Una administración transparente permite a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público.

2.- Rendición de cuentas. 

Obliga a los que gobiernan a explicar con detalle en qué gastan los fondos públicos. Pero, además, permite a los ciudadanos exigir responsabilidades a los malos gestores y a los que prevarican o malgastan el dinero de todos. La futura ley de transparencia debería imponer este principio en la actuación de toda la administración.

Un país en el que un pleito puede tardar más de 10 años en dirimirse no inspira confianza. La tardanza en la resolución de los procedimientos incentiva a los que actúan de mala fe y convierte en ilusorios los derechos de las partes. Pero no se trata solo de una cuestión de eficiencia. Lamentablemente, la credibilidad de la justicia, altamente politizada, también está en juego.

4.- Un código ético para cargos públicos. 

La normativa en materia de incompatibilidades y conflictos de interés de los cargos públicos y jueces debería ser clara y generar confianza. No es de recibo que un Ministro de Industria y Energía deje su cartera y a la semana siguiente esté sentado en el consejo de una compañía eléctrica cotizada.

5.- Reforma del sistema electoral. 

Deberíamos introducir de una vez por todas las listas abiertas (en las que el votante puede elegir entre los que figuran en la lista y determinar su orden de elección) e instaurar un sistema verdaderamente representativo y proporcional (donde los partidos más pequeños jugaran su papel frente al bipartidismo reinante).

 La tecnología actual ya permite la participacion ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Y si no, que se lo pregunten a los islandeses, que acaban de aprobar una constitución debatida en Internet y redactada por el pueblo. Adicionalmente, las grandes cuestiones que afecten a la mayoría de los ciudadanos deberían someterse a referéndum.

7.- Administración pública profesional. 

Los cargos de hasta Director General deberían nombrarse por un sistema de meritocracia, garantizando la calidad de la gestión pública. Se evitarían así los nombramientos y ceses partidistas, y se pondría coto al nepotismo imperante.

 Los partidos políticos deberían ser mucho más transparentes en materia de financiación y empleo de los abundantes recursos que tienen asignados. Por otra parte, y de forma paradójica, la democracia interna en los partidos brilla por su ausencia. Los militantes deberían ser capaces de elegir a sus líderes mediante sistemas de primarias, evitando así las oligarquías en los partidos.

9.- Medios de comunicación independientes. Para asegurar la independencia de los medios de comunicación y reducir la manipulación informativa proponemos dos medidas. Por un lado, que se despolitice la concesión de licencias audiovisuales, de modo que el gobierno de turno no pueda conceder licencias a grupos afines y negárselas a otros. Por otro lado, que los cargos de los medios públicos sean independientes en lugar de estar designados por el poder político.
10.- Regulación de la actividad de lobby. Los grupos de presión a favor de determinados intereses deberían atenerse a unas reglas de conducta claras, acreditarse y hacer públicos sus objetivos y destinatarios de su actividad. Especialmente en nuestro país, en el que las relaciones entre grandes empresas y sector público son más que evidentes.

Un principio básico de la democracia es la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas del país. Existen varios mecanismos para ello, tales como:

En cualquier democracia, los actores son libres de expresar sus ideas, valores y creencias siempre que no atenten contra el interés público ni violen los derechos de los demás.

Las democracias que enfatizan la paz y los derechos humanos están recurriendo al debate y la negociación como una estrategia más coherente para la resolución de conflictos.

Una característica fundamental de la democracia es su promesa de limitar el abuso de poder.

A diferencia de las dictaduras y otras formas de regímenes autoritarios, en una democracia las autoridades son legalmente responsables ante sus ciudadanos, ya sea del manejo y uso de los recursos económicos o de la aplicación de políticas públicas en cualquier ámbito.
Valores:

Desventajas                     

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