Dicha transformación estructural del Estado mexicano invirtió los roles tradicionales de los concesionarios de la televisión y la radio, transitando de una industria políticamente subordinada a una cuyo papel depende de negociaciones políticas y comerciales para conformar la esfera pública.

 

Otro aspecto importante es la relación que tuvo Carlos Salinas de Gortari, puesto que impacto de manera directa en dos sectores relacionados directamente al modelo de comunicación política: en materia económica, se liberalizó y abrió el mercado mexicano con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (tlc); por otro lado, la legislación en materia política y electoral impulsó una mayor competencia en el sistema político.

Cada uno de los involucrados estos establecen que la interacción entre los actores legítimos de la comunicación política está plagada de desequilibrios, lejos del “ideal de la comunicación política (que) es una cierta igualdad de tensión entre las tres lógicas constitutivas”. Se buscará describir estas condiciones de desequilibrio a través del entorno del mercado y la dirección ideológica de la economía nacional.

Sin embargo, cada uno de los modelos de sustitución de importaciones se fundamentaba en la expansión y preeminencia del Estado en la dirección de la economía, es decir, éste se fortalecía con la apropiación y creación de empresas públicas estratégicas, el control del mercado cambiario y las tasas de interés a partir de un banco central y gasto público elevado.

La tardía participación pública en industrias sumamente rentables, como la televisión, fue tomada por los empresarios como una amenaza competitiva y una molestia a sus intereses que era necesario suprimir.

El impulso nacionalista en los sexenios de Echeverría y López Portillo fue muestra de ello, pues los intentos de participación del Estado en la radiodifusión buscaron integrar un nuevo elemento de legitimación gubernamental y no consolidar realmente una industria con vocación social y cívica.

De igual manera, el único resultado que se consiguió con la privatización de Imevisión (en 1993, después de su proceso de desincorporación en 1990), no fue acelerar la competencia económica –o hacer de contrapeso a Televisa– sino propiciar el establecimiento de un duopolio con escasas opciones de programación para el público mexicano.

Me Parece impresionante como: “Para lograr consolidar su posición en el espacio mediático, la nueva televisora, TV Azteca, hizo lo que, más allá de los cálculos del gobierno, parecía la estrategia más sensata de negocios: hacer lo que hacía Televisa”.

Sin embardo la privatización de Telmex fuera atractiva para el capital privado, no solo se preservó el monopolio en toda la cadena de valor del servicio, sino igual se le adicionaron activos públicos como la red federal de microondas, única que cruzaba el país de sur a norte.

La empresa mas grande en telecomunicaciones en México es comprada por el sector privado sin duda algo que tomo por sorpresa a todo el pueblo mexicano.

Una excelente idea, pero pésima aplicación por parte de los involucrados

El 30 de enero de 2012, la OCDE expuso el informe “Estudio de la ocde sobre polí ticas y regulación de telecomunicaciones en México”, en el cual se daba a conocer 2 importantes conclusiones en el servicio de telecomunicaciones; estos son: la existencia de una empresa dominante que inhibe la competencia y de un sistema jurídico ineficiente, con una institución oficial regulatoria débil, los cuales terminan siendo los mayores obstáculos para lograr una industria competitiva que genere mejores servicios para sus usuarios.

La reforma que despertó mayor polémica al propagarse la imagen del IFT como un nuevo “Leviatán regulador”, en lo que coincidieron los grandes monopolios más visibles sujetos a ser declarados agentes preponderantes como resultado de la puesta en práctica de la reforma: Telmex-Telcel y Televisa

¿Es en serio?, ¿Cómo un organismo que regula las telecomunicaciones en México ahora es el lamebotas de televisa?

La acción dirigida a restablecer una capacidad regulatoria del Estado sobre la industria enfrentando a los monopolios, se tiende a debilitar la alianza entre el Estado y la sociedad civil y su horizontalidad, la trayectoria regulatoria abierta por las recomendaciones de la OCDE, la Reforma Regulatoria en su conjunto (Reforma Constitucional y Leyes Reglamentarias), no resuelve del todo los problemas.

Hacia la mitad de la década de los setenta del siglo xx, en América Latina había interés por cambiar la situación de los medios de comunicación masiva pues casi todos estaban controlados por la iniciativa privada y eran operados de forma comercial. Ello implicaba poca o nula intervención estatal en el desarrollo de esta área tan importante para la economía y la cultura de cualquier país.

La entronización del neoliberalismo económico y la novedosa fuerza de la sociedad civil pueden analizarse como dos procesos paralelos que dieron como resultado una transformación del espacio político en América Latina, la cual, como en otras partes del mundo, se explica por el fortalecimiento de tendencias y movimientos de defensa y expresión de intereses, y por actores colectivos que se enfrentaron al protagonismo tradicional del Estado en la esfera pública.

Sin fines lucrativos, la Amedi se fundó en 2001 con tres objetivos principales: 1) “Promover el irrestricto respeto, por parte de las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación, de los derechos relacionados con la obligación legal y ética de garantizar a los mexicanos información veraz y objetiva sobre los asuntos de interés público”. 2) “Impulsar la discusión pública sobre el cumplimiento de las garantías relacionadas con las libertades de expresión e información y el derecho a la información”. 3) “Evaluar y documentar, por sí o a través de los organismos [que tengan como fin generar una conciencia clara y precisa sobre los derechos y responsabilidades de los diversos actores del proceso comunicativo].

Ante ello, el argumento de la Amedi es que la generación de políticas públicas y su necesaria reflexión deben dejar de ser asunto de unos cuantos, ya que de ellas dependerá la definición de formas de interrelación de los seres humanos en la sociedad. Dado que el derecho a la información tiene carácter social, donde el interés público está presente, “nadie mejor que la propia sociedad para promover su ejercicio, vigilar su aplicación y estimular su debida actualización jurídica”. Los integrantes de esta asociación consideran que la garantía de este derecho corresponde al Estado con el sólido razonamiento de que, al incorporarlo a la Constitución en 1977, el poder legislativo estaba obligado a reglamentarlo desde entonces.

Tras ser aprobadas por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas de los estados, se publicó la reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones el 11 de junio de 2013.

Se incluyó el derecho de réplica y el Estado se comprometió a establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Es lamentable como el gobierno mexicano toma las iniciativas, pero son mal ejecutadas o no entorpecidas por la corrupción, claro ejemplo incluso algunos de ellos, asumidos ya plenamente como sociedad civil, se enfocaron en la lucha por espacios de libertad y derechos democráticos que no existían o sólo existían formalmente en el régimen autoritario encabezado por el pri. La libertad de expresión y el derecho a la información eran sus demandas

Al estudiar el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, resulta muy interesante observar la paradoja consistente en que los preceptos de libre competencia y rechazo a los monopolios, base del proyecto económico neoliberal, fueron abandonados por quienes implementaron ese modelo de desarrollo en el país.