Las detenciones por publicaciones en redes sociales están vinculadas a contenidos que son de acceso público, opiniones o información que cuestionan al gobierno o revelan datos sobre la crisis social, económica y política que atraviesa el país. Entre enero y diciembre de 2018, se registraron diez casos con un total de 24 personas detenidas por el uso de redes sociales, la mayoría por publicaciones en Twitter y Facebook.

Desde el nefasto período de Hugo Chávez, la libertad de información y de expresión estuvieron fuertemente atacadas, lo que tuvo su punto culmen en 2007, cuando arbitrariamente el gobierno cerró el canal de televisión RCTV, el más antiguo del país, por sus constantes denuncias de lo que ya se perfilaba como un mandato totalitario y corrupto.

Y desde ese momento empezó a diseñarse lo que el entonces ministro de información Andrés Izarra, hoy disfrutando comodidades y libertades europeas, denominó política de hegemonía comunicacional, la cual sigue en pie a paso de vencedores junto a un marco legal cada vez más  coercitivo, en el que destacan la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que incluyó medidas coercitivas a  los medios electrónicos,  la ley contra el odio, la Ley de telecomunicaciones y la declaración de estado de excepción.

También a partir del cierre del icónico canal RCTV, empezó un constante asedio a los medios incómodos al régimen que ha finalizado en lo que tenemos hoy día: una sociedad mal informada y manipulada,  a la que le imponen una visión parcializada de la realidad, porque no tiene acceso libre a canales de televisión o portales de internet que no sean afines o complacientes con el poder, bajo la amenaza de desaparecer.

Miguel Mora, quien estuvo detenido 6 meses y enfrentó cargos por supuestamente incitar al odio e instar a cometer actos terroristas, informó que tanto él como Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal 100% Noticias, no han recibido una notificación oficial de sobreseimiento y cierre de su caso. Mora agregó que las instalaciones de su medio de comunicación siguen ocupadas por la Policía desde el 21 de diciembre de 2018.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra en el exilio, informó vía Skype que las instalaciones de Confidencial y Esta Semana se encuentran ocupadas por la Policía Nacional desde el 13 de diciembre de 2018 y que ha introducido varios recursos de amparo ante la Corte Suprema y tribunal de apelaciones de Managua, pero hasta el momento no resuelven sobre los mismos.
El jefe de la Policía Nacional introdujo el 21 de febrero un recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en donde exponen que en sus actuaciones procedieron conforme a normas policiales, respetando los derechos y garantías constitucionales de dueños de medios que interpusieron recursos de amparo.

En el documento expresan que los allanamientos se orientaron por órdenes judiciales. CNN en Español consultó al poder judicial sobre este recurso, por las vías oficiales, pero no respondieron la solicitud.

Aquel día en el que las fuerzas políticas diversas y la población se unieron y empezaron una lucha conjunta por el restablecimiento de la democracia, la radio estaba ahí para comunicarlo priorizando en todo momento un lenguaje sereno y propiciando la voz de la gente antes que la de ellos mismos.

“En este momento han dispuesto que cerremos la estación de radio Antena 1, han dispuesto que cerremos Radio Antena 1, nosotros hemos estado llevando la información con la pluralidad de lo que el caso requiere, incluso hemos dado lectura al comunicado oficial del conjunto de la Fuerza Armada, pero en este momento las fuerzas policiales y militares están en la puerta de nuestra estación ordenando que cierre nuestra transmisión.”

En la trasmisión de Henry Aragón con Cecilia Laca abundó la conciencia periodística. Ellos sabían que estaban tomando otros medios y a las 10:30 de esa misma noche un comandante del Ejército intentó presionar a la directora sobre suspender la transmisión y sintonizar “música relajada”, pero ellos decidieron seguir siendo periodistas. Lo que vino después de ese día para ellos fue una serie de amenazas y actos de violencia en su contra que se prolongó por semanas.

Ese día la radio se convirtió en héroe, pues se diferenció de los otros medios. Muchos canales o periódicos de la época estaban en un “casamiento” con el fujimontesinismo por lo que aquel hecho que suponía una vergüenza nacional no fue recordado ni mencionado.

Este hecho desenmascaró el accionar ilícito del gobierno pues atentó contra el artículo 2, inciso 4, donde se sostiene que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión, y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento, bajo las responsabilidades de ley”.

En general, se puede decir que el derecho constitucional de expresión ha sido una de las grandes batallas en el sistema jurídico, y en caso de quiebre del orden constitucional, es uno de los derechos más violentados, como se vivió en la época Fujimori y también años atrás con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado y la confiscación de los medios.

Desde sus inicios, la radio ha desarrollado una dimensión de servicio para con la gente y esta dimensión de “servicio” se ha convertido en su forma natural. La radio sigue viva y está lejos de ser un medio en extinción, a pesar de que un 5 de junio de 1992 se le quiso eliminar.