Los gobiernos tienen que proteger a sus ciudadanos para que no se viole el derecho a la vida. Pero no lo hacen si condenan a sus propios ciudadanos a la pena de muerte. También el artículo 5 de la Declaración está en contra de la pena de muerte: "Nadie puede ser torturado ni tratado o castigado de forma inhumana".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado algunos aspectos específicos relativos a la aplicación de la pena de muerte como sanción excepcional en el derecho interno. Asimismo, ha establecido que la materialización de la sanción de pena de muerte respecto de una persona que esta con medidas provisionales configura una forma de privación arbitraria de la vida por parte del Estado. El objeto del artículo 4 de la Convención es la protección al derecho a la vida, “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, y por un principio procesal según el cual “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. De ahí que, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta no puede imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.

La Pena de muerte en la Ética, como requisito general de la pena es el hecho de que estas deben ser morales, es decir: que no amenacen con ejecutar algo que sea intrínseco o absolutamente malo. Para demostrar que la pena capital cumple con este requisito de moralidad, partiremos de las siguientes premisas:

-       Todas las penas constituyen la privación de un derecho, y por ello, se cometería una injusticia si no existiera causas importantes para justificar dicha privación.

-       El derecho a la vida es indiscutible ya que es uno de los bienes jurídicos tutelados por el Estado, no obstante, puede prevalecer sobre por todos y por ningún motivo pueda perderlo.

-       El que mata a otra persona, comete una conducta muy grave, pues atenta contra un bien jurídico muy importante, sin embargo, aquel que actúa en LEGITIMA DEFENSA, mata, no comete delito, ya que se encuentra dentro de los alcances de las causas de justificación de la antijuricidad de la teoría del delito.

-       Por consiguiente, aquellos que, en cumplimiento de un deber como el Policía o Militar, protege un bien jurídico a un tercero, está debidamente motivado y se consideraría una conducta moral.

De esta manera se puede interpretar que aquellos que actúan de conformidad con las leyes, realizar una conducta licita y obligatoria de la justicia, como la pena de muerte debidamente aplicada es justa y, por lo tanto, es moral. 

La pena de muerte viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. De aplicar la ley. Cuando se aplica es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir. De acuerdo con la investigación, no.  No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz 

Por ello, la importancia de invertir en programas de reintegración social de delincuentes y, en particular, de administrar el retorno de los prisioneros a la comunidad para prevenir la reincidencia y contribuir a la seguridad pública. Esto obviamente debe ser parte de una estrategia completa de prevención del delito. Es coherente con las normas internacionales que consideran la rehabilitación de delincuentes y su reintegración exitosa dentro de la comunidad como objetivos básicos del proceso de justicia penal

Las intervenciones para apoyar la integración social de delincuentes no necesariamente requieren la privación de su libertad. Por el contrario, muchas de estas intervenciones pueden hacerse más eficazmente en la comunidad en vez de hacerse en una institución. De hecho, el encarcelamiento puede con frecuencia obstaculizar seriamente la reintegración social de un delincuente. Cuando los delincuentes deben ir a prisión para proteger a la sociedad, el período de prisión debe ser utilizado constructivamente para asegurar, en todo lo que sea posible, que al retornar a la comunidad ellos no solo querrán, sino que también serán capaces de vivir respetando la ley. A esa altura, se les puede ofrecer apoyo adicional para ayudarles a efectuar esa difícil transición y asegurar que la comunidad quiere y puede recibirles.

Los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida. Tales intervenciones no necesariamente requieren el encarcelamiento de los delincuentes. Por el contrario, muchas de ellas pueden realizarse más eficazmente dentro de la comunidad que en una institución. De hecho, se puede decir que es más fácil aprender el modo de comportarse de una manera socialmente aceptable cuando se está en la comunidad que dentro del ambiente aislado y difícil de una prisión. Cuando es necesario recluir a los delincuentes para proteger a la sociedad, su reintegración social usualmente depende de si el periodo de reclusión se usa para asegurar, en la medida de lo posible, que cuando regresen a la comunidad no sólo quieran, sino que sean capaces, de vivir respetando la ley.

Los programas de reintegración institucional y de base comunitaria pueden tratar con los factores de riesgo al concentrarse en la motivación, la educación, el desarrollo de destrezas, el empleo, el alojamiento, las relaciones interpersonales, el tratamiento de drogas y alcohol, el cuidado de la salud mental y las intervenciones cognitivo-conductuales. En este sentido, es más probable lograr resultados positivos cuando las intervenciones y los servicios están inspirados por un enfoque “basado en la fuerza” para hacer uso de los bienes personales y comunitarios y así ayudar a los delincuentes a confrontar los desafíos personales y reintegrarse exitosamente en la comunidad. La investigación también ha identificado una cantidad de intervenciones preventivas a tiempo que pueden reducir los factores de riesgo. Estas incluyen a la educación preescolar, la alfabetización de la familia, información y apoyo a los padres, formación en razonamiento y destreza social, cambio organizativo en las escuelas y esquemas de lectura.

Se debe remplazar las condenas en prisión por medidas sustitutivas, más efectivas en términos de readaptación social y menos caras. “La mayoría de los objetivos del encarcelamiento puede lograrse por otros medios con mayor eficacia”. Los casos que se evidencia a diario en los medios de comunicación nos ha demostrado que las cárceles son escuelas del crimen y que las políticas punitivas solo agravan el entorno de violencia y delincuencia de nuestro país.