Acciones constitucionales, como el amparo o tutela, que garantizan el acceso a derechos fundamentales.

Políticas de redistribución económica, como reformas fiscales justas que aseguren una distribución equitativa de los recursos.

Programas de acción afirmativa, que ofrecen oportunidades a grupos históricamente desfavorecidos en educación, empleo y salud.

Instrumentos internacionales, como los tratados de derechos humanos, que promueven políticas sociales inclusivas y monitorizan el cumplimiento de los derechos básicos en la población.