POR ACCIÓN: que implica que cuando el Estado actúa, cause un daño legítimo o ilegítimo al administrado.

POR OMISIÓN: que significa que el Estado no actúe ante algo que tiene que hacer y con ello cause un daño.

ARTÍCULO 9º CP-

La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

(Así reformado por Ley Nº 7020 de 6 de enero de 1986, artículo 1º)

ARTÍCULO 11 LGAP.-

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.

ARTÍCULO 11 CP.-

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

Se subdivide en:

• Culpa in vigilando

• In iligendo

  
  

Subjetiva

• Establece que los actos realizados por el funcionario son a nombre y por cuenta del Estado.

197: Responsabilidad por el dolor físico causado o por la lesión inferida.

198: plazo para reclamar la indemnización ante la Administración.

art. 4 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Todos los funcionarios y funcionarias que tengan tareas de la Administración son responsables de velar por la correcta y oportuna aplicación de todas las disposiciones del Reglamento.

El hecho de que el ayuntamiento de Alajuela atribuya el problema a un colapso en las tuberías de la Asada del lugar no exime la responsabilidad del Estado, ya que cualquier institución a cargo de una obra de infraestructura, como es el caso de la Asada, también tiene la obligación de garantizar que sus actividades no representen un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Por lo tanto, se podría concluir que existen fundamentos sólidos para iniciar una demanda contra el Estado por los daños causados debido al mal estado de las vías, ya que este tiene la responsabilidad primaria de mantenerlas en condiciones adecuadas para su uso seguro.

Por otra parte, la responsabilidad se clasificaría como contractual

1. Culpa de la víctima: Luis Fernando Guevara Díaz no parece haber contribuido de ninguna manera a los hechos que llevaron a su discriminación y despido. No cometió ninguna acción u omisión que provocara su situación.

2. Hecho de un tercero: Tampoco parece que un tercero haya causado directamente el daño a Guevara. Su despido y discriminación fueron consecuencia de decisiones tomadas por la administración pública costarricense, sin intervención directa de un tercero externo.

3. Fuerza mayor: Este concepto se refiere a eventos externos e incontrolables que pueden eximir de responsabilidad a la administración pública. Sin embargo, en el caso de Guevara, su discriminación y despido fueron el resultado de acciones deliberadas y evitables por parte de la administración, no de eventos fuera de su control.

1.-La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los mismos, salvo razones de urgente necesidad.

2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o alteración será responsable por los daños y perjuicios causados.

En resumen, el artículo 5º busca equilibrar la protección de los derechos adquiridos por los empleados de entes públicos con la necesidad de asegurar el funcionamiento eficiente del servicio público. Un despido sin causa justa sería considerado una violación de los derechos adquiridos, a menos que pueda justificarse como una medida necesaria y urgente, en cuyo caso el ente público sería responsable de compensar al empleado por los daños y perjuicios causados.

Artículo 190 LGAP:

"1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima, o hecho de un tercero.

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes a este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente."

Este artículo, regulan un régimen de responsabilidad objetiva del Estado y los límites del mismo.

La figura jurídica del Estado permite la imputación de responsabilidad y la obligación de reparación por acciones realizadas por sus entidades en el ejercicio de sus funciones.

• RESPONSABILIDAD PRECONTRATO

Cualquier actividad del Estado previa a la formalización de un contrato puede conllevar responsabilidad y, por lo tanto, la obligación de compensar los daños causados.

• RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

El Estado será responsable cuando, durante la ejecución o terminación de un contrato, cause daños al contratista, como el impago o el retraso en el pago.

• RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

El Estado puede ser responsable frente a los ciudadanos sin relación contractual, causando perjuicios que no se derivan de contratos específicos.

Esto puede originarse en acciones u omisiones de los órganos legislativos, judiciales o administrativos del Estado.

"1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima, o hecho de un tercero.

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes a este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente."

Este artículo, así como los siguientes, regulan un régimen de responsabilidad objetiva del Estado y los límites del mismo. En los artículos siguientes, se entra a distinguir entre la responsabilidad por conducta lícita y la responsabilidad por conducta ilícita. En cuanto a este último tipo de responsabilidad indican los numerales 191 y siguientes:

"Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o actos extraño a dicha comisión." (Lo resaltado no es del original)

Este artículo enfatiza la necesidad de que existan derechos subjetivos como requisito fundamental para tener derecho a la indemnización. Esta condición también se menciona en el artículo 192, el cual establece que la Administración será responsable en las mismas circunstancias cuando, de manera ilegal, suprime o limita derechos subjetivos utilizando sus poderes para ello.

En otro aspecto importante, se establece que en casos de conducta ilícita, no habrá responsabilidad por daños a intereses legítimos, pero se compensará a aquellos que logren anular la adjudicación de cualquier concurso público con la mitad del beneficio económico que razonablemente hubieran obtenido de ser favorecidos.

La responsabilidad por daños causados a los derechos de los administrados debido a conducta lícita y funcionamiento normal se contempla en circunstancias específicas: cuando el daño sea causado de manera excepcional debido a la pequeña proporción de los afectados y a la intensidad extraordinaria de la lesión. En estos casos, la indemnización solo cubrirá el valor de los daños en el momento de su compensación, sin incluir lucro cesante.

Además, en cuanto a conducta lícita, se establece que ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen daño especial en los términos anteriores, si el interés afectado no es legítimo o contraviene el orden público, la moral o las buenas costumbres, incluso si ese interés no estaba prohibido explícitamente antes o en el momento del daño (según el artículo 195).

Finalmente, los artículos 196, 197 y 198, establecen otros parámetros aplicables en general a todo el régimen de responsabilidad. El primero de ellos indica que:

"En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo."

Este numeral es muy importante de tomar en cuenta en la aplicación del régimen de responsabilidad del Estado. Asimismo se indica que cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causado por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente, y que el derecho de reclamar la indemnización prescribirá en tres años contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad.

La anterior, es la relación de los numerales más importantes en cuanto a la regulación de la responsabilidad del Estado.