centran con mayor detalle en las normas de productos y en la salud y la inocuidad de los alimentos y de otros productos de origen animal o vegetal. El objetivo es defender el derecho de los gobiernos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. A título de ejemplo, una resolución adoptada en el marco de la solución de diferencias en la OMC declaró justificada la prohibición de productos que contienen amianto fundándose en que los Acuerdos de la OMC dan  efectivamente a la salud y la seguridad prioridad sobre el comercio. Al mismo tiempo, los acuerdos también tienen por objeto impedir que los gobiernos establezcan reglamentos arbitrarios que resulten discriminatorios para los bienes y servicios extranjeros. Se trata de evitar que los reglamentos de seguridad constituyan una forma encubierta de proteccionismo. 

La relación entre comercio y empleo es compleja. Y también la existente entre comercio e igualdad. Un comercio más fluido y estable fomenta el crecimiento económico y puede contribuir a crear empleo o a reducir la pobreza y frecuentemente permite hacer ambas cosas a la vez. El primer beneficiario es el país que reduce sus propios obstáculos al comercio. Aunque no tanto, también salen ganando los países que exportan a éste. En muchos casos, los trabajadores del sector de las exportaciones disfrutan de mejores salarios y de una mayor seguridad en el empleo. No obstante, es indudable que los productores que antes estaban protegidos y sus trabajadores tienen que hacer frente a la nueva competencia cuando se reducen los obstáculos al comercio. Algunos sobreviven volviéndose más competitivos. Otros no lo logran. Algunos se adaptan rápidamente (por ejemplo, encontrando un nuevo empleo), mientras que otros tardan más tiempo. Conviene resaltar que algunos países tienen mayor facilidad para adaptarse que otros. Esto se debe en parte a que cuentan con políticas de reajuste más  eficaces. Los países que carecen de políticas eficaces están desaprovechando una importante oportunidad, ya que el impulso que el comercio da a la economía crea los recursos que contribuyen a facilitar los reajustes. La OMC trata de dar solución a estos problemas de diversas maneras. En la OMC la liberalización se efectúa de forma progresiva: los países tienen tiempo para hacer los reajustes necesarios. Además, los acuerdos incluyen disposiciones que permiten a los países adoptar medidas de emergencia contra las importaciones que resulten particularmente perjudiciales, pero con sujeción a disciplinas estrictas. 

 En los últimos años los países en desarrollo han participado con cada vez más brío en las negociaciones de la OMC y han presentado un número sin precedentes de propuestas en las conversaciones sobre la agricultura e intervenido activamente en la preparación de las declaraciones y decisiones ministeriales adoptadas en noviembre de 2001 en Doha, capital de Qatar. El procedimiento conducente a la adopción de éstos ha sido  celebrado por ellos. Todo esto es prueba de la confianza que les merece el sistema.  Cabe recordar asimismo que las actuales normas de la OMC son el resultado de negociaciones multilaterales (es decir, negociaciones en las que participaron todos los miembros del GATT, el predecesor de la OMC). Las negociaciones más recientes, las de la Ronda Uruguay (1986 a 1994), únicamente pudieron llegar a buen puerto porque los países desarrollados accedieron a la reforma del comercio de textiles y de la  agricultura, dos asuntos de suma importancia para los países en desarrollo  En resumidas cuentas, en el sistema de comercio de la OMC todos tienen que seguir las mismas reglas.  Gracias a eso, en el marco del procedimiento de solución de diferencias de la OMC ciertas medidas adoptadas por países desarrollados han sido denunciadas con éxito por países en desarrollo. Sin la OMC, esos países más pequeños habrían carecido del poder necesario para enfrentar a sus interlocutores comerciales más poderosos. 

 Esa es la consecuencia natural del tipo de negociación conocido como «ronda» (es decir, negociaciones que abarcan un amplio abanico de sectores).  El resultado de una ronda comercial ha de reflejar un equilibrio de intereses. A  los gobiernos les puede resultar más fácil rechazar la presión de un determinado grupo de presión alegando que tuvieron que aceptar un acuerdo global en interés del país en su conjunto  • A este respecto, hay otro malentendido en cuanto a la composición de la OMC. La OMC es una organización formada por gobiernos.  El sector privado, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos de presión no participan en las actividades de la OMC, salvo en acontecimientos especiales como los seminarios o los simposios.  Por consiguiente, únicamente pueden pesar sobre las decisiones de la OMC a través del respectivo gobierno. 

 Las razones son positivas más que negativas: hay que buscarlas en los principios clave de la OMC, tales como la no discriminación y la transparencia. Gracias a su adhesión a la OMC,  ncluso un país pequeño se beneficia automáticamente de las ventajas que todos los Miembros de la OMC se otorgan mutuamente. Y hay países pequeños que han derrotado a países ricos en el marco del mecanismo de solución de diferencias, algo que jamás habrían podido conseguir fuera de la OMC.  La alternativa sería negociar acuerdos comerciales bilaterales con cada interlocutor comercial, lo que podría implicar incluso la negociación periódica de la renovación de los compromisos a  fin de dar a todos los interlocutores comerciales el mismo trato.  Para ello los gobiernos requerirían más recursos, lo que plantearía un grave problema para los países pequeños. Además, en toda negociación bilateral el país más pequeño es también el más débil.  Mediante su adhesión a la OMC los países pequeños pueden aumentar igualmente su poder de negociación formando alianzas con otros países que comparten los mismos intereses 

 Sería erróneo postular que todos los países tienen el mismo poder de  negociación. No obstante, la regla del consenso implica que todos los países tienen voz y que para que se sumen al consenso es preciso haberlos convencido previamente. Con cierta frecuencia para poder persuadir a un país renuente hay que ofrecer algo a cambio.  El consenso también significa que todos los países aceptan las decisiones, es decir, que no hay disidentes.  Es más, las normas comerciales de la OMC resultantes de las negociaciones de la Ronda Uruguay fueron negociadas por los gobiernos Miembros y ratificadas por sus respectivos parlamentos.