El Frontón fue una isla-prisión en el Perú utilizada para recluir a presuntos integrantes de grupos terroristas, como el Sendero Luminoso. En junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García Pérez, se produjo un motín en esta cárcel, así como en otros penales de Lima, como Lurigancho y Santa Bárbara. Los reclusos protestaban por las condiciones de detención y exigían mejoras en sus derechos penitenciarios.

El motín en El Frontón culminó con una intervención militar y policial que resultó en la muerte de más de 100 internos, muchos de ellos presuntamente ejecutados extrajudicialmente tras haberse rendido. Se alegó que miembros de la Marina del Perú habrían cometido estas ejecuciones.

Se violaron el Estado de derecho y garantías constitucionales.

Se violo al Estado de derecho y garantías constitucionales

Este caso ha sido relevante en el debate sobre el Estado de derecho y las garantías constitucionales, ya que involucra cuestiones como el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado ya que se denunciaron ejecuciones extrajudiciales y torturas, lo que contradice el respeto al derecho a la vida, el debido proceso y la prohibición de la tortura establecidos en la Constitución peruana de 1979 y en tratados internacionales.

La Falta de investigaciones independientes; Durante años, las investigaciones sobre el caso fueron poco transparentes, lo que reflejaba problemas estructurales en el sistema judicial para garantizar justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.

Hubo Impunidad ya que en un principio, los responsables de las muertes no fueron sancionados, lo que cuestionaba el principio de igualdad ante la ley. La presión de organizaciones internacionales y de derechos humanos llevó a que el caso llegara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); En 2006, la Corte IDH emitió una sentencia en el caso "Durand y Ugarte vs. Perú", ordenando al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables de las muertes, así como indemnizar a las familias de las víctimas.